Uso de Armas: Poder y Responsabilidad Policial

La seguridad ciudadana es una de las mayores preocupaciones en cualquier sociedad. En este contexto, el rol de la Policía Nacional es fundamental, y una de las preguntas que más inquietud genera es: ¿cuándo pueden los efectivos policiales usar sus armas de fuego? La respuesta no es simple y está estrictamente regulada por normativas que buscan equilibrar la protección de la vida de los ciudadanos y de los propios agentes, con el respeto a los derechos humanos.

Paralelamente, el incremento de la violencia y la sofisticación del crimen organizado han llevado a un debate constante sobre la necesidad de que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional. Este es un tema complejo que toca fibras constitucionales y operativas, planteando interrogantes sobre los límites de cada institución y la mejor estrategia para garantizar la paz y el orden público.

El Marco Legal del Uso de la Fuerza Policial en Perú

El uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) está rigurosamente establecido para garantizar que su actuación se enmarque dentro de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La normativa clave que rige este aspecto es el Decreto Supremo Nº 012-2016-IN, el cual fue publicado en el diario oficial El Peruano y aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1186. Este reglamento es la base que faculta y, a la vez, limita la acción policial en situaciones de riesgo.

El objetivo principal de esta regulación es proporcionar a los agentes policiales un marco claro para la toma de decisiones en momentos críticos, asegurando que el uso de la fuerza, especialmente la letal, sea siempre el último recurso y solo bajo circunstancias extremas. Es un documento que no solo empodera a la policía con las herramientas necesarias para cumplir su deber, sino que también les impone una gran responsabilidad en cada acción.

Cuándo un Policía Puede Usar su Arma de Fuego

El reglamento es explícito en las situaciones en las que un efectivo policial puede hacer uso de su arma de reglamento. Estas condiciones están diseñadas para proteger la vida y la integridad física, tanto de los agentes como de terceros, frente a amenazas graves. No es una decisión arbitraria, sino una respuesta a escenarios específicos y peligrosos.

• Amenaza seria para la vida: Los efectivos policiales están facultados a usar sus armas cuando se enfrentan a una situación que implique una seria amenaza para la vida de ellos mismos o de otras personas durante la comisión de un delito particularmente grave. Esto significa que la situación debe ser de extrema peligrosidad y el delito cometido debe ser de magnitud considerable.
• Defensa propia o de terceros: El uso del arma es permitido para la defensa propia o para proteger la vida de otras personas en caso de un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. La clave aquí es la inminencia del peligro y la severidad de las posibles consecuencias. No se trata de un riesgo potencial a futuro, sino de una amenaza que está a punto de materializarse.
• Insuficiencia de medidas menos extremas: El reglamento subraya que el uso del arma de fuego solo es válido cuando medidas menos extremas o no letales resulten insuficientes o sean inadecuadas para controlar la situación. Esto refuerza el principio de proporcionalidad, donde la fuerza letal es el último recurso.
• Resistencia que genere peligro: Si una persona infractora ofrece resistencia que genera un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al momento de ser detenida, el efectivo policial puede hacer uso de su arma. La resistencia no es solo física, sino cualquier acción que ponga en riesgo la vida.
• Riesgo en la huida del infractor: Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por un infractor que, en su huida, genere un riesgo evidente, manifiesto e inmediato capaz de causar lesiones graves o muerte, el uso del arma también está justificado. Esto busca evitar que un delincuente en fuga ponga en peligro a inocentes.

Limitaciones y Consideraciones Cruciales

A pesar de las facultades otorgadas, la norma establece limitaciones claras para evitar el abuso de la fuerza. Es crucial entender que no todo intento de evasión o resistencia justifica el uso de fuerza letal.

• No se usará fuerza letal contra evadidos sin riesgo: En ningún caso se usará la fuerza letal contra quien, encontrándose intervenido, detenido, retenido o recluido, evada la acción de la autoridad, siempre y cuando esta acción no represente un riesgo letal para otras personas. Esto protege a los detenidos que intentan escapar sin poner en peligro a otros.
• Advertencia previa: Generalmente, se debe dar una advertencia clara antes de usar el arma de fuego, a menos que esta advertencia creara un riesgo de muerte o lesiones graves para los efectivos policiales u otras personas, o la advertencia resultara evidentemente inadecuada o inútil. En esos casos excepcionales, el arma de fuego se empleará directamente.

Este Decreto Supremo, refrendado en su momento por el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y por el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, es un pilar fundamental en la actuación policial, buscando un equilibrio entre la eficacia en el combate al crimen y el respeto a los derechos fundamentales.

La Necesidad del Apoyo Militar a la Policía: Un Debate Constitucional

En un escenario donde las organizaciones delictivas del narcotráfico libran una guerra abierta por el control territorial, la capacidad de la Policía Nacional a menudo se ve superada. Esta situación ha llevado a un clamor popular por el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en tareas de seguridad interna, lo que abre un debate complejo sobre los roles constitucionales de cada institución.

La Constitución es clara en el Artículo 158: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial… La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”. Esta distinción es crucial y sienta las bases de la discusión.

Principios del Uso Progresivo de la Fuerza por la Policía

La Policía Nacional, en sus operaciones antidelincuenciales, aplica el uso progresivo de la fuerza bajo principios estrictos:

• Legalidad: Toda acción debe estar amparada por la Constitución y las leyes.
• Necesidad: El uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario, determinado por un análisis de inteligencia que identifique la probabilidad de la amenaza.
• Proporcionalidad: La fuerza empleada debe ser proporcional a la magnitud de la violencia o resistencia enfrentada. Sin embargo, algunos argumentan que frente a la violencia extrema, este concepto debería flexibilizarse para permitir una mayor fuerza de neutralización.
• Rendición de Cuentas: Los agentes de seguridad del Estado deben rendir cuentas ante la justicia. No obstante, se plantea la necesidad de que fiscales, jueces y activistas de derechos humanos pongan en la balanza también las acciones y la peligrosidad de los delincuentes.

Roles y Responsabilidades: Policía vs. Fuerzas Armadas

Aunque la Constitución no faculta a las Fuerzas Armadas para actuar en el orden público, la realidad de la criminalidad ha llevado a su intervención en cumplimiento de decretos ejecutivos. Esto ha ocurrido en momentos de crisis donde la violencia superaba la capacidad policial.

La diferencia fundamental radica en su misión principal y su entrenamiento. La Policía está entrenada para el mantenimiento del orden público y la investigación criminal, aplicando el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Las Fuerzas Armadas, en cambio, están preparadas para la defensa nacional, el combate y la guerra, con un enfoque en la neutralización de amenazas externas a la soberanía.

Casos Históricos y sus Implicaciones

La historia reciente de algunos países ha mostrado las complejas consecuencias de la intervención militar en asuntos de orden público.

• El 30S (Ecuador): Durante la crisis del 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, las FF.AA. recibieron la disposición de un expresidente para intervenir y restaurar el orden ante el caos policial.
• Octubre de 2019 (Ecuador): Otro expresidente ordenó la intervención militar debido a que la violencia superaba la capacidad policial.

En ambos casos, hubo víctimas y, en la rendición de cuentas, militares que restauraron el orden fueron procesados por supuestas ejecuciones extrajudiciales. Esto genera una percepción de que la balanza de la justicia se inclina a favor de los violentos y agresores, lo que desincentiva la acción contundente.

• Operación Fénix (Colombia y Ecuador): Un ejemplo aún más controvertido fue la incursión de las Fuerzas Armadas Colombianas en territorio ecuatoriano para bombardear y dar muerte a un líder de las FARC. Este acto, justificado por la desconfianza del gobierno colombiano hacia el ecuatoriano por supuestos nexos con las FARC, resultó en condecoraciones para los militares colombianos, mientras que el ataque a la soberanía ecuatoriana no tuvo consecuencias en la justicia de ese país.

Estos hechos obligan a una profunda reflexión sobre la marco legal y constitucional para el uso de las FF.AA. en tareas de seguridad interna. La ausencia de un marco claro expone a los militares a procesos judiciales por acciones que, en el contexto de un conflicto armado contra bandas criminales, podrían considerarse legítimas.

El Desafío Actual y el Futuro de la Seguridad

La guerra entre bandas criminales se desarrolla con una violencia extrema, y los gobiernos se ven obligados a ordenar a las FF.AA. intensificar el control de armas, municiones y explosivos, así como a apoyar a la Policía. La pregunta crucial que surge es: ¿qué pasará si mueren o son heridos bandoleros armados en estas operaciones conjuntas?

Es imperativo que el Gobierno, la Asamblea, el sistema de Justicia y la Corte Constitucional asuman su responsabilidad en la creación de un marco legal robusto y claro para la seguridad del Estado. Dejar de lado los enunciados generales y actuar con precisión legislativa es fundamental. La violencia nos envuelve con el manto del crimen y la impunidad, y sin una legislación que brinde seguridad jurídica a quienes nos protegen, la lucha será aún más desigual.

La necesidad de un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la capacidad efectiva del Estado para combatir el crimen organizado es un desafío constante. La normativa sobre el uso de la fuerza policial y la posible intervención militar debe ser revisada y fortalecida para enfrentar las nuevas realidades delictivas sin desproteger a quienes arriesgan sus vidas por la seguridad de todos.

Preguntas Frecuentes sobre el Uso de la Fuerza Policial y Militar

¿Un policía puede disparar a un delincuente que huye?

Solo si la huida del infractor genera un riesgo real, inminente y actual de causar lesiones graves o muerte a otras personas. Si solo busca evadir la acción de la autoridad sin ese riesgo, el uso de fuerza letal no está permitido.

¿Es obligatorio que la policía dé una advertencia antes de usar su arma de fuego?

Sí, generalmente se debe dar una advertencia clara. Sin embargo, no será obligatoria si la advertencia pusiera en riesgo la vida de los agentes o de terceros, o si la misma resultara inútil o inadecuada por la inmediatez del peligro.

¿Qué significa el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza?

Significa que el nivel de fuerza empleado por la policía debe ser equivalente o ligeramente superior al nivel de resistencia o agresión que enfrenta. No se puede usar fuerza letal si la amenaza puede ser neutralizada con medios menos extremos.

¿Pueden las Fuerzas Armadas reemplazar a la Policía en tareas de seguridad ciudadana?

No, constitucionalmente, la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas pueden brindar apoyo en situaciones excepcionales y bajo decretos ejecutivos, pero no asumen el rol principal de la policía de manera permanente.

¿Qué riesgos enfrentan los militares al intervenir en seguridad interna?

Los militares, al operar bajo un marco legal de defensa nacional y no de orden público, pueden enfrentar procesos judiciales por supuestas extralimitaciones si sus acciones no se ajustan a las normativas de derechos humanos y uso de la fuerza aplicables a civiles, generando incertidumbre y desmotivación.

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