Impulso a la Impunidad Policial en Ecuador

La confianza en las instituciones que deberían velar por nuestra seguridad se desmorona cuando aquellos investidos de autoridad son, paradójicamente, los que quiebran la ley. En Ecuador, la impunidad de los policías que cometen delitos se ha vuelto una realidad palpable y, para muchos, descarada. Casos que conmocionan a la opinión pública, como el de un oficial liberado y reincorporado a patrullar a pesar de graves acusaciones, son la punta del iceberg de un problema estructural que carcome los cimientos de la seguridad ciudadana.

La historia de Jonathan L. es un claro ejemplo de esta preocupante tendencia. Arrestado y puesto en libertad al día siguiente, con la única exigencia de presentarse periódicamente ante la Fiscalía, este oficial no solo evitó la prisión, sino que regresó casi de inmediato a sus labores de patrullaje. ¿La razón? Los recursos internos que buscan su destitución pueden demorar meses y, en la mayoría de los casos, no culminan con la separación definitiva del uniformado. No era la primera vez que Jonathan L. se encontraba en el lado equivocado de la ley; en 2019, ya había sido investigado por la evasión de un detenido, un caso que se archivó sin mayores consecuencias, permitiéndole seguir en funciones en Babahoyo, Los Ríos. Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, es un reflejo de una problemática sistémica que permite la reincidencia y la perpetuación de la impunidad en las filas policiales.

Un Sistema de Puertas Giratorias: La Cruda Realidad de la Impunidad Policial

Las cifras son alarmantes y pintan un cuadro desolador de la situación. Entre 2018 y el primer semestre de 2022, un total de 1.898 policías ecuatorianos fueron apresados por cometer contravenciones o delitos tipificados en el Código Integral Penal. Esto significa que, en promedio, al menos un policía es arrestado cada día en el país. Lo más preocupante, según una investigación de TC Televisión y CONNECTAS, es que el 63% de estos uniformados regresaron a la fuerza después de haber sido detenidos, e incluso, en muchos casos, fueron asignados a nuevas funciones, según datos cruzados entre Asuntos Internos y la Inspectoría General.

Esta ineficiencia en la depuración se hace evidente cada vez que un policía arrestado en delito flagrante no recibe la baja, la sanción más severa que la institución puede imponer. La impunidad de la que gozan estos agentes se vuelve más flagrante porque, increíblemente, no existe una norma que impida que los policías con procesos judiciales abiertos continúen patrullando y llevando el uniforme que, irónicamente, los dota de autoridad. El recuento fáctico de los últimos cuatro años lo confirma: el número de policías detenidos supera con creces al de los destituidos. Más de 1.000 efectivos involucrados en delitos siguen siendo parte activa de la fuerza, a pesar de haber sido aprehendidos y de enfrentar procesos judiciales.

El Laberinto Legal: ¿Por Qué la Depuración Fracasa?

La complejidad del sistema legal y la división de competencias contribuyen significativamente a este ciclo de impunidad. La Dirección de Asuntos Internos, el órgano encargado de la disciplina interna, aclara que su función no es perseguir delitos, ya que esos procesos recaen en la Fiscalía, que dispone de hasta dos años para finalizar una investigación previa. Esta prolongada fase de investigación se convierte en un cuello de botella, especialmente grave si se considera que, según la Inspectoría General, 511 policías ecuatorianos fueron detenidos por delitos relacionados con el crimen organizado en los últimos cuatro años.

La mayoría de los casos vinculados al crimen organizado se estancan precisamente en la etapa de investigación previa. En 2021, apenas el 1,73% de estos procesos lograron superar esta fase inicial y llegar a juicio. Por otro lado, Asuntos Internos se concentra en vigilar el cumplimiento del Código de Entidades de Seguridad (Coescop), que tipifica 66 tipos de faltas (leves, graves y muy graves). Solo las faltas “muy graves” pueden conducir a la destitución de un policía, y la causa más recurrente es la ausencia al trabajo por más de tres días, lo cual, según el exdirector de Asuntos Internos, Ramiro Ortega, se refiere a la privación de la libertad dictada por autoridad competente tras la aprehensión por presunta comisión de delitos. Esto subraya una paradoja: la ausencia por detención es una vía para la destitución, pero el delito subyacente a menudo no lo es.

El propio ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien también fue comandante de la Policía ecuatoriana en 2019, ha reconocido que la ineficiente depuración policial tiene raíces en este código que considera obsoleto. “En las instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se necesita un reglamento disciplinario que mire al servidor como alguien que puede ser cooptado por la presencia de crimen organizado, no como un funcionario más. Ameritan tener un mecanismo disciplinario absolutamente diferente y fortalecido y eso debería tener prioridad absoluta”, manifestó Carrillo. Aunque se trabaja en un nuevo reglamento para desvincular rápidamente a los “malos elementos” y “evitar la sensación de impunidad”, no es la primera vez que se intenta reformar el código de conducta. Los archivos de la Asamblea Nacional guardan al menos otras cuatro propuestas de reforma en los últimos ocho años, ninguna de las cuales ha avanzado más allá de las comisiones asignadas.

La Sombra del Crimen Organizado: Infiltración en las Filas Policiales

La situación se agrava ante la creciente infiltración del crimen organizado en las estructuras policiales. El Gobierno de Guillermo Lasso, consciente de esta realidad, recibió un informe de la Comisión de Intervención de Diálogo Penitenciario y Pacificación que reveló cómo algunos policías actúan como custodios de droga o de caporales en prisión, e incluso participan en labores de extorsión. El ministro Carrillo ha anunciado que la Contraloría emitirá un informe sobre los ‘narcogenerales’ dentro del mando policial ecuatoriano, lo que sugiere una problemática que alcanza los más altos niveles.

Se está gestando un nuevo sistema, fuera de la órbita policial, para asumir la competencia disciplinaria de los uniformados, buscando una autonomía que evite el “falso espíritu de cuerpo”. Sin embargo, la realidad es que, de las más de 30 mil denuncias por supuestas irregularidades cometidas por policías en servicio activo, la Dirección de Asuntos Internos solo destituyó al 2% de los servidores policiales denunciados por ciudadanos en los últimos cuatro años. Un claro ejemplo de la reincidencia es que, a principios de 2022, de 11 policías detenidos, ocho ya contaban con procesos judiciales anteriores por otros delitos o contravenciones.

Las conexiones con el crimen organizado son profundas. Apenas 24 horas después de la detención del policía extorsionador en Babahoyo, otros dos uniformados, Luis I. y Allan A., asignados a vigilar las afueras de la cárcel de Guayaquil, fueron arrestados con 121 municiones y 4 mil dólares en efectivo sin justificar. Al igual que en el caso anterior, fueron liberados con medidas alternativas a la prisión, y ambos siguen en funciones. El delito más recurrente entre los gendarmes arrestados en los últimos cuatro años es precisamente la evasión de presos, seguido de concusión, asociación ilícita, robo, extorsión, narcotráfico, homicidio, tráfico de armas y delincuencia organizada. El caso de una ambulancia cargada con armas y celulares que intentó ingresar a la cárcel de Guayaquil en 2019, implicando a 24 policías, de los cuales solo 9 fueron sancionados por una falta grave y ninguno destituido, ilustra la laxitud de los controles.

Alexandra Zumárraga, exdirectora del sistema carcelario de Ecuador, considera que fue un error encargar a la policía el control de las cárceles, una decisión tomada durante el Gobierno de Lenín Moreno. “Muchos de ellos empiezan a tener una relación más cercana con la delincuencia y es obvio quiénes ingresan las armas de alto calibre a los recintos penitenciarios: los que están como custodios”, explicó. La infiltración ha llegado a tal nivel que, según Zumárraga, existen facciones de la Policía que responden directamente a las bandas que se disputan el control dentro y fuera de las prisiones, como los Choneros y los Tiguerones. Incluso los cárteles mexicanos han contado con la complicidad policial en Ecuador. En 2021, dos cabos de Policía, Marcelo N. y Carlos B., fueron detenidos por asociación ilícita, brindando información reservada y asesoramiento a “alias Fito” de Los Choneros (aliados del Cartel de Sinaloa). En otro operativo, sargentos y cabos de Policía lideraban el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación en Esmeraldas. El Ministro Carrillo ha reconocido que el poder del narcotráfico es superior a los mecanismos de control de la policía.

Más Allá de las Grandes Bandas: Delitos Cotidianos y la Pérdida de Confianza

La impunidad no se limita a los grandes esquemas de crimen organizado. Casos de gran impacto mediático protagonizados por policías que aún no han sido destituidos de la fuerza continúan minando la ya frágil confianza ciudadana. Un uniformado, Luis L., contactó a sicarios y les entregó su arma para asesinar a su propia hija de apenas 8 meses, motivado por una demanda de pensión alimenticia. Otro escándalo reciente fue la participación de más de 300 policías y 130 militares en redes de captación ilegal de dinero como “Big Money”, a menudo utilizadas para financiar bandas narcocriminales, aunque el reporte más reciente de la Inspectoría General solo registra un policía detenido por este motivo en cuatro años.

En las calles, la percepción de seguridad es nula. “Si muestro mi cara en cámara no duraría vivo ni 48 horas”, asegura Iván S., un comerciante que ha presenciado cómo policías cobran “vacunas” de entre 1.000 y 1.500 dólares para evitar ataques de la banda Los Choneros. La lógica lo llevaría a llamar a la patrulla más cercana, pero la evidencia de la infiltración lo ha hecho desistir. “Simplemente ya no confío en la Policía”, dice con el rostro cubierto. Esta indignación es compartida por ciudadanos de Saquisilí, Cotopaxi, donde los residentes detuvieron y golpearon a tres cabos segundos de la Policía, uniformados y en servicio activo, que asaltaron una entidad bancaria. A pesar de ser encontrados con el botín de 10.000 dólares, taladros, una granada y una bomba de aturdimiento, la judicatura los liberó el mismo día, imponiéndoles únicamente la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

Desafíos y Propuestas: ¿Un Futuro con una Policía Confiable?

Aunque el porcentaje de policías separados por faltas graves es ínfimo, registró un aumento sostenido en los últimos cuatro años, creciendo más del 61% de 2018 a 2021. Esto ocurre en un contexto de incremento de la violencia y el crimen organizado en el país. La respuesta del Gobierno ha sido ofrecer una formación exprés para incorporar más policías a los patrullajes. Sin embargo, la exdirectora de Rehabilitación Social, Alexandra Zumárraga, cuestiona esta estrategia: “¿Qué sacas con una policía de 150 mil miembros que están aliados a las mafias? Si no hay depuración, habrá más delincuencia. Asuntos Internos está manejado por policías y ellos se favorecen: son juez y parte”.

El exsecretario de Inteligencia, Mario Pazmiño, añade que los policías son cada vez más permeables a las prácticas extorsivas del crimen organizado debido a su condición salarial. Un miembro de la tropa puede ganar entre 950 y 2.700 dólares mensuales, mientras que los oficiales perciben entre 1.400 y 5.500 dólares. Pazmiño explica la dinámica de la infiltración: “le pueden ofrecer a un policía raso 1000 dólares por no inspeccionar un carro determinado. O acepta, o lo matan”. A pesar de los desafíos, el presidente Lasso ha anunciado una inversión de 1.200 millones de dólares en los próximos tres años para fortalecer a la Policía Nacional y la incorporación de 30.000 policías adicionales, pero sin mencionar un mayor rigor en la depuración policial.

La Dirección Nacional de Asuntos Internos, con sede en Quito, recibe un promedio de cuatro denuncias diarias contra policías. Aunque se inician procesos administrativos que pueden tardar hasta 90 días, la mayoría de estas denuncias iniciales, llamadas requisitorias, “se caen por falta de seguimiento del denunciante”. De las más de 30 mil denuncias, apenas el 13% terminaron en sumarios administrativos, y el porcentaje se reduce drásticamente al 2% si se enfoca en los uniformados que son efectivamente destituidos. Aunque la Fiscalía formule cargos contra un policía, si la autoridad judicial dicta medidas sustitutivas, los agentes pueden seguir trabajando, ya que la decisión administrativa está sujeta al establecimiento de responsabilidades en el ámbito penal. Asuntos Internos solo ha enviado 138 casos de policías involucrados en delitos a la justicia ordinaria en cuatro años, evidenciando que el procedimiento ordinario de detención en flagrancia se mueve más rápido que los controles internos, aunque difícilmente llegan a sentencia.

La captación de las fuerzas del orden es un pilar para las bandas narcocriminales en la región, convirtiendo esto en un problema de proporciones gigantescas. Es responsabilidad de Asuntos Internos realizar evaluaciones de control de confianza (toxicología, psicología, finanzas, polígrafo) y campañas de prevención. Guayaquil, la ciudad más afectada por la inseguridad, también es la que registra la mayor cantidad de policías detenidos, junto con Durán y Samborondón, conformando la Zona 8, la más violenta del país. El ministro Carrillo ha reconocido que la confianza ciudadana en la policía es fundamental para denunciar y combatir la impunidad, una confianza que ha sido “minada indiscutiblemente”.

Preguntas Frecuentes

• ¿Cuántos policías han sido arrestados en Ecuador en los últimos años?
  Entre 2018 y el primer semestre de 2022, 1.898 policías ecuatorianos fueron apresados por cometer contravenciones o delitos, lo que equivale a al menos un arresto diario.
• ¿Por qué los policías acusados de delitos siguen patrullando?
  No existe una norma que impida que los policías con procesos judiciales abiertos continúen en servicio activo. Además, los procesos de destitución interna son lentos y a menudo no culminan en la separación del uniformado.
• ¿Qué es el COESCOP y cómo influye en la depuración policial?
  El Código de Entidades de Seguridad (Coescop) es el marco legal que rige las faltas disciplinarias de los uniformados. Contempla 66 tipos de faltas, pero solo las “muy graves” pueden llevar a la destitución, y la causa más común para esta es la ausencia al trabajo por más de tres días, a menudo relacionada con la privación de libertad por un delito.
• ¿Cómo afecta la infiltración del crimen organizado a la Policía Nacional?
  La infiltración es profunda, con policías actuando como custodios de droga o caporales en prisiones, participando en extorsiones, y colaborando directamente con bandas criminales como Los Choneros y Los Tiguerones, lo que socava la capacidad de la institución para combatir el crimen.
• ¿Qué se está haciendo para mejorar la depuración policial en Ecuador?
  El Gobierno planea una inversión significativa en la Policía Nacional y la incorporación de nuevos agentes. Se está trabajando en un nuevo reglamento disciplinario y en la creación de un sistema externo a la policía para la disciplina de los uniformados, buscando mayor autonomía y objetividad.

La realidad es que las víctimas de los policías que han cruzado la línea y viven del lado equivocado de la ley, a menudo no encuentran el respaldo necesario del sistema de control de los gendarmes. En un país donde el narcotráfico parece permearlo todo, la recuperación de la confianza ciudadana en su policía es un desafío monumental y una tarea urgente para el Estado. Sin una depuración efectiva y una lucha frontal contra la impunidad, la sombra de la delincuencia seguirá proyectándose sobre quienes deberían proteger y servir.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a Impulso a la Impunidad Policial en Ecuador puedes visitar la categoría Policía.