27/06/2024
La reciente disposición del presidente Lenín Moreno, que plantea la eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. Lo que a primera vista podría parecer una medida de optimización estatal, para activistas y especialistas en derechos humanos, representa un preocupante “retroceso en materia de derechos humanos” y una amenaza directa a la estabilidad del sistema penitenciario del país. La incertidumbre sobre qué entidad asumirá las vitales funciones de este ministerio genera un profundo debate sobre el futuro de la justicia y la seguridad en Ecuador.
Un Ministerio Nacido de la Necesidad: Contexto y Funciones
El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos no fue una creación arbitraria; surgió el 14 de noviembre de 2007, bajo la administración del expresidente Rafael Correa, con un propósito claro: centralizar y especializar la gestión de áreas cruciales que, hasta entonces, se encontraban dispersas o subatendidas. Antes de su creación, por ejemplo, la rectoría del complejo sistema penitenciario recaía en el Ministerio de Gobierno (hoy del Interior), una entidad con un enfoque más amplio en la administración pública y la seguridad ciudadana general. La transferencia de esta responsabilidad al nuevo Ministerio de Justicia buscaba una gestión más técnica, enfocada en la rehabilitación y el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.
Entre sus funciones primordiales, además de la administración carcelaria, se destacaba el impulso y la implementación de mecanismos para la difusión y garantía de los Derechos Humanos en todo el territorio nacional. Con el tiempo, sus responsabilidades se expandieron, abarcando la definición de acuerdos de reparación integral para víctimas de violaciones de derechos humanos y la presidencia del Consejo para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI. Esto le otorgó un rol transversal en la política social y de justicia del Estado, consolidándolo como una institución clave para la protección de las poblaciones más vulnerables y la construcción de una sociedad más justa.
La Alarma de los Expertos: ¿Un Paso Atrás?
La preocupación de figuras como Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente por los Derechos Humanos; Harold Burbano, especialista en derechos humanos; y Julio César Cueva, especialista en derecho penal, es palpable y se centra en el desconocimiento de la entidad que asumirá las competencias del Ministerio de Justicia. El Decreto 491 de Moreno otorga un plazo de 30 días para que la Secretaría Nacional de Planificación y las secretarías General y Jurídica de la Presidencia definan los mecanismos de esta optimización estatal, incluyendo la derivación de las funciones ministeriales. Sin embargo, la falta de claridad en este proceso genera un vacío que podría tener consecuencias nefastas.
“Es un retroceso, sin duda, a un tratamiento especializado y técnico sobre la problemática carcelaria; no hay visos de que haya una entidad, como el Ministerio de Justicia, como lo señala la ley…”, advierte Navarrete. Esta visión es compartida por Burbano, quien señala que, incluso con el Ministerio de Justicia activo, problemas endémicos dentro de las cárceles –como las extorsiones relacionadas con los cambios de pabellones– no se han resuelto del todo. La desaparición de esta cartera de Estado, por tanto, no haría más que agravar una situación ya de por sí precaria.
La existencia de un Ministerio de Justicia era vista como un pilar fundamental para el cumplimiento de la Constitución y la garantía de los derechos humanos. Por ello, la posibilidad de que sus funciones sean transferidas al Ministerio del Interior es fuertemente rechazada por estos expertos, quienes ven en ello un riesgo inminente para la dignidad y seguridad de las personas privadas de libertad.
La Controversial Fusión: Policía y Cárceles
El núcleo de la controversia radica en la posible fusión de los cuerpos de agentes penitenciarios con la Policía Nacional. La razón esgrimida para esta medida parece ser la reducción de costos, una lógica que, según los especialistas, podría tener un costo humano incalculable. Harold Burbano expresa con vehemencia que “se quiere reducir costos y en ese sentido se ha escuchado a varios miembros del Ministerio del Interior que se va a juntar tanto el cuerpo de agentes penitenciarios con la Policía, y esto desde el punto de vista de los derechos humanos es preocupante…”.
Julio César Cueva, por su parte, disiente de esta posible fusión, enfatizando una diferencia crucial: el entrenamiento de ambos grupos de uniformados es fundamentalmente distinto. Mientras la Policía está preparada para combatir la delincuencia en las calles, para la Represión de manifestaciones y la persecución de delitos, los agentes penitenciarios poseen una Especialización orientada a la gestión de un Sistema Penitenciario, lo que implica custodia, seguridad interna, y, fundamentalmente, la garantía de los derechos de los internos y la promoción de su Rehabilitación.
¿Policías para Combatir la Delincuencia en las Cárceles? Un Análisis de Competencias
La pregunta central de este debate es si un policía, cuyo entrenamiento está enfocado en la contención de la delincuencia en el espacio público, es el perfil idóneo para asumir las complejas responsabilidades dentro de un centro de privación de libertad. La respuesta de los expertos es un rotundo no, y sus argumentos son contundentes.
El entrenamiento de un agente de policía se centra en tácticas de intervención rápida, uso de la fuerza proporcional para el control de disturbios o la aprehensión de sospechosos, investigación criminal y mantenimiento del orden público. Su misión es proteger a la ciudadanía de amenazas externas, a menudo con un enfoque reactivo y de confrontación. Este tipo de formación, si bien es vital para la seguridad ciudadana, no se alinea con las particularidades y sensibilidades de un ambiente carcelario.
Por otro lado, el agente penitenciario está capacitado para la gestión de una población cautiva, lo que implica habilidades en mediación de conflictos internos, conocimiento de los derechos de las personas privadas de libertad, protocolos de seguridad específicos para el control de pabellones, detección de riesgos internos, y, crucialmente, la capacidad de fomentar un ambiente que propicie la rehabilitación y la reinserción social. Su rol no es combatir a los internos como si fueran delincuentes en las calles, sino custodiarlos y velar por su integridad dentro de un marco legal y de derechos humanos.
Las consecuencias de aplicar una lógica de “combate a la delincuencia” dentro de las cárceles podrían ser catastróficas. Cueva lo ilustra con un ejemplo reciente: “Vas a tener policías que están preparados para reprimir manifestaciones y dentro de las cárceles tal vez sirvan por un motín, pero con policías preparados para combatir la delincuencia puede ocurrir lo que pasó ayer (jueves pasado, en Mascarilla, Imbabura), que un policía le disparó a una persona por la espalda…”. Este incidente, donde un uso desproporcionado de la fuerza por parte de un agente policial resultó en la muerte de una persona, subraya los peligros de extender una formación de combate a escenarios que requieren un enfoque distinto.
Dentro de los centros penitenciarios, los problemas son de naturaleza diferente a los de la calle: hacinamiento, falta de servicios básicos, pugnas de poder entre grupos internos, problemas de salud mental, y la necesidad de programas educativos y laborales. Un policía sin la formación adecuada en derechos humanos y gestión penitenciaria podría recurrir a la fuerza excesiva, generar más violencia, propiciar abusos y, en última instancia, desmantelar cualquier esfuerzo de rehabilitación. La confianza entre internos y autoridades es ya frágil; una militarización o policialización del sistema penitenciario podría destruirla por completo.
Para ilustrar mejor las diferencias fundamentales en el entrenamiento y el rol, podemos comparar las características de ambos cuerpos:
| Característica | Policía Nacional (Entrenamiento Tradicional) | Agente Penitenciario (Entrenamiento Especializado) |
|---|---|---|
| Misión Principal | Mantener el orden público, prevenir y combatir el delito, aprehensión de infractores. | Custodia y seguridad interna de centros penitenciarios, rehabilitación, garantía de derechos de los internos. |
| Enfoque de Operación | Intervención en el exterior, respuesta a emergencias, patrullaje, investigación criminal. | Gestión de poblaciones internas, mediación, prevención de conflictos internos, control de acceso y egreso. |
| Uso de la Fuerza | Basado en la necesidad de repeler amenazas externas y mantener el orden público, con énfasis en la detención y la defensa. | Estrictamente regulado para el control interno de motines o agresiones, con énfasis en la desescalada y la protección de internos. |
| Relación con Individuos | Ciudadanos en general, sospechosos, víctimas, delincuentes en la vía pública. | Personas privadas de libertad (PPL), con un enfoque en su custodia, derechos y proceso de reinserción. |
| Capacitación Específica | Tácticas de combate, uso de armas de fuego, investigación, manejo de multitudes, leyes penales, primeros auxilios. | Seguridad penitenciaria, derechos humanos en contextos de privación de libertad, psicología carcelaria, manejo de crisis en prisión, mediación, programas de rehabilitación. |
| Riesgos Principales | Enfrentamientos armados, delincuencia organizada, violencia callejera, desórdenes públicos. | Motines internos, fugas, conflictos entre internos, problemas de salud y bienestar de PPL, riesgos de autolesiones. |
El Futuro Incierto y la Necesidad de Especialización
Aunque la preocupación es alta, Gina Godoy, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia, ha señalado que la fusión con el Ministerio del Interior no ha sido confirmada por el presidente Moreno. “Todavía no hay ningún decreto de parte del presidente tomando decisiones de a dónde se remiten las competencias de Justicia”, afirmó. Esta declaración ofrece un respiro, pero no elimina la incertidumbre ni la necesidad de un debate profundo sobre la mejor forma de gestionar la justicia y el sistema penitenciario.
La experiencia internacional y las mejores prácticas en materia de derechos humanos sugieren que la gestión penitenciaria debe ser una función altamente especializada, separada de las fuerzas policiales tradicionales. La Rehabilitación y la reinserción social de los internos requieren un enfoque humano, técnico y multidisciplinario que va más allá de la mera custodia o el combate al delito.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué fue creado el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos?
Fue creado en 2007 con el objetivo de centralizar y especializar la rectoría del sistema penitenciario, impulsar la difusión de derechos humanos y gestionar otras responsabilidades relacionadas con la justicia y la igualdad, que antes estaban dispersas en otras carteras de Estado.
¿Cuáles eran las principales funciones de este Ministerio?
Sus funciones incluían la rectoría del sistema penitenciario, la implementación de mecanismos de difusión de derechos humanos, el establecimiento de acuerdos de reparación integral para víctimas de violaciones de derechos humanos, y la presidencia del Consejo para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI.
¿Por qué están preocupados los activistas de derechos humanos por su posible eliminación?
Temen un “retroceso en materia de derechos humanos” debido a la posible pérdida de un enfoque especializado y técnico en la gestión carcelaria y la protección de derechos, así como la incertidumbre sobre qué entidad asumirá estas funciones vitales.
¿Cuál es la controversial propuesta respecto a la Policía y el sistema penitenciario?
La propuesta que genera mayor controversia es la transferencia de las funciones del Ministerio de Justicia al Ministerio del Interior, lo que podría implicar la fusión del cuerpo de agentes penitenciarios con la Policía Nacional, bajo la premisa de reducir costos.
¿Cómo difiere el entrenamiento policial del de los agentes penitenciarios?
El entrenamiento policial se enfoca en el combate a la delincuencia, la represión de disturbios y el mantenimiento del orden público en el exterior. El entrenamiento de los agentes penitenciarios se especializa en la custodia, seguridad interna, mediación de conflictos y garantía de derechos de las personas privadas de libertad, con un enfoque en la rehabilitación dentro de los centros penitenciarios.
¿Cuáles son los posibles riesgos de fusionar estos roles para los derechos humanos en las cárceles?
Los expertos advierten sobre el riesgo de un uso desproporcionado de la fuerza, la aplicación de tácticas de combate en un entorno que requiere gestión humana, el aumento de violaciones a los derechos humanos, y la dificultad para implementar programas de rehabilitación, dada la diferencia fundamental en el enfoque y la capacitación de ambos cuerpos.
Conclusión
La posible eliminación del Ministerio de Justicia en Ecuador y la subsiguiente fusión de funciones con el Ministerio del Interior, particularmente en lo que respecta al Sistema Penitenciario, representa un desafío crítico. Si bien la optimización estatal es una meta válida, no debe comprometer la Especialización necesaria para la protección de los Derechos Humanos y la gestión adecuada de las cárceles. La distinción entre una fuerza policial orientada a la Represión del delito en el exterior y un cuerpo penitenciario enfocado en la custodia y Rehabilitación interna es fundamental. La decisión final del gobierno ecuatoriano será determinante para el futuro de la justicia y la dignidad humana en el país.
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