07/05/2024
En el panorama de la seguridad y el orden público, surgen interrogantes constantes sobre el rol de las fuerzas del Estado y los eventos que marcan su quehacer. Si bien la consulta inicial podría orientarse a un “Paro Nacional de la Policía”, la información disponible nos dirige hacia dos escenarios distintos pero fundamentales: por un lado, una profunda transformación integral de la Policía Nacional de Colombia, con un enfoque renovado en la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas; y por otro, el masivo despliegue de la Policía Nacional del Perú ante un paro nacional convocado por gremios de transportistas y otros sectores. Ambos casos ilustran la complejidad de la función policial en el contexto social y político, subrayando la importancia de la adaptación institucional y la gestión de la protesta social.
La Transformación de la Policía Nacional en Colombia: Un Enfoque en Derechos Humanos
La Policía Nacional de Colombia ha sido objeto de una significativa reforma a través de la sanción y promulgación de nuevos estatutos disciplinarios y de carrera. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso, busca sentar las bases para una institución más transparente, responsable y alineada con los estándares de derechos humanos. El eje central de esta modernización es la protección de los derechos ciudadanos, la investigación rigurosa de extralimitaciones y una reestructuración de la carrera de los uniformados.
Una de las novedades más destacadas es la creación de la figura del Inspector Delegado para la Manifestación Pública y Pacífica. Este cargo, que será ocupado por un uniformado, tendrá como función primordial dar prioridad a las investigaciones por “conductas indebidas” que puedan ocurrir en el contexto de protestas sociales. Esta medida responde directamente a las preocupaciones surgidas de eventos pasados, como el paro nacional de 2021, donde se reportaron numerosas denuncias de presunta violencia y violaciones a los derechos humanos.
Además, se ha establecido que los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) deberán someterse a una certificación anual por parte de un Centro de Estándares. Este proceso busca validar sus competencias y asegurar que actúen bajo protocolos estrictos, reforzando la confianza pública en su accionar. La transparencia y la profesionalización son pilares de esta reforma.
Un cambio trascendental en el ámbito disciplinario es la asignación de la competencia exclusiva para investigar graves violaciones a los derechos humanos a la Procuraduría General de la Nación. Anteriormente, algunas de estas investigaciones eran llevadas a cabo por la propia Policía, lo que generaba cuestionamientos sobre la imparcialidad. La Procuraduría General ya había asumido, por “poder preferente”, casos emblemáticos como el del CAI en Soacha que terminó incinerado con personas adentro. Con esta reforma, se busca garantizar una mayor objetividad y celeridad en la resolución de estos casos. A corte de noviembre pasado, la Procuraduría ya había abierto alrededor de 200 investigaciones por excesos policiales durante el paro de 2021, con 86 indagaciones y 94 procesos disciplinarios activos.
La reforma también incorpora siete nuevas faltas disciplinarias que serán objeto de sanción. Entre estas se incluyen el ocultamiento de identificación, la discriminación contra poblaciones vulnerables, impedir la grabación de procedimientos por parte de ciudadanos, y permitir actos que constituyan maltrato animal. Estas adiciones reflejan un compromiso con la ética y el respeto en todas las facetas del servicio policial, buscando corregir prácticas que han sido fuente de controversia y desconfianza en el pasado.
El Rol de la Policía ante el Paro Nacional en Perú: Un Despliegue Masivo
Mientras Colombia avanza en sus reformas internas, Perú enfrentó recientemente un paro nacional convocado por diversos gremios de transportistas y otros sectores. Este evento, que tuvo lugar el 13 de noviembre de 2024, generó un importante despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar el orden público y el derecho al libre tránsito, en medio de actividades de relevancia internacional como el Foro APEC 2024.
El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, informó sobre el despliegue de más de 10.500 agentes de la PNP en distintos puntos estratégicos de la capital desde tempranas horas de la madrugada. A este contingente se sumó la dirección de tránsito, evidenciando la magnitud del operativo para mantener la normalidad en la ciudad. A pesar de los esfuerzos, la jornada estuvo marcada por bloqueos y enfrentamientos.
Los manifestantes llevaron a cabo diversas acciones para visibilizar sus demandas, incluyendo bloqueos de vías importantes como la avenida Abancay en Lima, la Panamericana Norte a la altura de Huacho, y la variante Uchumayo en Arequipa, donde se reportó la quema de llantas. En Huancayo, se colocaron troncos y piedras en las vías de ingreso a la ciudad, generando interrupciones significativas en el transporte. La Defensoría del Pueblo también alertó sobre bloqueos en Puno por parte del gremio de transportistas urbanos.
La jornada no estuvo exenta de incidentes. En el Centro de Lima, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, con el uso de bombas lacrimógenas por parte de la PNP. En el Cercado de Arequipa, al menos ocho obreros resultaron heridos tras un enfrentamiento entre el Sindicato de Construcción Civil y la Policía cerca del Puente Grau. Estos eventos subrayan la tensión que puede escalar durante las protestas y la complejidad de gestionar el equilibrio entre el derecho a la manifestación y el mantenimiento del orden público.
A pesar de los desafíos, la Policía Nacional del Perú reiteró su compromiso de garantizar tanto el derecho al libre tránsito como la libertad de expresión de los ciudadanos. El general Monroy destacó que, si bien el día apenas comenzaba, los primeros reportes indicaban que los buses en los conos Norte, Sur y Este de Lima circulaban con relativa normalidad en las primeras horas. Además, se mencionó un plan de contingencia con 45 buses del Estado (17 de la Policía, 19 de la Fuerza Armada y 9 de otros ministerios) listos para apoyar en el transporte si fuera necesario, aunque inicialmente no se consideró indispensable su intervención.
La presencia policial fue notable en puntos clave, como la estación San Carlos del Metro de Lima en San Juan de Lurigancho y en las inmediaciones del Centro de Convenciones de Lima en San Borja, donde se colocaron rejas de seguridad y se desplegaron decenas de agentes para resguardar las actividades del APEC. Al finalizar el día, la Policía continuaba resguardando los alrededores del Congreso de la República, mientras manifestantes permanecían en la plaza San Martín.
Investigaciones y Responsabilidades: La Lupa sobre la Actuación Policial
El escrutinio sobre la actuación policial, especialmente en contextos de protesta, es un tema recurrente y de vital importancia para la credibilidad institucional. La información provista resalta cómo tanto en Colombia como en Perú, se ponen en marcha mecanismos para investigar posibles excesos o conductas indebidas.
En Colombia, la experiencia del paro nacional de 2021 dejó un saldo de denuncias significativas. Organizaciones como Temblores ONG e Indepaz reportaron que, entre abril y julio de ese año, miembros de la Policía serían responsables de decenas de muertes, con 24 casos atribuidos específicamente al Esmad de un total de 80 registros por presunta violencia homicida. Casos como el de Kevin Anthony Agudelo, cuyo padre debió exiliarse por denunciar el crimen, ilustran la gravedad de las acusaciones. La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Margarita Cabello, ha asumido un rol protagónico en estas investigaciones, abriendo alrededor de 200 procesos por excesos policiales. La procuradora ha señalado que la dificultad para avanzar en algunos casos radica en la falta de identificación de los agentes, un problema que la abogada Camila Galindo, investigadora de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, también ha subrayado, mencionando que la falta de identificación de uniformados durante el paro impidió el progreso de algunas indagaciones.
La Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, llegó a alertar por 800 casos de presunta desaparición por periodos de horas, días y semanas durante el paro de 2021, de los cuales 23 personas habrían resultado asesinadas. Estos datos, aunque preliminares y sujetos a verificación, destacan la necesidad imperante de mecanismos robustos de rendición de cuentas y justicia. La reforma colombiana, al trasladar la competencia de investigación de graves violaciones de derechos humanos a la Procuraduría, busca precisamente fortalecer esta capacidad y garantizar la imparcialidad.
En el contexto del paro en Perú, si bien no se detallan investigaciones a gran escala en el mismo nivel de profundidad que en Colombia, los reportes de enfrentamientos con heridos, como los ocho obreros en Arequipa o el manifestante herido en la Av. Abancay, sugieren la necesidad de un seguimiento constante de la actuación policial para asegurar que se respeten los protocolos y los derechos ciudadanos. La presencia de la Defensoría del Pueblo en el monitoreo de los bloqueos también es un indicador de la vigilancia sobre el proceder de las fuerzas del orden.
La Policía Nacional, en ambos contextos, enfrenta el desafío de mantener el orden y la seguridad sin menoscabar las libertades civiles. La implementación de nuevas faltas disciplinarias y la supervisión externa son pasos cruciales para fortalecer la legitimidad y la confianza en la institución policial.
Mejoras en la Carrera Policial y Equipamiento
Más allá de los aspectos disciplinarios y de control, la transformación de la Policía Nacional de Colombia también contempla mejoras sustanciales en las condiciones de vida y carrera de sus miembros, lo que contribuye directamente a su bienestar y motivación. El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, enfatizó que esta reforma está pensada en los ciudadanos y en el uso adecuado de la fuerza, pero también en que los policías "tengan mejores condiciones, que se sientan orgullosos de ser policías, que tengan mejor salario y mejores condiciones de vida."
Una de las medidas más significativas en este ámbito es la implementación de la “matrícula cero” para jóvenes de estratos uno, dos y tres que deseen ingresar a la institución. Esta inversión gubernamental, que asciende a 22.000 millones de pesos, busca democratizar el acceso a la carrera policial, permitiendo que talentos de todos los orígenes socioeconómicos puedan formarse y servir al país. Esta iniciativa no solo promueve la equidad, sino que también puede atraer a un mayor número de aspirantes calificados.
Asimismo, se han anunciado bonificaciones para los uniformados. Cada dos meses, los miembros del nivel ejecutivo recibirán una bonificación destinada a la asistencia familiar, un apoyo económico que reconoce la importancia de su núcleo familiar. Adicionalmente, se establecerá una bonificación de permanencia para aquellos mandos del nivel ejecutivo que, a pesar de cumplir su tiempo de servicio, decidan continuar en la institución. Estas bonificaciones son incentivos clave para retener el talento y la experiencia dentro de la fuerza policial, asegurando la continuidad de un personal capacitado y comprometido.
En cuanto a la modernización y el equipamiento, se está alistando una inversión superior a los 300.000 millones de pesos. Este presupuesto millonario se destinará a la adquisición de 11.000 cámaras corporales para vigilancia. Estas cámaras son herramientas fundamentales para aumentar la transparencia en los procedimientos policiales, sirviendo como evidencia tanto para proteger a los ciudadanos como para respaldar la actuación de los agentes en situaciones complejas. Se espera que su implementación reduzca los incidentes y mejore la confianza pública. Además, con esta inversión, se mejorará la infraestructura de las estaciones de Policía en los próximos cinco años, lo que repercutirá positivamente en las condiciones laborales de los uniformados y en la calidad del servicio ofrecido a la comunidad.
Estas medidas integrales demuestran un esfuerzo por fortalecer la Policía Nacional desde sus cimientos, mejorando tanto su capacidad operativa como su relación con la ciudadanía, a través del fomento del bienestar de sus miembros y la garantía de su profesionalismo.
Preguntas Frecuentes
A continuación, se resuelven algunas de las dudas más comunes que pueden surgir en torno a la Policía Nacional y los eventos recientes:
- ¿Hubo un Paro Nacional de la Policía?
La información proporcionada no indica un paro nacional organizado por la Policía Nacional. En cambio, detalla una profunda reforma de la Policía Nacional de Colombia y el despliegue de la Policía Nacional del Perú ante un paro nacional convocado por gremios de transportistas y otros sectores.
- ¿Cuáles son los cambios clave en la Policía Nacional de Colombia?
Los cambios clave incluyen nuevos estatutos disciplinarios y de carrera, la creación de un Inspector Delegado para la Manifestación Pública y Pacífica, certificación anual para el Esmad, la transferencia de investigaciones por graves violaciones de derechos humanos a la Procuraduría, la inclusión de siete nuevas faltas disciplinarias, "matrícula cero" para jóvenes de estratos bajos, bonificaciones por asistencia familiar y permanencia, y una inversión millonaria en cámaras corporales y mejora de infraestructura.
- ¿Quién investiga ahora las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia?
Con las nuevas reformas, la competencia exclusiva para investigar graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional en Colombia recae en la Procuraduría General de la Nación.
- ¿Qué papel jugó la Policía Nacional del Perú en el paro nacional del 13 de noviembre de 2024?
La Policía Nacional del Perú desplegó más de 10.500 agentes en Lima para garantizar el orden público y el libre tránsito durante el paro. Su rol incluyó el resguardo de puntos estratégicos, la gestión de bloqueos de vías y la respuesta a enfrentamientos, buscando equilibrar el derecho a la protesta con la seguridad ciudadana.
- ¿Cómo se busca mejorar el bienestar de los policías en Colombia?
El bienestar de los policías se busca mejorar a través de la “matrícula cero” para futuros agentes de estratos 1, 2 y 3, bonificaciones bimestrales para asistencia familiar, bonificaciones de permanencia para mandos ejecutivos, y una significativa inversión en equipamiento (cámaras corporales) y mejora de la infraestructura de las estaciones de Policía.
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