04/07/2024
La estación de Policía de San Mateo, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, se convirtió en el escenario de una tragedia desgarradora que ha conmocionado al país y desatado una ola de indignación. Nueve jóvenes detenidos perdieron la vida en un incendio que, según graves denuncias de familiares y testigos, no solo fue presenciado por uniformados, sino que pudo haber sido intensificado y desatendido intencionadamente por ellos. La pregunta que resuena con fuerza es: ¿Qué acciones se tomarán contra los policías que estaban presentes esa tarde? La exigencia de justicia y la rendición de cuentas para las víctimas y sus familias es imperativa.
El 4 de septiembre, una fecha que quedará marcada por el dolor y la impunidad, lo que comenzó como una protesta de jóvenes privados de libertad por la negación de visitas, escaló a una "masacre", según el concejal de Bogotá Diego Cancino. Aproximadamente 20 jóvenes se encontraban detenidos en el CAI de San Mateo, cuando, alrededor de las 2:00 de la tarde, uno de ellos prendió fuego a una cobija. Lo que siguió, según los relatos más escalofriantes, fue una intensificación del fuego por un "artefacto" que, afirman testigos y familiares, fue impulsado por un policía.
Una Tragedia Anunciada y un Abandono Inexplicable
Las denuncias son contundentes y estremecedoras. Una vez que las llamas comenzaron a propagarse, los policías supuestamente se retiraron del lugar, dejando a los jóvenes encerrados dentro de las instalaciones en llamas. La situación se tornó aún más dantesca cuando, según los testimonios, los uniformados no permitieron la entrada de nadie para prestar auxilio a los detenidos, ni siquiera permitieron el uso de extintores para controlar el fuego. "Dejaron prender en llamas a los muchachos", narró el concejal Cancino, mientras se compartían grabaciones que mostraban la desesperación de familiares y transeúntes intentando, inútilmente, entrar a la estación para salvar vidas.
Los gritos de auxilio de los jóvenes y la desesperación de sus seres queridos chocaron contra un muro de indiferencia policial. La madre de una de las víctimas relató a una emisora local que, a pesar de la presencia de al menos 20 uniformados, "ninguno quiso ayudar o evitar que el fuego se propagara". Fueron los propios familiares quienes, en un acto de heroísmo y desesperación, comenzaron a romper vidrios y a quitar las rejas, incluso algunos lograron entrar con extintores. Sin embargo, para ese momento, la tragedia ya era inminente; "ya era demasiado tarde porque los muchachos se quemaron", lamentó la madre.
El saldo de esta "hoguera humana" fue devastador: un joven falleció ese mismo día, y los ocho restantes sucumbieron a la gravedad de sus quemaduras en los días siguientes. Las quemaduras de primer y segundo grado cubrían hasta el 90% de sus cuerpos. Los jóvenes, hombres entre 23 y 35 años, estaban siendo procesados por diversos delitos, una condición que bajo ninguna circunstancia justifica la presunta negligencia y el abandono que se les imputa a los encargados de su custodia.
Acusaciones de "Criminalidad Policial" y Pruebas Alarmantes
El concejal Diego Cancino no ha escatimado en calificar los hechos como "absolutamente y completamente escabroso, intolerable". Su denuncia va más allá de un simple abuso policial; ha hablado de "criminalidad policial", sugiriendo que la institución podría ser "cómplice y quizás agente de un asesinato masivo". Las acusaciones no se limitan al momento del incendio. Cancino ha denunciado que los jóvenes eran objeto de torturas y maltratos en los días previos al incidente: no se les permitían visitas familiares, eran amenazados y se les negaban alimentos.
Dos agravantes adicionales añaden una capa de horror a esta ya "dantesca escena":
- Presencia de Gasolina: Familiares han señalado que Medicina Legal indicó la presencia de gasolina en el dictamen médico de una de las víctimas, lo que sugiere una posible intencionalidad en la intensificación del fuego.
- Uso de Gas Pimienta: Se denunció que los policías rociaron gas pimienta a quienes intentaron entrar para ayudar a sus familiares que se estaban quemando, impidiendo aún más cualquier intento de rescate.
Sumado a esto, los testimonios de testigos son aún más incriminatorios. Se les escuchó a los policías decir frases como "ojalá se quemen esas gonorreas, dejen que se quemen esas ratas", lo que evidencia una presunta intención de causar daño y una falta absoluta de empatía por la vida humana. Este tipo de declaraciones, de confirmarse, transformarían el incidente de una tragedia a un acto deliberado de crueldad.
La Búsqueda de Justicia y las Respuestas Oficiales
Frente a la gravedad de estas acusaciones, la Policía Nacional se ha defendido negando que los uniformados hubiesen incurrido en algún tipo de negligencia y ha afirmado que ya hay investigaciones en curso. Sin embargo, estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo por parte de los familiares de las víctimas y la opinión pública, que demandan acciones concretas y no solo promesas de investigación.
Las reacciones de las altas esferas del gobierno también han generado controversia. Horas después de la denuncia, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, calificó las acusaciones como "politiquería" y una "campaña de desprestigio" contra la Fuerza Pública. Por su parte, el entonces presidente Iván Duque minimizó las denuncias contra los uniformados, tildándolas de "hechos minúsculos frente al esfuerzo" que realizan diariamente. Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como un intento de desviar la atención de la gravedad de los hechos y de proteger a la institución por encima de la vida de los ciudadanos.
El concejal Cancino ha elevado la denuncia ante la Procuraduría y la Fiscalía, exigiendo que se investigue a fondo lo sucedido y que se determinen las medidas disciplinarias y penales que se tomarán contra los policías que estaban presentes esa tarde en la estación de San Mateo. La pregunta central sigue sin respuesta: ¿Qué va a pasar con los policías implicados? ¿Se les imputarán cargos por su presunta complicidad y abandono? La sociedad espera que no haya impunidad y que se haga justicia para estos nueve jóvenes y sus familias, quienes claman por verdad y reparación.
Preguntas Frecuentes sobre la Tragedia de San Mateo
¿Dónde ocurrió la tragedia del incendio?
La tragedia ocurrió en la estación de Policía (CAI) de San Mateo, ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia.
¿Cuántas víctimas mortales dejó el incendio?
El incendio provocó la muerte de nueve jóvenes que se encontraban detenidos en la estación. Uno falleció el mismo día y los otros ocho en los días siguientes debido a la gravedad de sus quemaduras.
¿Quién denunció los hechos y las presuntas irregularidades?
Los hechos fueron denunciados públicamente por el concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien compartió testimonios de familiares y testigos, así como imágenes y videos del incidente.
¿Cuáles son las principales acusaciones contra los policías?
Las acusaciones incluyen que un policía supuestamente impulsó el fuego con un artefacto, que los uniformados abandonaron a los detenidos encerrados, que impidieron el auxilio externo (incluyendo el uso de extintores), que rociaron gas pimienta a los familiares que intentaron ayudar, y que hubo torturas y maltratos previos a los detenidos. También se menciona la presencia de gasolina en la escena.
¿Hay investigaciones en curso sobre este caso?
Sí, la Policía ha declarado que hay investigaciones en curso. Sin embargo, el concejal Cancino ha solicitado formalmente la investigación de la Procuraduría y la Fiscalía para garantizar la transparencia y la profundidad de la misma.
¿Qué esperan los familiares de las víctimas?
Los familiares de las víctimas esperan que se investigue a fondo lo sucedido, que se esclarezcan las responsabilidades de los policías implicados y que se tomen medidas disciplinarias y penales contra ellos, buscando así justicia y reparación por la pérdida de sus seres queridos.
La tragedia de San Mateo es un recordatorio sombrío de la urgente necesidad de una reforma profunda en las instituciones policiales y de un sistema de rendición de cuentas que garantice que hechos tan atroces no queden en la impunidad. La memoria de los nueve jóvenes exige respuestas claras y acciones contundentes por parte del Estado colombiano.
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