Agresiones Policiales en Lima: Un Análisis Crítico

Las recientes protestas en el centro de Lima y otras ciudades del Perú han puesto de manifiesto una compleja dinámica de confrontación, donde la intervención de las fuerzas del orden ha sido objeto de escrutinio internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han alzado su voz para condenar la violencia, instando a un diálogo urgente y destacando la vulneración de derechos en un escenario de alta tensión. Pero, ¿quiénes fueron realmente los afectados por las acciones de los agentes policiales en medio de este torbellino social y político?

Desde el 9 de diciembre, el país ha sido testigo de un incremento significativo de la violencia en las manifestaciones. Estas movilizaciones, impulsadas por demandas que van desde el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales hasta la reforma constitucional y la protesta por la detención de Pedro Castillo, han generado un clima de inestabilidad que ha cobrado vidas y dejado a numerosas personas heridas. La respuesta del Estado, a través de sus cuerpos policiales y militares, ha sido una pieza central en este conflicto, especialmente en lo que respecta al uso de la fuerza en el control de las multitudes.

La Condena de la CIDH y RELE: Un Llamado Urgente a la Paz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) no tardaron en manifestar su profunda preocupación por los acontecimientos en Perú. Su comunicado no solo condenó la violencia generalizada, sino que también hizo un llamado imperativo a todas las partes involucradas, tanto al Estado como a los manifestantes, a establecer un «diálogo serio, amplio e inclusivo, con perspectiva intercultural». Esta petición no es menor, pues la CIDH subraya que dicho diálogo es «crucial para la gobernabilidad, la preservación de la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos humanos».

La intervención de estos organismos internacionales resalta la gravedad de la situación y la necesidad de adherirse a los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales. La violencia ha escalado rápidamente, afectando a civiles, periodistas y, en menor medida, a los propios agentes de seguridad. La mirada internacional se posa sobre Perú, evaluando la capacidad del Estado para garantizar tanto el orden público como el respeto irrestricto a los derechos de sus ciudadanos en un contexto de protesta social.

Víctimas de la Violencia: Más Allá de los Números

Las cifras preliminares de la Defensoría del Pueblo son alarmantes y revelan el costo humano de esta crisis. Se ha confirmado el fallecimiento de al menos tres personas: David Atequipa Quispe, de tan solo 15 años; Beckhan R. Quispe Garfias, de 18 años; y una tercera persona cuya identidad aún estaba pendiente de verificación al momento de los reportes. Estas muertes representan la tragedia más profunda de la escalada de violencia y subrayan la urgencia de investigar a fondo las circunstancias en las que se produjeron.

Además de los decesos, la Defensoría del Pueblo reportó más de 30 personas heridas. Este grupo incluye una diversidad de afectados: manifestantes que participaban en las protestas, periodistas que cumplían con su labor de informar y, también, agentes policiales que se encontraban en el cumplimiento de su deber. La naturaleza de las heridas no se detalla en el informe, pero la sociedad civil ha denunciado el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y, lo que es aún más grave, el presunto uso de perdigones de metal en contra de los manifestantes. Ciudades como Lima, Andahuaylas y Huacho fueron señaladas como los epicentros de mayor conflictividad, donde estas tácticas habrían sido más evidentes.

El informe también menciona la detención de 11 personas, de las cuales 5 aún permanecían bajo arresto. Estas detenciones, junto con las denuncias de uso excesivo de la fuerza, plantean serias preguntas sobre el respeto al debido proceso y las garantías judiciales en el marco de las protestas.

El Rol de la Policía en las Protestas: Uso de la Fuerza y Estándares Internacionales

El despliegue de miles de agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y efectivos de las Fuerzas Armadas en el centro de Lima ha sido una constante en estos días de agitación. Su objetivo declarado es evitar incidentes durante las manifestaciones, pero su actuación ha sido objeto de críticas y condenas por parte de organismos de derechos humanos. La CIDH ha sido clara al recordar al Estado peruano su deber de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Estos estándares se basan en principios fundamentales: legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. El objetivo primordial de estas directrices es reducir la letalidad policial y garantizar que la respuesta estatal sea siempre medida y justificada.

El principio de legalidad exige que el uso de la fuerza esté amparado por la ley y que los agentes actúen dentro de un marco normativo claro. La proporcionalidad implica que la fuerza empleada debe ser adecuada al nivel de resistencia o amenaza que se enfrenta, evitando el uso excesivo o desmedido. Finalmente, la necesidad absoluta establece que la fuerza letal solo debe ser utilizada como último recurso y cuando sea estrictamente indispensable para proteger la vida. Las denuncias de uso indiscriminado de gases lacrimógenos en espacios cerrados o con alta concentración de personas, así como la utilización de perdigones de metal, contravienen estos principios y ponen en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos. La CIDH resalta que la limitación del derecho a la protesta, incluso si se alega un carácter no pacífico, debe dirigirse específicamente a quienes cometen actos de violencia, y no a la generalidad de los manifestantes pacíficos.

La Prensa Bajo Ataque: Un Pilar de la Democracia Amenazado

Uno de los aspectos más preocupantes de las protestas ha sido la agresión contra la prensa. La CIDH documentó al menos 11 episodios de ataques que abarcan agresiones verbales y físicas, hostigamientos e impedimento de cobertura. En total, 21 periodistas habrían sido víctimas en un contexto de intensos discursos estigmatizantes contra el periodismo, lo que genera un ambiente hostil para el ejercicio de su profesión. Si bien la información disponible indica que la mayoría de estas agresiones serían atribuibles a personas manifestantes, es crucial destacar que se tiene conocimiento de que al menos dos periodistas habrían sido agredidos directamente por agentes policiales.

Esta agresión por parte de las fuerzas del orden es particularmente grave, ya que el Estado tiene la obligación de proteger la labor de los periodistas. La falta de garantías a la prensa no solo pone en riesgo la integridad física de los comunicadores, sino que también perjudica la vigencia de un diálogo social amplio. Si la prensa no puede informar libremente, la ciudadanía se ve privada de acceso a información vital sobre las demandas de los manifestantes, el actuar del Estado de Derecho y la denuncia de posibles violaciones de derechos humanos. En una democracia, la prensa libre es un contrapeso esencial y un facilitador del debate público.

Diálogo y Gobernabilidad: El Camino Propuesto por la CIDH

La CIDH no solo se ha enfocado en las denuncias de violencia, sino que también ha propuesto un camino hacia la resolución de la crisis. Respecto a la situación de Pedro Castillo, la Comisión instó al Estado a asegurar, de forma oportuna, las garantías del debido proceso y toda la asistencia especializada requerida. Al mismo tiempo, tomó nota de los mensajes emitidos por la presidenta Dina Boluarte, quien ha hecho un llamado fraterno a la calma, la tranquilidad y la paz social, y ha anunciado una iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril de 2024.

Finalmente, la Comisión Interamericana y su RELE hicieron un llamado a todas las personas que ejercen funciones públicas, el periodismo y los liderazgos políticos —incluyendo a quienes convocan a las protestas— a participar en el debate democrático con base en hechos verificables, constatándolos razonablemente y asegurando que sus expresiones no inciten a la violencia, la intolerancia o la discriminación. Este es un punto fundamental para desescalar el conflicto y construir puentes. Además, instaron al Estado a promover diálogos amplios, serios e inclusivos que apunten a generar espacios de consenso y preservar el fortalecimiento democrático e institucional, en la justicia y el respeto por los derechos humanos. Para ello, la CIDH se puso a disposición del Estado peruano para brindar todo tipo de cooperación y asistencia técnica.

Tabla Comparativa: Afectados por la Violencia en las Manifestaciones

Preguntas Frecuentes sobre la Violencia en las Protestas de Lima

¿Quiénes fueron los principales agredidos por agentes policiales en el centro de Lima?
Según los reportes de la CIDH, al menos dos periodistas fueron agredidos directamente por agentes policiales. Además, la sociedad civil denunció el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y perdigones de metal contra los manifestantes en general, lo que implica que muchos manifestantes también resultaron afectados por las acciones de la policía.

¿Qué acciones ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron la violencia en las manifestaciones, hicieron un llamado a un diálogo inclusivo, recordaron al Estado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y urgieron la protección de la prensa. También se pusieron a disposición del Estado para cooperación y asistencia técnica.

¿Cuáles son las demandas de los manifestantes en Perú?
Las principales demandas de los manifestantes incluyen el cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones generales, la reforma constitucional y la protesta contra la detención del expresidente Pedro Castillo.

¿Por qué se desplegó la policía en el centro de Lima?
Miles de agentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y efectivos de las Fuerzas Armadas se desplegaron en el centro de Lima con el objetivo de evitar incidentes y mantener el orden público durante las manifestaciones convocadas en la capital.

¿Qué se exige al Estado peruano respecto al uso de la fuerza?
La CIDH exige al Estado peruano que asegure el cumplimiento de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, basados en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, con el fin de reducir la letalidad policial y garantizar que cualquier limitación al derecho a la protesta se dirija específicamente a quienes cometen actos de violencia.

¿Cuál es la situación de la prensa durante estas protestas?
La prensa ha sido blanco de múltiples ataques, con al menos 21 periodistas víctimas de agresiones verbales y físicas, hostigamientos e impedimento de cobertura. Si bien la mayoría de las agresiones provienen de manifestantes, se confirmó que al menos dos periodistas fueron agredidos por agentes policiales. La CIDH ha enfatizado la necesidad de proteger la labor periodística para garantizar el acceso a la información y el diálogo social.

La situación en el centro de Lima y otras regiones del Perú subraya la fragilidad de la paz social cuando el diálogo se rompe y la violencia se impone. La condena de organismos internacionales como la CIDH no es un mero formalismo, sino un recordatorio crítico de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y la necesidad de una rendición de cuentas. Proteger la vida, la integridad y la libertad de expresión de todos los ciudadanos, incluidos los periodistas que informan desde el frente, es fundamental para la salud democrática del país. El camino hacia la estabilidad pasa por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y una investigación transparente de todos los incidentes de violencia.

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