Mujeres en la Política Peruana: Un Camino Desafiante

La participación activa de las mujeres en la esfera política no es meramente una cuestión de equidad o de cumplimiento de derechos fundamentales; es un pilar esencial para la construcción de sociedades más justas, pluralistas y democráticas. Organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Interparlamentaria (UIP) han enfatizado repetidamente que una democracia solo alcanza su pleno significado cuando las decisiones y legislaciones nacionales son moldeadas por la visión conjunta de hombres y mujeres, prestando atención equitativa a los intereses y habilidades de toda la población. En el Perú, a pesar de los avances normativos y la creciente conciencia sobre la importancia de la inclusión de género, el camino hacia una participación femenina plena y equitativa en la política sigue siendo un desafío significativo, marcado por barreras estructurales y prejuicios arraigados.

La Lucha por la Representación: Un Vistazo Histórico y Normativo

Desde 1990 hasta la actualidad, la arena política peruana ha visto un total de 89 candidaturas a la Presidencia de la República. Sin embargo, de este universo, solo un escaso 12% (equivalente a 11 postulaciones) fueron lideradas por mujeres. Esta desproporción ha impulsado la implementación de instrumentos normativos diseñados para corregir esta brecha y fomentar una mayor presencia femenina en los espacios de decisión. Uno de los esfuerzos más recientes y significativos es la aplicación de la Ley 31030, una normativa crucial que busca asegurar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de elección popular, abarcando desde el nivel nacional hasta el regional y local.

Esta ley establece directrices claras para la conformación de las listas. En el caso de las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, que se inscriben como una fórmula única, se exige la inclusión de al menos una mujer o un hombre. Para las listas de candidaturas regionales y municipales, la normativa es aún más específica y ambiciosa: deben estar compuestas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, buscando así una representación equilibrada desde el inicio del proceso electoral. Este marco legal representa un paso fundamental hacia la igualdad de oportunidades en la política peruana, sentando las bases para una participación más equitativa.

Del Papel a la Realidad: El Desafío de las Cifras

A pesar de la existencia de cuotas electorales y leyes que promueven la paridad, la realidad muestra que estas herramientas, si bien importantes, no han logrado erradicar la presencia minoritaria de mujeres en los cargos de elección popular. Las estadísticas revelan una brecha persistente entre el número de mujeres que se postulan y el de aquellas que efectivamente resultan elegidas. Por ejemplo, en las elecciones internas de 2022, el porcentaje de mujeres candidatas alcanzó un 43.4%, lo que representa un incremento de 3.9% en comparación con las elecciones de 2018. Este dato sugiere un avance en la voluntad de las mujeres por participar y en la apertura de los partidos políticos para incluirlas en sus listas.

Sin embargo, los resultados son menos alentadores cuando se analiza el porcentaje de mujeres que logran ser elegidas. En los procesos electorales nacionales recientes (2016 y 2020), las mujeres representaron solo el 26.3% de las autoridades elegidas. La situación es similar a nivel subnacional (elecciones de 2018), donde apenas el 26.7% de las autoridades (que incluyen Gobiernos regionales, Consejos regionales, Alcaldías provinciales, Regidurías provinciales, Alcaldías distritales y Regidurías distritales) fueron mujeres. Un caso particularmente ilustrativo es el de las elecciones congresales de 2020: aunque el 40% de las candidaturas estuvieron conformadas por mujeres (un aumento significativo respecto al 28% de 2016), únicamente el 26% de ellas consiguieron un escaño para el periodo 2020-2021. Estas cifras demuestran que, si bien hay más mujeres postulando, las barreras para su elección persisten.

La Barrera Invisible: Prejuicios y Estereotipos

Uno de los factores más importantes que explican esta marcada desigualdad en la representación femenina es la subrepresentación de mujeres como cabezas de lista. Según el perfil electoral de las Elecciones Generales de 2021, solo el 22% de las mujeres encabezaron las candidaturas inscritas a nivel nacional, una cifra similar a la obtenida en las Elecciones Congresales de 2020. Este fenómeno es aún más paradójico si se considera el alto nivel de preparación académica y el bajo número de sentencias civiles y penales que poseen las candidatas.

Un ejemplo claro es el de las 18 fórmulas presidenciales de 2021, donde se presentaron 20 mujeres. Todas ellas contaban con estudios superiores, y un notable 60% poseía estudios de posgrado. A pesar de estas credenciales impecables, la ciudadanía no vota por ellas en la misma proporción que por sus pares masculinos. La razón subyacente a esta disparidad radica en los profundos prejuicios de género que persisten en la sociedad. Tradicionalmente, se siguen atribuyendo a las mujeres tareas de cuidado o asistenciales, mientras que a los hombres se les asocian roles de dirección, decisión o liderazgo.

Esta mentalidad se refleja en encuestas, como la de ONU Mujeres, que indica que el 43% de las mujeres y el 53% de los hombres creen que los segundos son mejores líderes políticos que las primeras. Este pensamiento no solo limita las oportunidades de las mujeres para acceder a cargos de poder, sino que también conlleva a que, cuando una mujer sí participa en espacios de poder político, su opinión sea subvalorada y sus capacidades constantemente puestas en cuestionamiento. Esta “barrera invisible” es un obstáculo cultural que la legislación por sí sola no puede derribar.

Estrategias Complementarias para una Inclusión Efectiva

Es evidente que la normativa actual, aunque necesaria, debe ser complementada con otros mecanismos para fomentar una participación femenina más efectiva y significativa en el ámbito político. Para lograr una verdadera igualdad, se deben implementar acciones que aborden tanto las barreras estructurales como las culturales:

• Sensibilidad de Género en Leyes y Políticas: Es crucial asegurar que todas las leyes y políticas públicas sean diseñadas e implementadas con una perspectiva de género. Esto implica evaluar cómo afectan diferencialmente a hombres y mujeres, y corregir cualquier sesgo que pueda limitar la participación femenina.
• Fortalecimiento de Capacidades y Liderazgo: Se debe invertir en programas de apoyo y capacitación para mujeres líderes. Esto incluye el fortalecimiento de sus habilidades de oratoria, negociación, gestión de campañas y, fundamentalmente, el incremento de su confianza para desenvolverse en el exigente mundo de la política. Un mayor empoderamiento y autoconfianza son claves para que las mujeres no solo postulen, sino que también se proyecten como líderes capaces y efectivas.
• Mecanismos de Apoyo para Reducir la Carga Doméstica: Una de las mayores barreras para la participación política de las mujeres es la desproporcionada carga del trabajo doméstico no remunerado y las responsabilidades de cuidado. Es imperativo desarrollar e implementar políticas públicas que ofrezcan mecanismos de apoyo, como servicios de cuidado infantil accesibles y de calidad, licencias parentales equitativas y la promoción de la corresponsabilidad en el hogar. Reducir esta carga permitirá que las mujeres tengan más tiempo y energía para dedicarse a la vida política.
• Fomento del Rol Activo en la Política: Más allá de las cuotas, es necesario promover activamente el rol de las mujeres en todos los niveles de la política, desde la base de los partidos hasta los cargos más altos. Esto implica campañas de sensibilización ciudadana para desafiar los estereotipos de género, mentorías para jóvenes políticas y la creación de redes de apoyo entre mujeres que ya ocupan o aspiran a cargos públicos.

La combinación de estos enfoques —normativos, culturales y de apoyo— es fundamental para construir una democracia peruana donde la participación femenina no sea una excepción, sino la norma, y donde la diversidad de voces y experiencias enriquezca verdaderamente el proceso de toma de decisiones del país.

Preguntas Frecuentes sobre la Participación Femenina en la Política Peruana

¿Qué es la Ley 31030 y cómo impacta la participación femenina?

La Ley 31030 es una normativa peruana que busca garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidaturas para cargos de elección popular. Esto significa que las listas regionales y municipales deben estar conformadas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, y las fórmulas presidenciales deben incluir al menos una persona de cada género. Su objetivo es asegurar una representación equitativa desde el punto de partida de las candidaturas.

¿Por qué, a pesar de las cuotas, hay pocas mujeres elegidas?

Existen varias razones. Aunque las cuotas aumentan el número de candidatas, persisten barreras como el bajo porcentaje de mujeres que encabezan las listas electorales. Además, los prejuicios de género arraigados en la sociedad llevan a que las capacidades de las mujeres en roles de liderazgo político sean subvaloradas, lo que se traduce en menos votos para ellas por parte de la ciudadanía.

¿Qué porcentaje de mujeres han sido candidatas a la Presidencia en Perú?

Desde 1990 hasta la fecha, de las 89 candidaturas presentadas a la Presidencia de la República en Perú, solo el 12% (es decir, 11 postulaciones) fueron lideradas por mujeres.

¿Cuál es la percepción de la sociedad peruana sobre el liderazgo político femenino?

Según datos de ONU Mujeres, un porcentaje significativo de la población peruana (43% de mujeres y 53% de hombres) cree que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Esta percepción influye directamente en el apoyo electoral que reciben las candidatas.

¿Qué se puede hacer para mejorar la participación femenina más allá de las leyes?

Es imperativo complementar la normativa con acciones como asegurar que todas las leyes y políticas sean sensibles al género, fortalecer las habilidades y la confianza de las mujeres líderes, implementar mecanismos de apoyo para reducir la carga del trabajo doméstico no remunerado, y fomentar activamente su rol en la política a través de campañas de sensibilización y mentorías. La educación y el cambio cultural son tan importantes como las leyes.

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