Policía de Cartagena: Entre el Orden y los Derechos

Cartagena de Indias, una ciudad de contrastes vibrantes, donde la historia colonial se entrelaza con la efervescencia de sus barrios populares, es también un escenario donde la actuación policial y la garantía de los derechos ciudadanos se encuentran en constante tensión. La labor de las autoridades, fundamental para el mantenimiento del orden y la convivencia, a menudo choca con las realidades socioeconómicas de sus habitantes, generando debates cruciales sobre el uso de la fuerza, la protección del espacio público y la eficacia en la resolución de crímenes.

Desde operativos de recuperación de zonas públicas que impactan directamente a vendedores informales, hasta incidentes trágicos en medio de celebraciones culturales y la persistente sombra de casos sin resolver, la Policía Metropolitana de Cartagena enfrenta un escrutinio constante. Este artículo profundiza en algunos de los episodios más relevantes que han marcado la interacción entre la autoridad y la comunidad, revelando la complejidad de sus roles y los desafíos inherentes a la construcción de una convivencia pacífica y justa.

Recuperación del Espacio Público: Un Equilibrio Delicado

La Plaza de la Trinidad, en el emblemático barrio Getsemaní, fue el epicentro de un caso que puso de manifiesto la delicada balanza entre la recuperación del espacio público y los derechos fundamentales de los ciudadanos. La señora Yine Tordecilla Torreglosa, una vendedora ambulante de comidas rápidas con 21 años de trayectoria en la plaza y con permiso de la Alcaldía, interpuso una acción de tutela contra la Alcaldía Distrital de Cartagena y la Policía Metropolitana. Su reclamo: la vulneración de sus derechos al trabajo, al mínimo vital y al principio de confianza legítima, tras un operativo de protección del espacio público.

Según el relato de la accionante, el 9 de febrero de 2020, durante el operativo, fue agredida física y verbalmente por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía, que supuestamente empleó gases lacrimógenos. Se le impidió continuar con su actividad económica y la plaza fue cerrada con vallas. La Alcaldía y la Policía, por su parte, argumentaron que el operativo se realizó sin violencia y sin la participación del GOES, respondiendo a un clamor de la comunidad y autoridades para erradicar problemas de inseguridad, prostitución, hurto y venta de sustancias psicoactivas en la plaza. La medida, según ellos, fue necesaria para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica.

La Corte Constitucional, en su Sentencia T-151/21, analizó el caso y determinó varios puntos clave. Si bien reconoció que la razón original de la tutela (el cierre de la plaza) había desaparecido, ya que la señora Tordecilla pudo regresar a su puesto de trabajo tras la apertura gradual por la pandemia de COVID-19 (lo que configura un daño consumado), la Corte se pronunció de fondo para evitar futuras vulneraciones. Encontró que la Alcaldía Distrital de Cartagena sí desconoció el principio de confianza legítima y vulneró los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de la accionante al no ofrecerle alternativas económicas para mitigar los efectos negativos de la medida de protección. La Corte destacó la situación de vulnerabilidad de la señora Tordecilla, quien es madre cabeza de familia y su sustento depende exclusivamente de su venta informal.

Es crucial señalar que los jueces de instancia habían declarado la improcedencia de la tutela, argumentando que la accionante no había probado su confianza legítima. Sin embargo, la Corte Constitucional corrigió este error, señalando que el permiso de la Alcaldía para la venta ambulante sí fue aportado por la actora. Este llamado de atención a los jueces de instancia subraya la importancia de un análisis exhaustivo de las pruebas y la aplicación correcta de la jurisprudencia constitucional que protege a los vendedores ambulantes.

En cuanto a las acusaciones de agresión policial, la Corte determinó que no existían pruebas objetivas que respaldaran las afirmaciones de la accionante. El video presentado no mostraba violencia y las notas periodísticas solo hacían referencia al cierre de la plaza, no a las agresiones. La Policía, por su parte, negó el uso de la fuerza desmedida y la participación del GOES. La Corte reiteró que, aunque la carga de la prueba se aligera para la víctima en casos de presunto abuso policial (requiriendo un mínimo indicio), en este caso no se cumplió con ese umbral. No obstante, recordó que los ciudadanos tienen la vía de las autoridades judiciales y de control para investigar y sancionar posibles ilegalidades o arbitrariedades policiales.

Este caso pone de manifiesto que, aunque las autoridades tienen la potestad de recuperar el espacio público por razones de seguridad, estas medidas deben ir acompañadas de acciones que respeten la confianza legítima y garanticen alternativas económicas a los vendedores informales afectados, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Tragedia de Henequén: Cuando la Música se Convierte en Conflicto

El 19 de marzo, el barrio Henequén, una comunidad que se levantó sobre un antiguo basurero de Cartagena, fue escenario de una tragedia que dejó al descubierto las profundas brechas entre la autoridad y ciertos sectores de la población. Jhon Freddy Recuero Cabarcas, un joven de 19 años sin antecedentes penales, fue fatalmente baleado por un policía durante un operativo en medio de una fiesta de champeta, un género musical y cultural profundamente arraigado en los barrios marginales de Cartagena.

Los hechos, según los relatos de los vecinos y la familia, ocurrieron cuando la policía llegó a la fiesta, un 'picó', para hacer cumplir el toque de queda impuesto a la champeta por un nuevo código policial. Tras una primera advertencia con una pequeña 'coima', la situación escaló violentamente con el regreso de más uniformados. Se lanzaron piedras y botellas por parte de la comunidad, y la policía respondió con disparos. En medio del caos, Jhon Freddy recibió tres impactos de bala que le causaron la muerte instantánea.

La familia de Jhon Freddy, en particular su padre, Freddy Porras, denunció la actitud desafiante y agresiva de los policías, quienes supuestamente insultaron a la familia y calificaron al joven de "líder pandillero" y "bandido", a pesar de que Jhon Freddy se dedicaba a trabajos temporales en construcción y reciclaje, y aspiraba a un empleo fijo en el sector turístico. Tenía diplomas del SENA y era el sostén de su pequeña hija de 2 años y un hijo en camino que no llegó a conocer.

Lo más impactante de este caso es el destino del subintendente Jhon James Molina, el policía presuntamente involucrado en la muerte de Jhon Freddy. Tres días después del incidente, Molina se suicidó con su arma reglamentaria. Los medios sugirieron que fue para evitar una investigación disciplinaria, pero la familia de Jhon Freddy insiste en que la investigación debe continuar para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Este suceso, trágico en sí mismo, añade una capa de complejidad al debate sobre la responsabilidad policial y el impacto psicológico de la violencia en todos los involucrados.

El incidente también arroja luz sobre la estigmatización de la champeta, un género que, para las autoridades, a menudo se asocia con la violencia y el desorden, mientras que para la comunidad representa una forma de identidad, resistencia y expresión cultural. Esta percepción contrasta con la realidad de muchos jóvenes como Jhon Freddy, que, a pesar de vivir en condiciones precarias, buscan una vida digna y son parte activa de su comunidad.

Justicia Incompleta: Desapariciones y Homicidios sin Resolver

Más allá de los operativos y los enfrentamientos, la seguridad ciudadana en Cartagena se ve empañada por la angustia de familias que buscan respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos o asesinados, casos que, a pesar del tiempo, permanecen sin resolver. La falta de avances en estas investigaciones genera un profundo dolor y una creciente desconfianza en la capacidad de las autoridades para garantizar la justicia.

A continuación, presentamos algunos de los casos más notorios que mantienen en vilo a la comunidad cartagenera:

El padre de Alexandrith, Alexander Sarmiento Arroyo, vive en una "pesadilla" de la que desea despertar. A pesar de las promesas de la Policía Metropolitana de Cartagena de seguir trabajando arduamente, los avances son lentos y las pistas, escasas. La familia de Dumar Alfonso Bernal López, por su parte, clama por respuestas, lamentando la falta de comunicación y el estancamiento de la investigación, a pesar de una recompensa de 10 millones de pesos ofrecida por la Policía. De igual forma, los allegados de Omar Salguedo Pautt, desaparecido hace más de nueve meses, expresan su frustración con la Fiscalía, sintiendo que ellos mismos han logrado más información que las autoridades.

Estos casos no solo representan tragedias individuales, sino que también reflejan un desafío estructural en la administración de justicia y en la comunicación entre las autoridades y las víctimas. La persistencia de crímenes sin esclarecer socava la confianza pública y refuerza la percepción de impunidad, un factor crítico para la convivencia y la seguridad.

El Rol de la Policía: Entre la Coerción y la Protección

La Policía Nacional, como cuerpo civil armado, tiene la misión primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar la convivencia pacífica. Sin embargo, el ejercicio de su poder coercitivo debe estar estrictamente enmarcado en el principio de legalidad y el criterio de proporcionalidad. Esto implica que cualquier actuación policial debe tener un fundamento normativo claro y la fuerza utilizada debe ser la mínima necesaria para lograr el objetivo, respetando siempre la dignidad humana.

Los casos analizados, aunque distintos en sus particularidades, convergen en la discusión sobre los límites de la actuación policial. Mientras que en el caso de Yine Tordecilla, la Corte no encontró pruebas de agresión, sí advirtió sobre la omisión de la Alcaldía en su deber de ofrecer alternativas a los vendedores informales. En el caso de Jhon Freddy, la muerte de un joven a manos de la fuerza pública, junto con el posterior suicidio del subintendente, plantea serias preguntas sobre el uso de la fuerza letal y la responsabilidad institucional.

Es fundamental que los ciudadanos conozcan sus derechos y los límites de la actuación policial. Cuando un agente de policía hace uso indebido de la coerción estatal, el ciudadano tiene la oportunidad de acudir a las autoridades judiciales y de control para obtener protección y resarcimiento. Los funcionarios policiales que incurran en ilegalidades o arbitrariedades están sujetos a responsabilidades civiles, penales y disciplinarias.

La Corte Constitucional ha establecido que, en casos de denuncias de abuso policial, se aligera la carga de la prueba para la víctima. Basta con que la persona presente una versión consistente y creíble de los hechos, aportando las pruebas a su alcance (incluso indicios), para que la carga probatoria se traslade a la institución demandada, la cual deberá demostrar la legalidad de su proceder. Sin embargo, esto no significa que una simple afirmación sin ningún indicio sea suficiente para imputar responsabilidad.

Preguntas Frecuentes sobre la Actuación Policial en Cartagena

¿Qué es el principio de confianza legítima en relación con vendedores informales?

Es un principio constitucional que protege a los vendedores informales que han ejercido su actividad en el espacio público con el consentimiento expreso o tácito de la administración (por ejemplo, con permisos), creando una expectativa válida de permanencia. Si la administración decide recuperar el espacio, debe ofrecerles alternativas de reubicación o económicas para garantizar sus derechos al trabajo y mínimo vital.

¿Puede la policía desalojar a vendedores informales sin previo aviso?

En situaciones de emergencia o necesidad de preservar el orden público y la seguridad (como en el caso de la Plaza de la Trinidad), la policía puede actuar de inmediato. Sin embargo, incluso en estos casos, la administración tiene el deber posterior de ofrecer alternativas económicas o de reubicación a los afectados, especialmente si son personas vulnerables y su sustento depende de esa actividad.

¿Qué debo hacer si soy víctima o testigo de un abuso policial?

Es importante documentar los hechos si es posible (fotos, videos, testimonios). Puede presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación o la misma Policía (a través de asuntos internos). También puede interponer una acción de tutela si considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

¿Cómo puedo contactar a la Policía Metropolitana de Cartagena para denunciar un delito o aportar información?

La Policía Metropolitana de Cartagena tiene habilitadas varias líneas y canales de comunicación para recibir información y denuncias. Puede comunicarse a la línea de emergencia 123, a los celulares 321-3946238 y 321-3946279, enviar un correo electrónico a [email protected], o llamar a la Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional al 311-4072363. La colaboración ciudadana es fundamental para la resolución de casos y la mejora de la seguridad.

Conclusiones: Hacia una Convivencia Sostenible

Los episodios analizados en Cartagena, desde la protección del espacio público hasta los trágicos desenlaces en barrios con problemáticas sociales, demuestran la complejidad del quehacer policial en una sociedad democrática. La búsqueda de la seguridad y el orden público no puede, bajo ninguna circunstancia, menoscabar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es imperativo que la actuación policial se rija por los principios de legalidad, proporcionalidad y un respeto irrestricto a la dignidad humana. Del mismo modo, las administraciones locales tienen la responsabilidad de implementar políticas públicas que, al tiempo que recuperan el espacio público, protejan a las poblaciones vulnerables, ofreciéndoles alternativas dignas de subsistencia.

La falta de resolución en casos de desapariciones y homicidios, sumada a la percepción de abuso en ciertos operativos, erosiona la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones. Construir una convivencia sostenible en Cartagena requiere no solo de una policía eficaz y respetuosa de los derechos, sino también de una justicia pronta y transparente, y de una ciudadanía activa en la denuncia y la colaboración. Solo a través de un diálogo constante y un compromiso mutuo se podrá avanzar hacia una ciudad más segura y justa para todos sus habitantes.

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