Armamento Policial en Perú: Un Análisis Crítico

Las recientes protestas en Perú han puesto bajo el escrutinio internacional el accionar de las fuerzas de seguridad, particularmente en lo que respecta al uso de armamento para dispersar manifestaciones. Mientras el Ministerio Público peruano lleva a cabo sus propias investigaciones sobre las trágicas muertes ocurridas, organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) han presentado informes contundentes que arrojan luz sobre la brutalidad y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

El documento de HRW, titulado “Deterioro letal: Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, no es un mero compendio de opiniones, sino el resultado de una exhaustiva investigación basada en un trabajo de campo meticuloso. Entre enero y abril de 2023, los investigadores de HRW entrevistaron a más de 140 personas, incluyendo testigos presenciales, manifestantes heridos, transeúntes afectados, familiares de las víctimas mortales, así como agentes de policía, fiscales y autoridades gubernamentales. Además, el informe se nutre de la verificación de más de 37 horas de video y 663 fotografías de las protestas, complementado con el análisis de autopsias, informes balísticos y registros médicos. Esta rigurosa metodología busca establecer un panorama claro y basado en evidencia sobre lo acontecido.

El Informe "Deterioro Letal": Una Radiografía Crítica

El informe de Human Rights Watch detalla una respuesta estatal que, en muchos casos, fue excesiva y violatoria de los estándares internacionales de derechos humanos. Se subraya que, incluso en reuniones consideradas pacíficas, la Policía del Perú utilizó armas menos letales de manera inapropiada. Pero la preocupación se agrava al constatar que, en situaciones donde algunos manifestantes recurrieron a la violencia, la respuesta de las fuerzas de seguridad trascendió los límites aceptables, volviéndose indiscriminada y, lo más alarmante, recurriendo a armas de fuego letales de manera prohibida.

La evidencia recopilada por HRW es contundente: la gran mayoría de las muertes de civiles, vinculadas directamente con la intervención de las fuerzas de seguridad, fueron causadas por heridas de bala. Esto sugiere un patrón preocupante de uso de fuerza letal con fusiles de asalto y pistolas, armas cuyo empleo está estrictamente regulado y solo debe ser considerado como último recurso en situaciones de peligro inminente para la vida. El informe también destaca que, en varias localidades, la policía empleó perdigones de plomo, una práctica explícitamente prohibida por las propias normativas internas de la policía peruana, lo que añade una capa más de ilegalidad al accionar.

Armamento Policial: Entre lo "Menos Letal" y lo Prohibido

La policía peruana, al igual que muchas fuerzas del orden a nivel mundial, dispone de un arsenal variado diseñado para el control de multitudes. Este arsenal se divide generalmente en armas “menos letales” y armas letales. Sin embargo, el informe de HRW revela una preocupante confusión o deliberado desvío en su aplicación.

• Gases Lacrimógenos: Si bien son una herramienta común para dispersar multitudes, su uso debe ser estratégico y proporcional. El informe documenta cómo miembros de las fuerzas de seguridad dispararon cartuchos de gas lacrimógeno de forma horizontal y a corta distancia hacia los manifestantes. Esta práctica contraviene no solo las normas internas de la policía peruana sino también las mejores prácticas internacionales, que establecen que estos proyectiles deben ser disparados en trayectoria parabólica para evitar impactos directos que puedan causar lesiones graves o la muerte. Un manifestante, según el informe, murió por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia, una clara señal del uso indebido.
• Escopetas Antidisturbios y Perdigones: Las escopetas antidisturbios están diseñadas para disparar proyectiles no letales o menos letales, como balas de goma. Sin embargo, el informe de HRW denuncia el uso de perdigones, y lo que es más grave, perdigones de plomo. Este tipo de munición es intrínsecamente peligrosa y su uso contra manifestantes pacíficos es una violación flagrante de los derechos humanos. Cinco personas perdieron la vida a causa de perdigones disparados con escopetas, lo que subraya la letalidad de esta práctica.
• Armas de Fuego Letales: Fusiles de Asalto y Pistolas: La conclusión más alarmante del informe es el uso extendido de fusiles de asalto y pistolas por parte de militares y policías. De las 49 muertes de civiles registradas, al menos 39 fueron por heridas de balas. Esto implica que se utilizó fuerza letal con armas diseñadas para entornos de combate, no para el control de protestas civiles.

Tabla Comparativa: Armas y Consecuencias Reportadas

El Costo Humano: Muertes y Heridos

Las cifras son desgarradoras. De las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas a la respuesta de las fuerzas de seguridad, HRW pudo confirmar que al menos 39 de ellas fueron resultado de heridas de bala, basándose en autopsias, informes balísticos y registros médicos. Un caso adicional se atribuye a una probable arma de fuego. Cinco personas fallecieron a causa de perdigones, y un manifestante por el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno.

El análisis forense de 34 autopsias de víctimas de heridas de bala reveló un patrón preocupante: 14 personas recibieron impactos en el torso, 11 en la cabeza y 9 en la espalda. Según expertos forenses consultados por HRW, las heridas en la parte superior del cuerpo, especialmente la cabeza, son consistentes con ataques direccionados, no con disparos indiscriminados o en defensa propia. Esto eleva la seria posibilidad de que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos.

Además de las muertes, el Ministerio de Salud reportó que unas 1.300 personas, incluyendo al menos 39 niños menores de 18 años, fueron atendidas por lesiones. Aunque la cifra de heridos de bala superó los 125, HRW advierte que el número real es probablemente mayor, ya que revisó historiales médicos que no estaban incluidos en la lista oficial. La naturaleza indiscriminada de la respuesta de las fuerzas de seguridad se evidencia en que al menos 15 de los fallecidos eran transeúntes, 3 observaban las protestas y otros 3 intentaban auxiliar a los heridos. Esto demuestra que la fuerza letal fue utilizada de manera que hacía previsible la pérdida de vidas o lesiones graves, siendo manifiestamente desproporcionado en relación con la amenaza percibida.

El Caso de Juliaca: Evidencia Balística y Distancia de Disparo

La ciudad de Juliaca se convirtió en un epicentro de la violencia, con un alto número de víctimas. El informe de HRW destaca la relevancia de los informes balísticos realizados por expertos forenses de la Fiscalía en esta localidad. Estos informes muestran que las balas y fragmentos recuperados de al menos tres víctimas tienen el mismo calibre que las balas disparadas por los fusiles de asalto que se observó portaban policías y militares ese día. Dos fotografías verificadas por HRW, tomadas el día de los disparos en Juliaca, muestran un casquillo usado de este calibre de bala rotulado con las siglas “PNP” (Policía Nacional del Perú), lo que refuerza la implicación de las fuerzas policiales.

Un aspecto particularmente inquietante es la observación de que, en varios casos, las fuerzas de seguridad parecen haber matado a personas a distancias considerables, a veces superando los 100 metros. Esta capacidad de impacto a larga distancia pone en serias dudas cualquier argumento de que los disparos fueron en defensa propia o en respuesta a una amenaza inmediata a la vida de los agentes, ya que a esas distancias, la amenaza directa es significativamente menor y el uso de fuerza letal se vuelve aún más injustificable.

Agresiones a la Prensa y Otros Afectados

El impacto de la violencia no se limitó a los manifestantes y transeúntes. Los periodistas, esenciales para documentar y reportar los eventos, también sufrieron agresiones. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) documentó 155 casos de hostigamiento, amenazas, golpes y detenciones arbitrarias entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Si bien inicialmente la mayoría de los agresores fueron manifestantes, en enero, las fuerzas de seguridad se convirtieron en los principales perpetradores de estas agresiones, lo que representa una amenaza directa a la libertad de prensa y al derecho a la información.

Hacia la Rendición de Cuentas: Investigaciones en Curso

La gravedad de los hallazgos ha impulsado investigaciones a varios niveles. El Ministerio Público peruano está llevando a cabo sus propias indagaciones, y la Fiscalía ha abierto una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas. Human Rights Watch enfatiza la necesidad de que estas investigaciones sean exhaustivas, imparciales y transparentes. La ONG insta a los fiscales a investigar no solo a los agentes individuales que realizaron los disparos o hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, sino también a sus superiores y a las autoridades civiles que pudieron haber dado las órdenes o que, por omisión, permitieron tales abusos. La rendición de cuentas es fundamental para garantizar la justicia para las víctimas y para evitar la repetición de estos hechos en el futuro.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué se entiende por "uso desproporcionado de la fuerza" en el contexto de protestas?

El uso desproporcionado de la fuerza ocurre cuando la respuesta de las fuerzas de seguridad excede lo necesario y razonable para controlar una situación. Según los estándares internacionales, la fuerza debe ser utilizada solo cuando sea estrictamente necesaria y en la medida que sea indispensable para lograr un objetivo legítimo. Si una protesta es pacífica, el uso de armas “menos letales” puede ser desproporcionado si se usan de manera que causen lesiones graves o muertes. El uso de armas letales es siempre desproporcionado contra manifestantes desarmados o cuando no hay una amenaza inminente a la vida.

¿Son legales los gases lacrimógenos y perdigones para dispersar protestas?

Los gases lacrimógenos y ciertos tipos de perdigones (como balas de goma) son considerados "armas menos letales" y su uso es legal bajo ciertas circunstancias para dispersar multitudes. Sin embargo, su legalidad está condicionada a un uso adecuado: deben ser disparados de manera que minimicen el riesgo de lesiones graves o muerte (por ejemplo, los gases lacrimógenos en trayectoria parabólica, no directamente al cuerpo). El informe de HRW destaca que el uso de perdigones de plomo está explícitamente prohibido por las normas internas de la policía peruana, y su uso, al igual que el disparo horizontal de gases lacrimógenos, es ilegal y peligroso.

¿Qué responsabilidades tienen los superiores en el uso de la fuerza por parte de sus subordinados?

Los superiores, tanto militares como policiales, tienen la responsabilidad de asegurar que sus subordinados cumplan con las leyes y regulaciones sobre el uso de la fuerza. Esto incluye la capacitación adecuada, la supervisión y la rendición de cuentas. Si un superior sabía o debería haber sabido de abusos y no tomó medidas para prevenirlos o sancionarlos, puede ser considerado responsable por omisión o por complicidad, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.

¿Cómo impactan estos hallazgos en la credibilidad de las fuerzas del orden peruanas?

Informes como el de Human Rights Watch, que documentan el uso desproporcionado y letal de la fuerza, socavan gravemente la credibilidad y la legitimidad de las fuerzas del orden. La confianza pública es esencial para que la policía y las fuerzas armadas puedan cumplir eficazmente su función de proteger y servir a la ciudadanía. Las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y el uso de armas prohibidas pueden generar resentimiento, polarización y dificultar la cooperación entre la ciudadanía y las autoridades, afectando la estabilidad y la gobernabilidad del país.

Conclusión

El informe de Human Rights Watch sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas en Perú durante las protestas de 2022 y 2023 presenta un panorama sombrío y alarmante. La evidencia del uso desproporcionado e indiscriminado de armas, incluyendo fusiles de asalto y perdigones de plomo prohibidos, ha resultado en un elevado número de muertes y heridos, muchos de ellos por impactos de balas en zonas vitales del cuerpo o a distancias que cuestionan la autodefensa. Casos como el de Juliaca y las agresiones a periodistas subrayan la gravedad de la situación. Es imperativo que las investigaciones en curso, incluyendo la que involucra a la presidenta Boluarte, avancen con celeridad y transparencia para asegurar la rendición de cuentas de todos los responsables, desde los agentes en el terreno hasta los más altos mandos. Solo a través de la justicia y la implementación de reformas profundas se podrá restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que tales abusos no vuelvan a ocurrir en el futuro.

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