El Silencio Roto: Violencia de Género en la Policía

La violencia que se ejerce contra las mujeres policías dentro de las instituciones policiales no es un fenómeno nuevo, sino una realidad arraigada que ha persistido a lo largo del tiempo. Mientras que el accionar policial violento hacia el exterior de la institución es ampliamente conocido, existe un correlato menos visible pero igualmente devastador en el mundo interno de la policía. Una diversidad de prácticas y manifestaciones de violencia y exclusión ejercida hacia las mujeres policías forma parte intrínseca de su historia personal y laboral, de su rutina cotidiana y de su día a día. Al igual que en otros ámbitos de la vida social, esta violencia ha sido profundamente naturalizada, y la normalización del daño ha dificultado avanzar con la celeridad necesaria en su prevención, denuncia y castigo.

A pesar de los avances legislativos y la creciente institucionalización de la perspectiva de género en las últimas décadas, la problemática de la violencia de género en las policías no cambia por decreto. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, establece en su Artículo 47, inciso I, la responsabilidad de las academias e institutos en aplicar Programas Rectores de Profesionalización que impulsen una doctrina policial regida por el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. Asimismo, el Programa Rector de Profesionalización vigente adopta como ejes transversales los derechos humanos, la cultura de la legalidad y la perspectiva de género para fortalecer la identidad institucional y el desarrollo integral de los agentes. Estos marcos normativos son fundamentales, pero la institucionalización de género implica cambios que van mucho más allá de lo formal y de aspectos exclusivamente institucionales como el desarrollo policial; requiere una transformación profunda en la cultura organizacional y en la forma misma de hacer policía.

Un Andamiaje Normativo Insuficiente: La Ley y la Realidad

Contar con un sólido andamiaje normativo es, sin duda, crucial para revisar lógicas internas y mejorar la respuesta hacia la población que las instituciones policiales deben proteger. Sin embargo, la brecha entre la ley y la práctica es significativa. La policía en México, por ejemplo, arrastra un largo historial de actividades ilegales, impunidad, corrupción y delito. Es esta vertiente represiva la que sigue generando una profunda desconfianza, temor y miedo entre la ciudadanía, al tiempo que evidencia contradicciones sistemáticas que han calado hondo en las instituciones policiales. Este mismo rostro de la policía nos invita a cuestionar las múltiples formas en que la violencia policial se manifiesta hacia adentro, especialmente aquella que se ejerce contra las mujeres.

La institucionalización de la perspectiva de género debería promover constantemente el acceso de las mujeres a las instituciones policiales, brindando todas las condiciones necesarias para fomentar su permanencia y ascenso. Debería implicar la adopción de medidas diferenciadas, desde la adquisición y asignación de equipamiento acorde con las necesidades fisiológicas de los sexos, hasta el establecimiento de derechos y obligaciones que permitan la compatibilidad de la maternidad con el ejercicio de la carrera. No obstante, la realidad dista mucho de este ideal normativo.

La Cruda Realidad de los Datos: ¿Por Qué No se Denuncia?

La cantidad de casos de abuso y violencia a los que se ven sometidas las mujeres policías revela un escenario que no es solo institucional, sino rutinario. El mayor desafío que enfrentan estas mujeres es sobrevivir a una institución con discursos, códigos, conductas y prácticas machistas. Un estudio revelador, titulado “Ser mujer policía: breve estudio de las condiciones laborales de las mujeres policías en el Estado de México y Nezahualcóyotl” (Causa en Común, 2020), documentó que las mujeres encuestadas y entrevistadas refirieron haber sufrido conductas indebidas como policías.

Entre los tipos de agresiones más comunes experimentados se encuentran los piropos ofensivos o comentarios lascivos; solicitud o insinuaciones sexuales; mensajes, fotos o comentarios con insinuaciones y/o insultos; manoseos, arrimones o tocamientos sin su consentimiento; e intento de violación. A pesar de la alta incidencia de estas conductas, los datos son contundentes: solo el 17% de las agraviadas denunció a su agresor. Más de la mitad de las agresiones reportadas no tuvieron ninguna consecuencia (54%); en el 5% se tomó la denuncia; en el 11% se inició investigación; y en el 30% de los casos se sancionó al agresor.

Los motivos por los que las mujeres policías no denunciaron estas agresiones son variados y reflejan la complejidad del problema:

Estos datos, que se correlacionan con los obtenidos en el estudio “¿Qué piensa la policía?” (Causa en Común, 2019) realizado en 28 entidades federativas, demuestran que lo que sucede al interior de las instituciones no se visibiliza como debería, en gran medida debido a la falta de denuncia. Por ello, es imperativo que las instituciones policiales establezcan políticas y lineamientos de tolerancia cero frente a las violencias de género, tanto internas como externas, y que cuenten con códigos de conducta y reglamentos formulados con perspectiva de género, incluyendo procedimientos claros de denuncia, investigación y sanción.

Más Allá de la Mujer: La Violencia de Género Afecta a Todos

Es fundamental distinguir entre violencia contra las mujeres y violencia de género. Si bien la violencia contra las mujeres es un tipo de violencia de género y la más brutal manifestación de las desigualdades entre hombres y mujeres, la violencia de género no se limita a ellas. El estudio “¿Qué piensa la policía?” también arrojó luz sobre la violencia de género que viven tanto mujeres como hombres dentro de las instituciones policiales. Por ejemplo, 3 de cada 100 mujeres policías mencionan haber sufrido o haber sido testigo de abuso sexual, en comparación con 1 de cada 100 hombres. Además, el 35% de las mujeres indica que alguna de sus compañeras ha recibido piropos ofensivos o comentarios de índole sexual, frente al 18% de los hombres.

Aunque estadísticamente la violencia contra las mujeres policías tiene una mayor incidencia, no debemos invisibilizar los hechos violentos contra los hombres, a menudo negados por la construcción de la masculinidad hegemónica, cuyo atributo principal es la violencia como forma predominante de resolución de conflictos. Esto hace que sea aún más difícil que un hombre policía se atreva a denunciar o incluso a conversar sobre lo vivido, por la sanción social y policial o por lo que tal actitud cuestionaría respecto a su masculinidad.

Lo que no se nombra no existe. La invisibilidad, la falta de denuncia y de información crean un terreno fértil para que la violencia policial, tanto contra mujeres como contra hombres policías, no sea prevenida, atendida ni sancionada. Por ello, es crucial nombrar para transformar.

El Precio de la Denuncia: Represalias y Revictimización

Cada vez más mujeres policías violentadas se atreven a denunciar a sus agresores ante las unidades de asuntos internos de sus instituciones y ante las procuradurías o fiscalías. Sin embargo, al dar este paso, se topan con una cultura policial en la que prevalece una tajante separación de género que actúa en su contra. Esto se materializa en amenazas, represalias, y complicidades entre jefes policiales y agresores que las responsabilizan de “provocar” a los policías. Además, estas mujeres se enfrentan a un sistema judicial que replica estereotipos, misoginia y revictimización, confrontando los roles presupuestos para una mujer.

Ejemplos de esta cruda realidad abundan en los medios: “Mujer policía es amenazada al denunciar que fue violada por comandante”, “Despiden a mujer policía luego de denunciar a jefe por acoso sexual”, “Mujer policía denuncia acoso sexual de comandante en la capital”. Estos hechos de violencia y la respuesta institucional que reciben invitan a redefinir nuestro modo de contemplar los datos e historias del agravio, y nos obligan a preguntarnos qué hacer con las realidades más cuestionables de las instituciones policiales.

Un Camino Hacia el Cambio: Acciones Preventivas Clave

Es innegable que hay mucho por hacer. Un camino esencial es impulsar la prevención como una perspectiva estratégica para erradicar la violencia policial contra las mujeres policías. Ello implica conocer e intervenir en las causas estructurales, institucionales, organizativas y culturales que la generan y perpetúan en la institución policial. El objetivo es transformar el entorno de riesgo, fortalecer los derechos de las mujeres policías y procurar la construcción de nuevas relaciones policiales basadas en la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencia.

A continuación, se presentan diez posibles acciones preventivas, orientadas a esa transformación institucional, muchas de las cuales están referidas en los “Lineamientos generales sobre violencia de género en el ámbito laboral para los centros de trabajo en México”, elaborado por la UNODC en 2019:

• La institución policial debe visibilizar y reconocer la urgencia de atender el problema de la violencia policial contra las mujeres policías. Esto supone involucrar a las mujeres policías en cargos de toma de decisiones, enviando un mensaje claro del compromiso de las autoridades con la participación igualitaria y la sanción de comportamientos violentos.
• La institución policial debe contar y/o actualizar un código de ética y de conducta donde queden plasmadas las normas que garantizarán que el personal policial vivirá laboralmente libre de violencia de género, prohibiendo explícitamente comportamientos que incluyan manifestaciones y conductas que la provoquen.
• La institución policial debe contar con un área responsable de atender las peticiones o solicitudes de intervención para que los policías cuenten con un espacio de conciliación y remedio cuando las afectaciones no comprometan su bienestar, así como de orientación, acompañamiento y denuncia cuando las agresiones transgredan leyes penales, civiles o laborales que afecten sus derechos.
• La institución policial debe contar con programas formativos-educativos y de comunicación para la erradicación y/o reducción de la violencia contra las mujeres, contribuyendo a la eliminación de prácticas sociales, lenguajes discriminatorios y sexistas que promueven, mantienen y reproducen la violencia.
• La institución policial debe establecer programas y planes de detección temprana y focalización de los factores que originan los hechos de violencia policial. Esto implica desarrollar e institucionalizar lineamientos, protocolos de actuación y de coordinación entre las áreas con facultades para aplicar, vigilar e imponer sanciones, y aquellas que deben brindar servicios de contención, asistencia y atención.
• Los programas y planes que determinen la ruta de los servicios de atención deben difundirse continuamente de forma pública, garantizando su accesibilidad a toda la plantilla policial, en formatos electrónicos o tradicionales, incluyendo carteles y trípticos informativos.
• La institución policial debe contar con un sistema de indicadores que permitan monitorear el cumplimiento del código de ética, conocer acerca de los desvíos, tendencias, causas de incumplimientos y áreas involucradas.
• La institución policial debe establecer sanciones administrativas para los encargados de los casos que muestren negligencia, falta de profesionalismo, imparcialidad y favoritismo con el acosador en contra de la persona afectada.
• La institución policial tendrá normada la obligación de negar empleo a personas con antecedentes laborales probados como agresores sexuales; documentar en los expedientes laborales de los agresores todos los casos de violencia contra mujeres policías (nunca en el caso de las víctimas); y proporcionar referencias de extrabajadores a quienes se les haya probado algún hecho de violencia.
• La institución policial debe desarrollar constantemente campañas de sensibilización. Estas campañas beneficiarán no solo al personal policial al conocer más a detalle el tema, sino que propiciarán un cambio cultural que, al vivirse internamente, facilitará que de la costumbre se logre un hábito con el tiempo, con la finalidad de que también el personal pueda vivirlo fuera de la dependencia.

La violencia contra las mujeres en el mundo policial es un tema crucial que debe abordarse en cualquier proceso de reforma o reingeniería institucional. Al mermar profundamente las relaciones personales y laborales al interior de la institución, los hechos de violencia policial contra las mujeres debilitan también hacia afuera la posibilidad de ofrecer servicios policiales de calidad. Estos comportamientos se reproducen externamente y perpetúan la histórica condición de instituciones machistas, misóginas y sexistas. Ello refuerza el desprecio, la desconfianza y el distanciamiento característico que la ciudadanía tiene hacia la institución policial y sus integrantes, al tiempo que desmotiva, genera miedo e impotencia ante la falta de justicia para todas aquellas mujeres policía que han padecido o padecen violencia en sus instituciones.

En tiempos difíciles, aquellas mujeres policías que se han decidido a hablar y lo han hecho con valentía, nos muestran los múltiples rostros de esa violencia policial-laboral que se vive al interior de sus filas. Su actuar nos convoca a trabajar arduamente en la prevención de este flagelo y a atajar sus complejas expresiones y consecuencias. Exigir que se respete su derecho a vivir en instituciones policiales libres de violencia es también parte del camino para configurar instituciones policiales democráticas que apuestan, desde su quehacer cotidiano, a configurar entornos más seguros, justos y de paz, que tanto anhelamos como ciudadanía.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué tipo de agresiones sufren las mujeres policías dentro de sus instituciones?

Las mujeres policías sufren diversas agresiones, incluyendo piropos ofensivos, comentarios lascivos, solicitudes o insinuaciones sexuales, mensajes o fotos con insinuaciones e insultos, manoseos, arrimones o tocamientos sin consentimiento, e incluso intentos de violación.

¿Por qué la mayoría de las mujeres policías no denuncian estas agresiones?

Los principales motivos por los que no denuncian son la falta de creencia en que el agresor será sancionado (28%), el miedo a represalias (27%), desconocimiento sobre dónde denunciar (12%), no saber que podían denunciar (9%), y la percepción de que es algo normal y no merece ser denunciado (3%).

¿Cómo impacta la violencia de género en la institución policial?

La violencia de género debilita las relaciones internas, afecta la moral del personal y merma la capacidad de la institución para ofrecer servicios policiales de calidad hacia la ciudadanía. Perpetúa una cultura machista y misógina, generando desconfianza y desprecio por parte del público.

¿Qué soluciones se proponen para erradicar la violencia de género en las policías?

Se proponen diez acciones clave, que incluyen visibilizar el problema, actualizar códigos de ética, establecer áreas de atención y denuncia, implementar programas formativos y de comunicación, detectar tempranamente los factores de violencia, difundir los servicios de atención, monitorear el cumplimiento de códigos, sancionar la negligencia, negar empleo a agresores sexuales y desarrollar campañas de sensibilización.

¿La violencia de género afecta también a los hombres policías?

Sí, aunque la incidencia es mayor en mujeres, los hombres policías también pueden ser víctimas de violencia de género, aunque a menudo es invisibilizada debido a la construcción de la masculinidad hegemónica que dificulta la denuncia o conversación sobre estas experiencias.

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