Denuncias Graves Contra Agentes Policiales en Protestas

La estabilidad política y social de una nación es un pilar fundamental para su desarrollo y la garantía de los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo, en momentos de crisis y polarización, como la que vivió Perú tras la irregular vacancia presidencial, la tensión puede escalar a niveles críticos, dando lugar a escenarios complejos donde la línea entre el orden y el abuso se vuelve difusa. En este contexto de efervescencia social y protestas masivas, surgieron graves denuncias que pusieron en tela de juicio el accionar de los agentes policiales, generando una profunda preocupación en la ciudadanía y organismos de derechos humanos.

Las calles de diversas regiones del país se convirtieron en el escenario de una vigorosa protesta, donde miles de ciudadanos alzaron su voz de forma pacífica para expresar su descontento. Lamentablemente, estas manifestaciones se vieron empañadas por reportes alarmantes de presuntas violaciones a los derechos humanos, lo que encendió las alarmas sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Las denuncias no solo apuntaron a detenciones arbitrarias y posibles desapariciones forzadas, sino también a actos de violencia que habrían atentado directamente contra la salud y la vida de los manifestantes.

Contexto de las Protestas y Denuncias Iniciales

Tras el controvertido proceso de vacancia presidencial, que generó un profundo malestar en la población, miles de peruanos salieron a las calles para ejercer su derecho a la protesta. Lo que se esperaba que fuera un ejercicio democrático de expresión, pronto se vio ensombrecido por una serie de acusaciones graves dirigidas hacia los cuerpos policiales. Los reportes iniciales indicaron un uso desproporcionado y, en muchos casos, indiscriminado de la fuerza. Se habló del empleo de proyectiles como perdigones, canicas e incluso balas de plomo, elementos que, por su naturaleza, representan un riesgo letal para la integridad física de las personas. A esto se sumó el uso generalizado de gas pimienta y bombas lacrimógenas, lanzadas presuntamente sin discriminación, afectando no solo a los manifestantes activos sino también a transeúntes y residentes de las zonas aledañas.

La preocupación creció exponencialmente a medida que se multiplicaban los testimonios y las pruebas visuales de los incidentes. La ciudadanía, a través de medios de comunicación, compartió imágenes y videos que mostraban la crudeza de la represión. Estos materiales gráficos, junto con los relatos de las víctimas y testigos, fueron cruciales para visibilizar la magnitud de los presuntos abusos y la necesidad urgente de una investigación transparente y exhaustiva. La línea entre el control del orden público y la vulneración de derechos fundamentales parecía haberse cruzado en múltiples ocasiones, generando un clima de desconfianza y temor.

El Alarma de la Coordinadora Nacional de DD.HH.: Abusos Específicos

En medio de este escenario de incertidumbre y violencia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), un organismo de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales, jugó un papel crucial al identificar y denunciar patrones específicos de abuso en el uso de la fuerza policial. Sus hallazgos no solo corroboraron las denuncias ciudadanas, sino que también las categorizaron, ofreciendo una visión más estructurada de las presuntas infracciones. Entre los principales puntos señalados por la CNDDHH se encuentran:

• Uso masivo e indiscriminado de gases lacrimógenos: Se denunció que estos agentes químicos fueron empleados sin considerar el entorno, afectando a personas que no participaban en las manifestaciones, como transeúntes, niños o incluso familias dentro de sus propias viviendas. El objetivo de dispersión, en muchos casos, derivó en una afectación generalizada a la salud pública y la tranquilidad de los barrios.
• Disparos de gases lacrimógenos directamente contra el cuerpo de las personas: Contrario a las prácticas de seguridad que dictan el uso de estos proyectiles para dispersión y no para impacto directo, se registraron casos donde los cartuchos fueron disparados a corta distancia y hacia el cuerpo de los manifestantes, lo que puede causar graves lesiones e incluso la muerte.
• Disparos contra personas que huían y uso de escopetas perdigoneras contra manifestantes pacíficos: La represión no solo se habría enfocado en controlar la agitación, sino que también se habrían utilizado armas menos letales, como las escopetas perdigoneras, contra personas que se manifestaban de forma pacífica o que ya se encontraban en retirada, contraviniendo el principio de necesidad y proporcionalidad.
• Empleo de disparos de armas letales al aire para dispersar a los manifestantes: A pesar de la peligrosidad inherente a esta práctica, que puede resultar en la caída de proyectiles y lesiones a terceros, se habría recurrido al uso de armas de fuego letales disparadas al aire como método de disuasión, una acción que pone en riesgo la vida de cualquier persona en el área.

Estas denuncias específicas, respaldadas por la credibilidad de la CNDDHH, reforzaron la percepción de que el accionar policial excedió los límites establecidos por la ley y los estándares internacionales, haciendo imperativa una respuesta contundente por parte del sistema de justicia.

Marco Legal del Uso de la Fuerza: Principios y Normativas

El uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado no es una prerrogativa ilimitada, sino que está estrictamente regulado por un conjunto de normas y principios tanto a nivel internacional como nacional. Estos marcos legales buscan garantizar que la actuación policial sea legítima, necesaria y proporcional, protegiendo así los derechos fundamentales de los ciudadanos incluso en situaciones de conflicto o desorden público.

Principios Internacionales: Necesidad y Proporcionalidad

Uno de los pilares fundamentales en la regulación del uso de la fuerza policial son los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este instrumento es una guía esencial para todos los Estados miembros y establece directrices claras que deben ser observadas por las fuerzas del orden. Particularmente, los artículos 4 y 5 de este documento enfatizan dos principios cruciales: la necesidad y la proporcionalidad.

El principio de necesidad exige que los agentes policiales agoten todas las alternativas posibles antes de recurrir al uso de la fuerza. Esto implica que la fuerza solo debe ser utilizada como último recurso, cuando otras medidas menos coercitivas, como la negociación o la advertencia, han demostrado ser ineficaces para lograr el objetivo legal. Si existe una forma de alcanzar el objetivo sin el uso de la fuerza, o con un nivel de fuerza menor, esa es la vía que debe ser priorizada.

Por otro lado, el principio de proporcionalidad establece que el nivel de fuerza empleado debe ser directamente proporcional al grado de amenaza o resistencia que presenta el individuo o grupo. Es decir, la respuesta policial no debe exceder lo estrictamente necesario para controlar o repeler la situación. Por ejemplo, ante una resistencia pasiva, el uso de armas letales sería completamente desproporcionado y, por lo tanto, ilícito. La fuerza debe ser escalonada, aumentando gradualmente solo si la situación lo requiere y disminuyendo tan pronto como la amenaza o resistencia disminuya.

Además, el artículo 24 de este mismo instrumento internacional subraya la responsabilidad de los funcionarios superiores, quienes deben asumir consecuencias cuando tenían o debieran haber tenido conocimiento de que los agentes bajo su mando recurrieron al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego. Esto introduce un nivel de responsabilidad jerárquica que es vital para asegurar el cumplimiento de las normativas y prevenir abusos.

Normativa Nacional: Uso Progresivo y Diferenciado

En el ámbito nacional, el Decreto Legislativo Nº 1106, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, también incorpora estos principios internacionales, adaptándolos a la realidad jurídica del país. La norma establece que la fuerza debe usarse de manera progresiva y diferenciada, basándose en los principios de legalidad y necesidad. Esto implica que los agentes deben evaluar constantemente la situación y aplicar el nivel de fuerza adecuado según la resistencia que encuentren.

La normativa peruana distingue entre niveles de uso de la fuerza: preventivos o reactivos, los cuales deben aplicarse en función de la resistencia pasiva o reactiva de los ciudadanos. La resistencia pasiva se refiere a la no colaboración sin agresión física, mientras que la resistencia reactiva implica una oposición activa o agresión. La escalada de la fuerza debe ser gradual y justificada en cada etapa, desde la presencia policial, la verbalización, el control físico, el uso de armas no letales hasta, en casos extremos y justificados, el uso de armas letales.

Sin embargo, las denuncias durante las protestas sugieren que estas directrices no se habrían cumplido rigurosamente. La alegación de uso indiscriminado de proyectiles y gases lacrimógenos, así como disparos directos a personas que huían, contradice flagrantemente los principios de progresividad, diferenciación y proporcionalidad establecidos en la legislación nacional e internacional.

Comparativa: Principios del Uso de la Fuerza vs. Denuncias Presentadas

Para visualizar la discrepancia entre lo que dicta la normativa y lo que presuntamente ocurrió, la siguiente tabla comparativa ilustra cómo las denuncias se alejan de los principios básicos que deben regir el accionar policial:

Consecuencias Trágicas y Acciones Legales

El presunto uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes policiales no solo se tradujo en heridos y un ambiente de temor, sino que tuvo consecuencias trágicas e irreversibles. Lamentablemente, se registró el fallecimiento de dos jóvenes: Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, cuyas muertes se convirtieron en el símbolo más doloroso de la represión. Además, un número significativo de personas resultaron heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad. Entre los afectados también se encontraban periodistas que cubrían los acontecimientos, lo que generó una condena adicional por parte de los gremios de prensa y defensores de la libertad de información.

Ante la gravedad de estos sucesos, el sistema de justicia peruano activó sus mecanismos de investigación. Una fiscalía provincial del Ministerio Público inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables de estos actos. Esta medida es un paso fundamental para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales de los agentes que pudieron haber incurrido en delitos.

De manera más trascendente, la Fiscal de la Nación, en un acto de gran relevancia institucional, decidió abrir una investigación preliminar de alto nivel. Esta investigación no solo apunta a los agentes directamente involucrados en los incidentes, sino que también incluye al expresidente Manuel Merino de Lama, al exprimer ministro Ántero Flores-Aráoz, y al exministro del Interior Gastón Rodríguez. Los presuntos delitos bajo investigación son de suma gravedad: abuso de autoridad, homicidio doloso en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado, así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de personas aún por determinar. Esta acción de la Fiscal de la Nación subraya la importancia de la cadena de mando y la responsabilidad de los funcionarios superiores en la supervisión y control de sus subordinados.

La Importancia de una Investigación Imparcial y Exhaustiva

La decisión del Ministerio Público de iniciar estas investigaciones es un paso crucial y necesario para restaurar la confianza pública en las instituciones y garantizar que no haya impunidad ante presuntos abusos de poder. Es fundamental que estas indagaciones se realicen con la máxima rigurosidad, transparencia e imparcialidad, sin injerencias políticas o presiones de ningún tipo.

En este sentido, es pertinente recordar la directiva 003-2018-MP-FN, que regula la función fiscal en investigaciones por uso de fuerza policial. Esta directiva establece dos puntos clave: primero, que se debe indagar sobre las responsabilidades penales a todo nivel jerárquico, lo que significa que la investigación no debe limitarse a los agentes de menor rango, sino que debe escalar hasta los mandos superiores si las pruebas así lo indican; y segundo, que durante las investigaciones no deben participar miembros de la policía que estén vinculados directa o indirectamente con los hechos incriminados, para evitar cualquier conflicto de interés o entorpecimiento de la pesquisa.

Nuestro sistema de justicia tiene la imperiosa necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para que se investigue eficientemente y se sancione penalmente el empleo arbitrario de armas de fuego y el uso abusivo de la fuerza por parte de los agentes policiales. La investigación debe ser profunda, y sus resultados deben ser presentados a la ciudadanía de manera clara y accesible. Solo así se podrá enviar un mensaje contundente de que los derechos humanos son inviolables y que nadie está por encima de la ley, sin importar su cargo o función. La rendición de cuentas es esencial para fortalecer la democracia y asegurar que tragedias como las ocurridas no se repitan.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué son las detenciones arbitrarias?

Las detenciones arbitrarias son aquellas que se realizan sin una orden judicial válida, sin causa legal justificada, o sin respetar los procedimientos establecidos por la ley. Constituyen una grave violación de la libertad personal y los derechos humanos.

¿Qué son los perdigones y por qué su uso es polémico?

Los perdigones son pequeñas esferas de plomo o goma que se disparan con escopetas. Su uso es polémico porque, aunque se consideran armas "no letales" en ciertos contextos, disparados a corta distancia o al cuerpo pueden causar heridas graves, pérdida de órganos (ojos) e incluso la muerte, especialmente si son de plomo.

¿Cuál es el rol de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en estos casos?

La CNDDHH es una coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en Perú. Su rol es monitorear, documentar y denunciar violaciones de derechos humanos, así como abogar por la justicia y la rendición de cuentas de los responsables.

¿Qué significa el principio de "responsabilidad jerárquica" en el uso de la fuerza policial?

Significa que los superiores jerárquicos de la policía pueden ser considerados responsables por los abusos cometidos por sus subordinados si tenían conocimiento o debieron haber tenido conocimiento de las acciones ilícitas y no tomaron las medidas adecuadas para prevenirlas o sancionarlas. Es un principio clave para asegurar la disciplina y el respeto a la ley dentro de las instituciones.

¿Qué delitos se imputan a los exfuncionarios en la investigación de la Fiscal de la Nación?

La Fiscal de la Nación ha abierto investigación por presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso (en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez), lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de personas por determinar. Estos cargos reflejan la gravedad de las acusaciones y la posible responsabilidad de alto nivel.

Conclusión

Los lamentables sucesos ocurridos durante las protestas ciudadanas tras la vacancia presidencial han puesto de manifiesto la urgente necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de actuación policial, así como de asegurar la plena observancia de los derechos humanos en todo momento. Las denuncias de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y las trágicas pérdidas de vidas humanas exigen una respuesta contundente del sistema de justicia.

La investigación en curso por parte del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación es un paso fundamental hacia la búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia. Es imperativo que esta se desarrolle con total independencia y rigor, garantizando que todos los niveles de responsabilidad, desde los agentes en el terreno hasta los altos mandos, sean debidamente evaluados y, de ser el caso, sancionados. Solo a través de la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, se podrá reconstruir la confianza entre la ciudadanía y sus instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad. El futuro de la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país dependen de ello.

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