Policía en Desastres: Rol Clave y Cuestión Política

En momentos de caos y desesperación, cuando la naturaleza o circunstancias inesperadas golpean con fuerza, la presencia de la policía se convierte en un faro de esperanza y orden. Más allá de sus funciones habituales de seguridad ciudadana, los cuerpos policiales asumen un rol vital y multifacético en la gestión de desastres, actuando como primera línea de respuesta y apoyo fundamental para las comunidades afectadas. Su capacidad de reacción inmediata, organización y coordinación es indispensable para mitigar el impacto de cualquier catástrofe y garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

Sin embargo, la gestión de desastres no solo recae en la valiente labor operativa de la policía; también se entrelaza con complejas decisiones políticas y responsabilidades que a menudo salen a la luz cuando la tragedia ya ha ocurrido. La línea entre un fenómeno imprevisible y una catástrofe evitable se difumina, y es entonces cuando la lupa se posa sobre aquellos que ostentan el poder y la autoridad para prevenir, mitigar y responder eficazmente. Este artículo explorará en detalle las funciones esenciales de la policía en situaciones de emergencia y, al mismo tiempo, desglosará la espinosa cuestión de la responsabilidad política, analizando cómo las omisiones y decisiones pueden tener consecuencias devastadoras.

El Rol Fundamental de la Policía en la Gestión de Desastres

La policía, como institución garra de la ley y el orden, desempeña un papel irremplazable en la fase de respuesta a desastres, abarcando una amplia gama de funciones que van desde la protección inmediata de vidas hasta el mantenimiento de la estabilidad social. Su presencia es crucial desde los primeros momentos, cuando el caos amenaza con apoderarse de la situación, hasta las etapas de recuperación, donde la seguridad sigue siendo primordial.

Entre sus funciones principales, se encuentra el brindar apoyo efectivo e inmediato a las comunidades afectadas. Esto no se limita a la mera presencia, sino que implica una serie de acciones coordinadas y estratégicas. En primer lugar, la policía es fundamental en las operaciones de evacuación, asegurando que las zonas de riesgo sean despejadas de manera ordenada y segura. Establecen perímetros de seguridad para proteger a los ciudadanos de peligros adicionales, como estructuras colapsadas o fugas de sustancias peligrosas, y para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Además, son los encargados de mantener el orden público en situaciones que pueden volverse volátiles. La desesperación y la confusión pueden dar lugar a saqueos o altercados, y la presencia policial es vital para prevenir estos incidentes y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan sin interrupciones. Controlan el tráfico en las zonas afectadas y en las rutas de evacuación, asegurando el flujo de vehículos de emergencia y la rápida salida de los civiles.

La cooperación es un pilar fundamental en la gestión de desastres. Por este motivo, además de la colaboración con otras fuerzas de seguridad, la policía debe mantener una cooperación cercana y fluida con Protección Civil. Esta sinergia es vital para la planificación, ejecución y evaluación de las operaciones de emergencia. Mientras que Protección Civil a menudo coordina los recursos de rescate, albergue y asistencia humanitaria, la policía proporciona el marco de seguridad y orden sin el cual estas operaciones serían imposibles. Comparten información, coordinan rutas de acceso, establecen puntos de encuentro y garantizan la seguridad de los voluntarios y profesionales que arriesgan sus vidas para ayudar.

En resumen, las funciones policiales en caso de desastres son diversas y críticas: salvamento y rescate inicial, mantenimiento del orden y la seguridad, control de acceso a zonas de peligro, gestión del tráfico, protección de la propiedad, y apoyo a la logística de las operaciones de emergencia. Su capacidad para actuar bajo presión, su disciplina y su entrenamiento las convierten en un pilar esencial para la resiliencia de cualquier sociedad frente a la adversidad.

La Complicada Cuestión de la Responsabilidad Política ante Desastres

Mientras la policía y otros cuerpos de emergencia lidian con las consecuencias directas de un desastre, a menudo surge una pregunta incómoda: ¿Quién es el responsable político? Esta interrogante se vuelve especialmente pertinente cuando los eventos trágicos revelan fallas en la supervisión, el cumplimiento normativo o la acción gubernamental previa. Un caso paradigmático que ilustra esta problemática es el incendio de la galería Plaza Central en Mesa Redonda, Lima, ocurrido el 30 de diciembre de 2021.

El Incendio de Mesa Redonda y las Acusaciones de Omisión de Funciones

El incendio de la galería Plaza Central en Mesa Redonda demostró, una vez más, que dicha zona de la capital peruana resulta peligrosa por la informalidad que allí impera. Si bien, afortunadamente, no se registraron fallecidos tras el accidente, lo cierto es que todo fue producto de la falta de respeto hacia las normas de seguridad establecidas. Lo más alarmante fue la revelación de que la mencionada galería contaba con una orden de desmantelamiento que no había sido ejecutada.

Zuleyka Prado, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, explicó la cronología de las irregularidades. “El último proceso sancionador a esta galería fue en febrero de este año que era sobre que estaban terminando estructuras metálicas en la azotea edificio. Este predio nace entre el 2003 y 2004 en la cual generó una licencia para construcción de obra de 5 pisos, inicialmente sí tuvo licencia para ejecutar obra. Primer, segundo y tercer piso sí tienen licencia, cuarto y quinto también”, detalló Prado.

La situación se complicó cuando los propietarios intentaron obtener la conformidad de obra. “Cuando ellos quisieron hacer la conformidad de obra en ese predio hubo un exceso de metraje tanto en el cuarto como quinto piso. Es ahí donde se genera la notificación del 2017 y se notifica construcciones de un sexto y séptimo piso. El expediente terminó en el área coactiva y el infractor tenía conocimiento de demoler”, agregó Prado, evidenciando que la irregularidad y la orden de demolición eran de larga data y conocidas por las autoridades.

Al conocerse la existencia de esta orden de desmantelamiento, las críticas viraron hacia el entonces burgomaestre de la capital, Jorge Muñoz, quien fue señalado como posible responsable político del desastre. El reconocido abogado César Nakasaki, experto en derecho penal, señaló que para confirmar la responsabilidad del alcalde de Lima en el incendio, tendría que confirmarse que este conocía de la orden de desmantelamiento publicada en el 2017 y que, a pesar de ello, no actuó.

En la misma dirección, Nakasaki indicó que Jorge Muñoz podría haber cometido el delito de omisión de funciones si acaso hubiera sido notificado sobre la cuestionada orden y no hubiera dado la instrucción para su cumplimiento. “Para que este delito alcance al alcalde, tendría que demostrarse que se ha puesto en su conocimiento y que conociendo esto, el alcalde no dio esa orden, entonces habría omisión y un incumplimiento”, señaló el penalista.

Es crucial entender que el Código Procesal Penal peruano, en su artículo 377, aborda las causales de los delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Este artículo establece claramente que “el funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa”. Nakasaki puntualizó que, dado que no hubo muertes en el incendio, cualquier responsabilidad penal del alcalde sería por omisión, siempre y cuando se demostrara que tuvo conocimiento particular de los actos de fiscalización y las órdenes pendientes. “En todos los casos, siempre va a necesitarse que el alcalde tenga este conocimiento particular porque hay áreas que se encargan de este tema”, añadió.

La opinión de Nakasaki no fue la única. La congresista de la bancada de Renovación Popular, Norma Yarrow, también consideró que Muñoz sí habría faltado a su deber. “Lo que he visto en Mesa Redonda en estos días de visitas inopinadas de una gran cantidad de gente. No había ningún tipo de protocolo en cuanto a seguridad. Yo creo que acá sí el alcalde (Jorge Muñoz), como cualquier administrador de la ciudad, tiene una responsabilidad por las cosas ocurridas”, manifestó Yarrow, reforzando la percepción de una responsabilidad política directa. Este incidente llevó a que Jorge Muñoz acudiera el miércoles 5 de enero de 2022 a responder por lo sucedido ante la comisión de Descentralización del Congreso, subrayando la seriedad con la que el poder legislativo tomó el asunto.

El Manejo Político Actual de los Desastres: Una Visión Crítica

Más allá de casos específicos, la forma en que los desastres son abordados desde la esfera política es un tema de constante debate. Según el análisis de Macías (2015), el manejo político que se le da a los desastres actualmente, a menudo continúa viendo al fenómeno natural o la emergencia solo en su parte destructora, dejando fuera las causas de fondo. Esta perspectiva limitada tiene implicaciones profundas para la prevención y la verdadera resiliencia de las comunidades.

Cuando el enfoque se centra exclusivamente en la respuesta post-desastre (rescate, ayuda humanitaria, reconstrucción), se ignora la raíz del problema. En el caso de Mesa Redonda, las “causas de fondo” incluyen la proliferación de la informalidad, la falta de fiscalización efectiva a lo largo del tiempo, la corrupción que permite la construcción y operación ilegal de inmuebles, y una planificación urbana deficiente que no anticipa ni mitiga los riesgos. Si un desastre es el resultado de la acumulación de estas deficiencias estructurales, entonces la responsabilidad política no se limita a la omisión en un momento puntual, sino a la falta de una política integral y proactiva de gestión de riesgos.

Un enfoque político más maduro y efectivo en la gestión de desastres debería trascender la mera reacción. Implica una inversión significativa en prevención, lo que incluye la aplicación rigurosa de códigos de construcción, la fiscalización constante de negocios y estructuras, la educación pública sobre seguridad y autoprotección, y el desarrollo de infraestructuras resilientes. Además, requiere transparencia y una rendición de cuentas clara cuando se detectan fallas, para asegurar que los errores del pasado no se repitan.

La crítica de Macías subraya que, si bien la respuesta inmediata es crucial, la verdadera medida de una buena gestión política de desastres reside en su capacidad para abordar las vulnerabilidades preexistentes. Esto significa pasar de una cultura de reacción a una cultura de prevención y resiliencia, donde la política pública se anticipe a los riesgos en lugar de simplemente responder a las tragedias.

Preguntas Frecuentes sobre la Policía y la Responsabilidad en Desastres

A continuación, respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre el rol de la policía y la responsabilidad política en situaciones de desastre.

¿Cuál es la principal función de la policía en un desastre?

La principal función de la policía en un desastre es garantizar la seguridad y el orden público, proteger vidas y propiedades, y facilitar las operaciones de emergencia. Esto incluye la evacuación de personas, el control de acceso a zonas peligrosas, la gestión del tráfico y la prevención de delitos como el saqueo.

¿Con quién debe cooperar la policía en emergencias?

La policía debe cooperar estrechamente con Protección Civil, bomberos, servicios de salud, fuerzas armadas (si aplica), y otras agencias de respuesta a emergencias. Esta cooperación interinstitucional es vital para una respuesta coordinada y efectiva.

¿Qué es el delito de omisión de funciones?

El delito de omisión de funciones, según el Código Penal en muchos países (como el artículo 377 en Perú), se refiere a la acción de un funcionario público que, de manera ilegal, omite, rehúsa o retarda algún acto que le corresponde por su cargo. Para que se configure este delito, generalmente se requiere que el funcionario tuviera conocimiento de su deber y aun así decidiera no cumplirlo.

¿Cómo se aplica el Artículo 377 del Código Penal en casos de desastre?

El Artículo 377 del Código Penal (en el contexto peruano) se aplicaría si se demuestra que un funcionario público, como un alcalde, tenía conocimiento de una situación de riesgo (por ejemplo, una orden de demolición no ejecutada) y, a pesar de ello, omitió, rehusó o retardó las acciones necesarias para corregirla, contribuyendo indirectamente a un desastre. La penalidad suele ser privativa de libertad y multas, dependiendo de la gravedad y las consecuencias.

¿Qué significa que un desastre tiene un "responsable político"?

Un "responsable político" en un desastre se refiere a una autoridad o funcionario que, debido a su posición y deberes, es considerado culpable por acción o inacción que contribuyó a la ocurrencia o la gravedad de la catástrofe. Esto puede implicar desde la falta de cumplimiento de normas de seguridad hasta la omisión de fiscalización o la no ejecución de órdenes que podrían haber prevenido el desastre.

¿Por qué es importante considerar las "causas de fondo" de un desastre?

Es importante considerar las "causas de fondo" porque los desastres a menudo no son solo el resultado de un evento natural, sino de vulnerabilidades preexistentes creadas por la informalidad, la falta de planificación, la corrupción o la ineficiente aplicación de la ley. Abordar estas causas subyacentes es crucial para la prevención y para construir una resiliencia a largo plazo, en lugar de solo reaccionar a la destrucción.

En conclusión, el rol de la policía en la gestión de desastres es indispensable, operando como un pilar de seguridad y orden en los momentos más críticos. Su labor, coordinada con otros organismos de emergencia, salva vidas y mitiga el impacto inmediato de las tragedias. Sin embargo, la efectividad de esta respuesta se ve intrínsecamente ligada a la responsabilidad política. Cuando las omisiones y la falta de cumplimiento de las normas por parte de las autoridades se convierten en un factor contribuyente a la magnitud de un desastre, la sociedad exige una rendición de cuentas. Es imperativo que los líderes políticos asuman un enfoque integral que no solo reaccione ante la calamidad, sino que invierta en prevención, fiscalización y el abordaje de las causas profundas de la vulnerabilidad. Solo así se podrá construir una sociedad más segura y resiliente frente a los desafíos que plantean los desastres, garantizando que la tragedia no sea el resultado de la negligencia, sino de circunstancias verdaderamente imprevisibles.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a Policía en Desastres: Rol Clave y Cuestión Política puedes visitar la categoría Seguridad.