Arequipazo: El Legado de una Protesta Histórica

Hace poco más de una década, la ciudad de Arequipa fue el epicentro de uno de los levantamientos populares más significativos en la historia reciente del Perú. Conocido como el “Arequipazo”, este evento no solo paralizó la ciudad, sino que también puso en jaque al gobierno central, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva y en el desarrollo de la región. Años después, el balance de lo sucedido sigue siendo objeto de debate y reflexión, con voces que lamentan sus consecuencias y otras que lo ven como una victoria popular. ¿Qué se consiguió realmente con el Arequipazo y cuál ha sido su verdadero legado?

Este artículo se adentra en los orígenes, el desarrollo y las repercusiones de aquella gesta, buscando ofrecer una visión integral de un episodio que, para muchos, marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y sus ciudadanos, especialmente en las provincias. Analizaremos las motivaciones detrás de la protesta, el papel de los actores clave y las complejas ramificaciones que se extendieron mucho más allá de las calles arequipeñas.

Los Orígenes de una Chispa Incendiaria: La Promesa Incumplida

Para comprender el Arequipazo, es fundamental remontarse a sus orígenes. El detonante principal fue la controversia en torno a la privatización de las empresas eléctricas Egasa y Egesur. Durante la campaña presidencial de 2001, el entonces candidato Alejandro Toledo había prometido, de manera enfática, no privatizar estas compañías. Esta promesa, acogida con entusiasmo por la población arequipeña, se convirtió en un pilar de su campaña en la región.

Sin embargo, una vez en el poder, el gobierno de Toledo inició gestiones para llevar a cabo precisamente la venta de estas empresas. Esta contradicción entre la promesa electoral y la acción gubernamental generó un profundo sentimiento de traición y desconfianza en la ciudadanía. La idea de que activos estratégicos regionales pasarían a manos privadas extranjeras, sumado al temor de un aumento en las tarifas de luz, encendió la mecha de la indignación popular.

En este contexto, emergió la figura de Fernando Rospigliosi, quien en ese momento se desempeñaba como Ministro del Interior. Según diversas fuentes y testimonios de la época, Rospigliosi jugó un papel crucial al animar al presidente Toledo a proceder con la privatización, desestimando la magnitud de la reacción que esto podría generar. Se le atribuyen frases como “Privatice no más, yo tomo Arequipa”, que reflejaban una subestimación peligrosa del sentir popular y una confianza excesiva en la capacidad del Estado para contener cualquier tipo de disidencia.

Para colmo, la situación se exacerbó con una campaña publicitaria gubernamental que, en lugar de calmar los ánimos, avivó el fuego. Esta campaña, inspirada supuestamente por Rospigliosi, se burlaba del arequipeño tradicional, tildándolo de anticuado, y contraponía esta imagen con la supuesta modernidad y el progreso que traería consigo la tendencia privatizadora y neoliberal. Lejos de persuadir, esta campaña resultó profundamente ofensiva para el orgullo y la identidad del pueblo arequipeño, transformando el descontento en una ira colectiva que no tardaría en estallar.

La Escalada del Conflicto: De la Protesta al Enfrentamiento

Con el anuncio de la inminente privatización y la ofensiva campaña publicitaria, el descontento popular se tradujo rápidamente en acciones de protesta. Las huelgas de hambre y los paros se multiplicaron, evidenciando una creciente organización ciudadana. El Frente Amplio Cívico Arequipa (FAC), liderado por figuras como Luis Saraya López, se erigió como la principal organización que aglutinó y canalizó el sentir de la población, liderando las movilizaciones y las demandas ante el gobierno.

Inicialmente, la respuesta del Ministro Rospigliosi fue de minimización. Desestimó la importancia de las protestas, calificándolas de “fracaso” y restándoles legitimidad. Sin embargo, a medida que la crisis se profundizaba y la magnitud de la movilización se hacía innegable, su postura cambió drásticamente. Optó por la estrategia de la criminalización, acusando a los manifestantes de ser parte de “grupos desestabilizadores” y tildándolos de “violentistas y extremistas”. Esta narrativa, que buscaba deslegitimar el reclamo popular, solo contribuyó a polarizar aún más la situación y a aumentar la tensión.

La decisión de recurrir a la fuerza para contener las protestas fue el punto de inflexión. El gobierno central, a través del Ministerio del Interior, envió numerosos contingentes de refuerzo policial desde la capital hacia Arequipa. La ciudad se convirtió en un campo de batalla donde los manifestantes, armados con la convicción de su causa, se enfrentaron a una fuerza policial que actuaba con órdenes de represión. Los enfrentamientos fueron brutales, con el uso de bombas lacrimógenas y otros medios disuasivos que, lamentablemente, tuvieron consecuencias fatales.

Entre el 17 y el 18 de junio de 2002, la violencia alcanzó su punto más trágico con la muerte de dos estudiantes universitarios, producto del impacto de bombas lacrimógenas. Estas muertes no solo elevaron la protesta a una dimensión de tragedia nacional, sino que también intensificaron la indignación y la presión sobre el gobierno, que se vio acorralado por la magnitud del conflicto y la condena pública.

Consecuencias Inmediatas y el Fin de la Controversia

La escalada de violencia y las trágicas muertes obligaron al gobierno a reconsiderar su postura. La presión social y política se hizo insostenible, llevando a una mesa de diálogo y negociación. Finalmente, se llegó a un acuerdo crucial: el gobierno se comprometía a desistir de la venta de Egasa y Egesur. Esta fue, sin duda, la victoria más tangible y directa del Arequipazo, un triunfo que la población arequipeña celebró como la reivindicación de su voluntad y la defensa de sus recursos.

Sin embargo, el precio de esta victoria fue alto. En el transcurso de los sucesos, y como resultado directo de la crisis generada por el Arequipazo, varios ministros fueron destituidos, entre ellos, Fernando Rospigliosi. Su salida del gabinete ministerial marcó el fin de su rol directo en la gestión del conflicto, aunque su figura permanecería ligada al evento por su controvertida actuación. Es importante señalar que, hasta el día de hoy, Rospigliosi nunca ofreció ninguna declaración pública o disculpa por su actuar durante aquellos tensos días, una ausencia que para muchos arequipeños sigue siendo un punto pendiente.

La renuncia a la privatización de Egasa y Egesur significó que las empresas eléctricas permanecieran bajo control estatal o regional, un resultado que, para los manifestantes, era la confirmación de la validez de su lucha y la demostración del poder de la movilización ciudadana. El Arequipazo, en su fase más álgida, llegó a su fin, pero sus reverberaciones se sentirían por años.

El Balance a Largo Plazo: Una Ciudad Marcada

Trece años después de aquel junio de 2002, las opiniones sobre el Arequipazo son diversas y a menudo contrastantes. Para Reynaldo Roberts, entonces regidor provincial y ahora presidente de Foro Sur 21, el Arequipazo dejó "malos recuerdos" y fue un evento funesto para Arequipa. Sus argumentos se centran en varias consecuencias negativas a largo plazo.

Uno de los puntos que Roberts lamenta es el impacto en la imagen internacional de Arequipa. Recuerda la retirada precipitada de una delegación de Guangzhou, China, que buscaba negociar un hermanamiento con la ciudad. La delegación tuvo que abandonar Arequipa "entre gallos y medianoche", sorteando bloqueos y llevándose una "mala impresión". Este incidente, según Roberts, sentó un precedente negativo, contribuyendo a que Arequipa comenzara a ser considerada una "ciudad conflictiva".

Roberts también expresa su pesar por la no privatización de Egasa, argumentando que desde entonces no ha habido mayores inversiones en producción de electricidad en la región, a excepción de proyectos más recientes como las termoeléctricas de Ilo y Mollendo. Él sostiene que la creencia popular de que la inversión extranjera es negativa es "falsa", y que el crecimiento del Perú desde los años 90 se debió precisamente a esta inversión, impulsada por cambios constitucionales. Para Roberts, la oposición a la inversión extranjera es una postura equivocada, impulsada por "intereses antiperuanos dentro de los organismos de extrema izquierda" que, según él, no desean el crecimiento del país porque este reduciría la pobreza y, con ella, el "caldo de cultivo" para sus ideologías.

Asimismo, Roberts desmiente la creencia de que la privatización hubiera disparado las tarifas de luz. Afirma que estas se reajustan de todas maneras, y que la gente se deja llevar por "mentiras". Su visión es que, con reglas claras, la privatización podría haber sido beneficiosa. En definitiva, para Roberts, el Arequipazo fue un "lamentable y funesto" evento que ha llevado a Arequipa a "perder", ejemplificando esta pérdida con la decisión de no realizar eventos importantes como CADE en la ciudad, por el temor a nuevos conflictos sociales.

Otra arista importante en el balance del Arequipazo es el aprovechamiento político. Reynaldo Roberts señala que figuras como Juan Manuel Guillén, quien era alcalde provincial en 2002 con una baja aceptación (4% o 6%), supieron capitalizar la protesta. Según Roberts, el Arequipazo le ofreció a Guillén una "palestra" que utilizó "muy bien", lo que le permitió transformarse en un "líder de Arequipa" a los ojos de la gente, quienes creían que "quien más protestaba era más valioso". Esta percepción le valió a Guillén ser elegido presidente regional por dos periodos consecutivos, demostrando cómo un evento de esta magnitud puede reconfigurar el panorama político local.

El Legado y las Lecciones Aprendidas (o no)

El Arequipazo no solo dejó cicatrices económicas y sociales, sino también importantes lecciones sobre la gestión de conflictos y el papel del liderazgo político. La persistente imagen de Arequipa como una ciudad conflictiva ha tenido implicaciones para su desarrollo económico y su atractivo para inversiones y eventos de gran envergadura. El temor a un nuevo "Arequipazo" (o un "Cocachacrazo", como jocosamente lo llama Roberts en referencia al conflicto de Tía María) sigue latente en el imaginario colectivo y en las decisiones de inversión.

Desde la perspectiva de Roberts, lo que Arequipa necesita para superar esta situación es, en primer lugar, un liderazgo político fuerte y visionario. Expresa su esperanza de que la gobernadora regional, Yamila Osorio, asuma ese rol. En segundo lugar, es crucial que el gobierno central muestre mayor interés y preocupación por las provincias, no solo por Arequipa, promoviendo un mayor desarrollo regional.

Finalmente, Roberts apunta a la necesidad de investigar y comprender de dónde provienen los recursos que "subvencionan" estas revueltas o protestas, sugiriendo la existencia de "intereses" detrás de ellas. Esta es una crítica recurrente de sectores que ven las protestas sociales no como expresiones genuinas de descontento, sino como movimientos orquestados con fines políticos o económicos oscuros, lo que él compara con "jugar sucio" en un partido de fútbol.

Por otro lado, la trayectoria de Fernando Rospigliosi después del Arequipazo es un ejemplo de las dinámicas políticas cambiantes en el Perú. De haber sido Ministro del Interior bajo Alejandro Toledo y un opositor recalcitrante al fujimorismo en el pasado, Rospigliosi ha experimentado un viraje notable en sus preferencias políticas. Actualmente, es parte del equipo técnico de Keiko Fujimori, encargándose del tema de seguridad ciudadana, y ha pasado de militar en su juventud en Vanguardia Revolucionaria (de ideología marxista) a ser un acérrimo opositor a cualquier idea o líder de izquierda. Esta evolución personal y política de una figura clave del Arequipazo subraya la complejidad y las transformaciones del panorama político peruano.

Preguntas Frecuentes sobre el Arequipazo

Aquí respondemos algunas de las interrogantes más comunes sobre este importante suceso en la historia del Perú:

¿Qué fue exactamente el "Arequipazo"?

El "Arequipazo" fue una serie de intensas protestas sociales y un levantamiento popular masivo ocurrido en Arequipa, Perú, en junio de 2002. Fue una reacción contundente de la ciudadanía contra la intención del gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo de privatizar las empresas eléctricas regionales Egasa y Egesur, contraviniendo una promesa electoral previa.

¿Cuáles fueron las causas principales de la protesta?

La causa principal fue el intento de privatización de Egasa y Egesur, lo que generó temor a un aumento en las tarifas de electricidad y un sentimiento de traición por parte del gobierno. A esto se sumó una campaña publicitaria gubernamental considerada ofensiva y despectiva hacia los arequipeños, así como la percepción de que la inversión extranjera solo traería perjuicios en lugar de beneficios para la región.

¿Quiénes fueron los principales actores o líderes involucrados?

Los principales actores fueron el gobierno de Alejandro Toledo, con Fernando Rospigliosi como Ministro del Interior, quien jugó un papel controvertido en la gestión del conflicto. Por el lado de los manifestantes, el Frente Amplio Cívico Arequipa (FAC), liderado por Luis Saraya López, fue la organización central que aglutinó y dirigió las protestas. Figuras políticas locales como Juan Manuel Guillén también tuvieron un rol destacado, aprovechando la coyuntura para consolidar su liderazgo.

¿Qué resultados directos se obtuvieron con la protesta?

El resultado más directo y significativo fue que el gobierno de Alejandro Toledo se vio obligado a desistir de la privatización de Egasa y Egesur. Además, la crisis política generada por el Arequipazo llevó a la destitución de varios ministros, incluyendo al Ministro del Interior Fernando Rospigliosi. Lamentablemente, también dejó un saldo trágico de dos estudiantes universitarios fallecidos y decenas de heridos debido a la represión policial.

¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo para Arequipa?

A largo plazo, el Arequipazo dejó a la ciudad con la imagen de ser una "ciudad conflictiva", lo que, según algunos analistas, ha afectado negativamente la atracción de inversiones y la realización de grandes eventos. También generó un debate sobre la falta de inversiones en infraestructura eléctrica en la región y el papel de la inversión extranjera. Políticamente, el evento permitió el surgimiento y consolidación de nuevos líderes, como Juan Manuel Guillén, quien capitalizó el descontento popular.

¿Se privatizaron finalmente Egasa y Egesur?

No, como resultado directo del Arequipazo, el gobierno desistió de la privatización de Egasa y Egesur. Estas empresas eléctricas permanecieron bajo control estatal o regional, un objetivo central de los manifestantes.

¿Qué papel jugó el gobierno central en el conflicto?

El gobierno central, encabezado por el presidente Alejandro Toledo, fue el principal antagonista de la protesta debido a su decisión de privatizar las empresas eléctricas. A través de su Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, el gobierno adoptó una postura de minimización y posterior criminalización de las protestas, recurriendo finalmente a la fuerza policial para reprimirlas. Su gestión fue ampliamente criticada y llevó a cambios significativos en el gabinete.

Conclusión: Un Hito de Complejas Ramificaciones

El Arequipazo es, sin lugar a dudas, un hito en la historia política y social del Perú. Fue una demostración contundente del poder de la movilización ciudadana frente a decisiones gubernamentales impopulares. Si bien logró su objetivo inmediato de detener la privatización de las empresas eléctricas, sus consecuencias a largo plazo son objeto de un debate que persiste hasta hoy. Para algunos, fue una victoria de la soberanía popular y la defensa de los recursos regionales; para otros, un evento funesto que perjudicó el desarrollo y la imagen de Arequipa.

La tragedia de las muertes, la reconfiguración del panorama político local y las discusiones sobre la inversión extranjera y el liderazgo político en las regiones, son legados complejos de aquel levantamiento. El Arequipazo nos recuerda la importancia de la escucha activa por parte de los gobiernos, la necesidad de gestionar los conflictos sociales con prudencia y el impacto duradero que tienen las decisiones políticas en la vida de las comunidades. Es una historia que sigue resonando, invitándonos a reflexionar sobre la dinámica entre el Estado y la sociedad civil en un país tan diverso y vibrante como el Perú.

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