21/09/2023
En el corazón de la Amazonía peruana, específicamente en la región San Martín, se libra una batalla silenciosa pero brutal. Comunidades indígenas como Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku, habitadas por el valeroso pueblo Kichwa, se enfrentan a una creciente ola de violencia, deforestación y el implacable avance del narcotráfico. Lo que comenzó como la detección de la pérdida de bosque mediante imágenes satelitales, revelaría una compleja red de amenazas, invasiones territoriales y un clamor desesperado por la presencia del Estado.
La situación en el Bajo Huallaga ha escalado a niveles críticos, donde la vida de los defensores de la tierra pende de un hilo. En este contexto de vulnerabilidad y lucha, instituciones como la Defensoría del Pueblo emergen como un faro de esperanza, aunque sus acciones a menudo se vean limitadas por la inmensidad del problema y la complejidad del terreno. Este artículo profundiza en los desafíos que enfrentan estas comunidades, el rol de la Defensoría del Pueblo y la urgente necesidad de una respuesta estatal efectiva.
La Amazonía Bajo Amenaza: El Caso de Huimbayoc
El año 2018 marcó un punto de inflexión para los ronderos kichwa de Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku. Un descubrimiento inesperado en sus tierras, ubicadas en el Bajo Huallaga, puso al descubierto el inicio del cultivo de coca a gran escala, trascendiendo el uso tradicional de la planta. A la ya latente amenaza de la tala indiscriminada y la desestabilización comunitaria por la entrada de colonos, se sumó el terror del narcotráfico. Las cifras no mienten: 990 alertas de deforestación obtenidas de Global Forest Watch revelan la magnitud de la devastación.
“¡No sabemos qué más hacer! Vemos cómo se terminan los bosques en la Amazonía con impotencia y por defenderlos, nuestras vidas corren peligro”, narra un comunero kichwa, reflejando el ascenso de la violencia desde entonces. Los parches de deforestación detectados entre 2020 y 2021 son una clara señal de la perturbación que sufre el ecosistema y la vida de sus habitantes. El informe de DEVIDA de 2019 ya confirmaba la existencia de cultivos de coca en zonas cercanas al Parque Nacional Cordillera Azul, donde se ubica Huimbayoc, distrito al que pertenecen estas comunidades, con un promedio de 224 hectáreas de hoja de coca detectadas en 2019. La pandemia solo ha acelerado este crecimiento ilegal, según denuncias de dirigentes como Marisol García de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha).
¿Quién es el coordinador de la Defensoría del Pueblo en Huimbayoc?
Una de las preguntas clave en esta compleja situación es quién coordina los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo en la zona. Según la información disponible, el coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto, capital de la región San Martín, es Santiago Tamay. Es desde este módulo que se gestionan y solicitan garantías ante la Prefectura del distrito de Huimbayoc para la vida de los dirigentes que se encuentran amenazados en las comunidades. Aunque no existe un coordinador específico para Huimbayoc, la labor de Santiago Tamay y su equipo es crucial para las comunidades de la zona, incluyendo Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku, que dependen de esta oficina regional para sus gestiones y denuncias.
La Lucha Desigual de las Comunidades Kichwa
Santa Rosillo de Yanayaku: Presa del Narcotráfico
Reconocidos como pueblo indígena por el Ministerio de Cultura, los Kichwa de San Martín, tradicionalmente dedicados a la agricultura, caza y artesanía, se encuentran en una lucha constante por la titulación de sus tierras. Wilger Apagueño, presidente de la Fepikecha, subraya que la falta de títulos de propiedad expone a Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku a un peligro inminente ante la avanzada del narcotráfico y los madereros ilegales.
La complejidad de la situación se agrava con la quiebra de la organización comunitaria. La instalación del narcotráfico en zonas abandonadas por el Estado y con bajos ingresos económicos empuja a algunos pobladores a trabajar en el cultivo ilegal de coca, dada la ínfima rentabilidad de productos agrícolas tradicionales. El contraste en los precios es abrumador, como se detalla en la siguiente tabla:
| Producto | Precio por Kilogramo (Abril 2021) |
|---|---|
| Hoja de Coca | 7.50 soles (2 USD) |
| Cacao | 2.50 soles (menos de 1 USD) |
La hoja de coca no solo ofrece mejores ingresos, sino que también arrastra consigo conflictos ambientales y violencia exacerbada. Las imágenes satelitales de Global Forest Watch dentro de Santa Rosillo de Yanayaku revelan 833 alertas de deforestación desde marzo de 2020. Entre agosto y diciembre de 2020, la deforestación se disparó, y se reanudó en mayo de 2021. En las áreas patrulladas por las Rondas Indígenas, se han encontrado árboles caídos, terrenos arrasados, madera cortada y, lo más alarmante, cultivos ilegales de hoja de coca en aumento. Los comuneros relatan la impotencia de ver sus tierras invadidas y su bosque milenario depredado, a pesar de las denuncias y la espera de más de cinco años por la titulación de sus tierras. Especies maderables valiosas como lupuna, aguanillo, misho, mari mari y caupuri están siendo sistemáticamente destruidas, causando un daño irreparable al ecosistema.
Anak Kurutuyaku: Invadida y Arrinconada
La presencia del narcotráfico es cada vez más evidente en Anak Kurutuyaku. Especialistas de la ONG Forest Peoples Programme constataron en mayo la presencia de cultivos ilegales de coca, así como un incremento en el comercio y la proliferación de bares y restaurantes en la zona. Las imágenes satelitales de Mongabay Latam muestran que la deforestación, aunque inicialmente en las afueras, se acerca peligrosamente a los linderos de la comunidad, cercándola. GFW registró 166 alertas de deforestación dentro de la comunidad entre julio de 2020 y junio de 2021, cifra que asciende a 8600 alertas en el área circundante.
Wilger Apagueño de Fepikecha denuncia que los centros poblados cercanos invaden las tierras comunitarias para alquilarlas, destinando estas tierras ilegalmente rentadas al cultivo de coca, estimando ya unas 100 hectáreas. “Lo primero que se ha hecho es tumbar los árboles, deforestar de forma masiva, así cuando ya tienen el terreno limpio empiezan a sembrar coca”, asegura un comunero. Ante este escenario, los Apus de Anak Kurutuyaku han buscado desesperadamente apoyo.
En 2019, con la ayuda de la abogada Cristina del Rosario Gavancho del IDL, denunciaron la invasión y deforestación ante la FEMA de Alto Amazonas Yurimaguas. Sin embargo, la inspección programada para 2020 fue interrumpida por la pandemia, y aún no hay una nueva fecha. Los líderes de Anak Kurutuyaku también han enfrentado la discriminación por parte del alcalde de Huimbayoc, Geyner Silva Macedo, quien públicamente negó la existencia de una lengua indígena en la comunidad, intentando anular su reconocimiento. Santiago Tamay, coordinador de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto, tuvo que intervenir para explicar al alcalde que carecía de facultades para desconocer una comunidad, calificando el hecho como un acto de discriminación. Los pobladores de Anak Kurutuyaku viven con el temor de enfrentamientos y el abandono, con amenazas latentes y la ausencia de apoyo municipal, regional y policial.
El Papel de la Defensoría del Pueblo: Entre la Acción y la Impotencia
La Defensoría del Pueblo, a través de su módulo en Tarapoto coordinado por Santiago Tamay, ha tomado diversas acciones para proteger a las comunidades Kichwa. Se han solicitado garantías de seguridad para los dirigentes amenazados ante la Prefectura del distrito de Huimbayoc, aunque se reconoce que estas no son suficientes dada la distancia y las complicaciones de comunicación. Tamay también confirmó la intervención de la Defensoría ante el alcalde de Huimbayoc para evitar la discriminación y el desalojo de los indígenas.
Sin embargo, las acciones de protección han sido insuficientes. La abogada Cristina del Rosario Gavancho, quien representa a las comunidades, denunció la deforestación ante la Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Alto Amazonas Yurimaguas (FEMA), demostrando con pruebas la pérdida de bosque. La respuesta de la fiscal Vanessa Vela del Águila de Rocha fue que no contaban con el equipo ni el apoyo policial necesario para intervenir en una zona tan conflictiva, donde se presume la existencia de personas armadas. La Fiscalía estima que se necesitarían entre 20 y 30 efectivos policiales, y mientras no se garanticen las condiciones de seguridad, las diligencias permanecen en pausa.
Este Estado Ausente se manifiesta también en la lentitud del proceso de titulación de tierras. William Ríos, funcionario de la Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural del Gobierno Regional de San Martín, señaló que existe un clima hostil y desacuerdos internos sobre la forma de titulación (colectiva vs. individual), lo que impide el avance del proceso. Wilger Apagueño atribuye estas divisiones a colonos que se oponen a la titulación colectiva para parcelar y alquilar tierras al narcotráfico, generando una peligrosa alianza con algunos indígenas kichwa y forzando el silencio de otros.
La Defensoría del Pueblo y la Policía: Un Tema de Competencias
Mientras tanto, en otros contextos, la Defensoría del Pueblo también juega un papel crucial en la clarificación de competencias entre los cuerpos policiales. En España, por ejemplo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha acudido al Defensor del Pueblo para aclarar quién debe custodiar a los presos trasladados desde los centros penitenciarios a juzgados u hospitales. La AUGC sostiene que la Guardia Civil es responsable del traslado interurbano, pero una vez que el recluso llega a destino, la custodia debería ser competencia del cuerpo policial con demarcación en el lugar, es decir, la Policía Nacional en Madrid capital.
La Instrucción 08/09 de la Secretaría de Estado y Seguridad establece que la custodia de los internos fuera de los establecimientos penitenciarios corresponde al cuerpo policial con competencia territorial. Sin embargo, la AUGC denuncia que el Ministerio del Interior incumple esta normativa, obligando a los guardias civiles a asumir custodias que, según ellos, corresponden a la Policía Nacional. Solo en 2018, la Guardia Civil custodió a más de 8.500 personas privadas de libertad en los juzgados de la capital, una labor que debería haber hecho la Policía Nacional, lo que a su vez impide que la Guardia Civil realice más conducciones de presos, vulnerando los derechos de los internos a recibir asistencia sanitaria programada. El Defensor del Pueblo ha admitido la denuncia y ha solicitado información al Ministerio del Interior, destacando su rol de supervisión y defensa de los derechos fundamentales incluso en el ámbito de las operaciones policiales y penitenciarias.
Acciones y Propuestas Insuficientes
La defensora ambiental Marisol García Apagueño ha llevado la problemática de su pueblo ante entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, clamando por la salvaguarda de la vida de los dirigentes amenazados. “No podemos esperar que suceda una tragedia para que se actúe”, advierte.
Aunque Jorge Abrego Hinostroza, coordinador del Equipo de implementación del protocolo de defensores del Ministerio de Justicia, ha indicado que el mecanismo de protección ya se activó para Santa Rosillo y está en trámite para Anak Kurutuyaku, Matias Pérez Ojeda del Arco del Forest Peoples Programme considera que el protocolo no es suficiente. Se requieren acciones concretas como la instalación de una comisaría en Huimbayoc, ya que los comuneros deben viajar horas para denunciar o solicitar protección. El General José Ludeña Condori, director de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, reconoce el crecimiento de actividades ilegales en la Amazonía y la necesidad de mayor apoyo logístico y presupuestal para intervenciones.
En diciembre de 2020, se envió un informe al Congreso de la República, y en marzo, representantes de las comunidades se reunieron con parlamentarios y ministerios. Sin embargo, la respuesta ha sido decepcionante para los pobladores. “No tenemos temor de morir por defender una causa justa. La verdad, estamos cansados, ¿a quién más podemos acudir? A pesar de que nos ignoran, seguimos clamando, no queremos ver cómo se terminan nuestros bosques”, concluye un dirigente kichwa, encapsulando la desesperación y la inquebrantable determinación de su pueblo.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
- ¿Quién es el coordinador de la Defensoría del Pueblo en Huimbayoc?
El coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto, que cubre la jurisdicción de Huimbayoc y otras zonas de San Martín, es Santiago Tamay. No hay un coordinador específico para el distrito de Huimbayoc. - ¿Por qué las comunidades Kichwa están en peligro?
Las comunidades Kichwa están en peligro debido a la invasión de sus territorios por parte de narcotraficantes y taladores ilegales, la expansión de cultivos de coca, las amenazas de muerte a sus líderes, la falta de titulación de sus tierras y la ausencia de una presencia estatal efectiva que garantice su seguridad y derechos. - ¿Qué tipo de actividades ilegales amenazan sus territorios?
Las principales actividades ilegales que amenazan sus territorios son la tala ilegal de especies maderables valiosas y el cultivo ilícito de hoja de coca, que a su vez trae consigo la presencia de grupos armados, sicarios y la construcción de infraestructura clandestina como pistas de aterrizaje. - ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo para ayudar?
La Defensoría del Pueblo, a través de su módulo en Tarapoto, ha solicitado garantías de seguridad para los dirigentes amenazados, ha intervenido ante actos de discriminación por parte de autoridades locales y ha instado a la Fiscalía y la Policía a actuar, aunque reconociendo las limitaciones en la efectividad de estas acciones sin un mayor apoyo y recursos. - ¿Por qué la titulación de tierras es tan importante?
La titulación de tierras es crucial porque otorga a las comunidades un reconocimiento legal de su propiedad territorial, lo que les permite tener un mayor control sobre sus tierras, defenderlas de invasiones y actividades ilegales, y fortalecer su organización comunitaria frente a amenazas externas. La falta de titulación los deja vulnerables y sin respaldo legal para sus reclamos.
La situación en Huimbayoc es un crudo recordatorio de la fragilidad de la Amazonía y de la urgente necesidad de proteger a quienes la habitan y defienden. Las comunidades Kichwa, con sus Rondas Indígenas, son la primera línea de defensa de un ecosistema vital para el planeta. Sin embargo, su valentía no puede suplir la inacción de un Estado Ausente. La Defensoría del Pueblo, aunque comprometida, necesita que sus llamados a la acción sean escuchados y respaldados por intervenciones concretas y sostenidas de todas las instituciones competentes. Solo así se podrá revertir la devastación y garantizar la vida y la cultura de estos pueblos ancestrales, cuya existencia está intrínsecamente ligada a la salud de nuestra Amazonía.
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