Uso de la Fuerza Policial: Entre la Protección y la Proporcionalidad

El uso de la fuerza por parte del personal policial es un tema de constante debate y vital importancia en cualquier sociedad democrática. Representa una de las expresiones más directas del monopolio del Estado sobre la violencia legítima, ejercida con el fin de garantizar el orden interno, combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos. Sin embargo, este poder inherente a la función policial no es ilimitado; está intrínsecamente ligado a principios fundamentales de derechos humanos y al escrutinio judicial. Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha emitido una sentencia trascendental que aborda precisamente esta delicada intersección, declarando la constitucionalidad de una ley que busca proteger a los agentes, pero al mismo tiempo, reafirmando de manera inequívoca la vigencia del principio de proporcionalidad en cada acción policial.

Esta resolución no solo ha generado un debate público intenso, sino que también establece un marco interpretativo crucial para entender cómo la justicia peruana equilibra la necesidad de dotar a sus fuerzas del orden con las herramientas necesarias para cumplir su deber, con la imperante obligación de salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía. La sentencia del TC, publicada recientemente, ha puesto en el centro de la discusión la Ley 31012, conocida como Ley de Protección Policial, y su impacto en el sistema de justicia y en la percepción de seguridad y derechos en el país.

La Ley de Protección Policial: Un Escudo Legal para los Agentes

La historia de esta sentencia se remonta al 15 de marzo de 2021, cuando el Colegio de Abogados de Huaura interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31012. Esta norma, en esencia, establece que no se podrá dictar detención preliminar o prisión preventiva contra los policías que, en cumplimiento de sus funciones, causen lesiones o muertes al hacer uso de sus armas de fuego o medios de defensa de forma reglamentaria. La intención detrás de esta ley era clara: proporcionar un marco de seguridad jurídica a los agentes que actúan en situaciones de alto riesgo, evitando que un uso legítimo de la fuerza los coloque automáticamente en una situación de privación de libertad mientras se investiga el incidente.

Para los defensores de la ley, esta medida era fundamental para desincentivar la inacción policial por temor a represalias judiciales, permitiendo a los agentes actuar con mayor determinación frente al crimen. Se argumentaba que el proceso penal tradicional, con sus fases de detención y posible prisión preventiva, podía generar un efecto paralizante en la labor policial, especialmente en un contexto de creciente criminalidad y violencia. La ley buscaba reconocer la particularidad de la función policial, donde las decisiones se toman en segundos y bajo presión extrema, y donde un desenlace fatal no implica necesariamente un actuar delictivo si se respetaron los protocolos.

Los Argumentos de la Demanda de Inconstitucionalidad

Sin embargo, la Ley 31012 no estuvo exenta de críticas y objeciones. El Colegio de Abogados de Huaura, al presentar su demanda, argumentó que la norma constituía una seria amenaza para derechos fundamentales como la vida y la integridad física. Sostenían que, al impedir la detención preliminar o la prisión preventiva, la ley interfería directamente con la independencia del sistema de justicia, limitando la capacidad de los fiscales y jueces para investigar y cautelar adecuadamente los casos donde la acción policial resultara en daño o muerte.

Uno de los puntos más álgidos de la demanda era la preocupación de que la ley pudiera generar un "efecto atemorizante e inhibidor para las personas que participen en las protestas", al mismo tiempo que "establece ámbitos de impunidad a la conducta de las fuerzas policiales, pues concede incentivos para el uso excesivo de la fuerza". Esta perspectiva señalaba el riesgo de que la norma fuera interpretada como una licencia para el abuso, debilitando los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre la actuación policial, y potencialmente llevando a una escalada de violencia en contextos de conflicto social.

La Resolución del Tribunal Constitucional: Un Equilibrio Delicado

El Tribunal Constitucional, tras un exhaustivo debate en noviembre del año pasado, se pronunció finalmente sobre la constitucionalidad de la Ley 31012. Su sentencia, respaldada por magistrados como Luz Pacheco, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Hernández, determinó que la ley es, en efecto, constitucional. Sin embargo, esta declaración no fue un cheque en blanco para la actuación policial. El TC estableció una interpretación clave que es fundamental para comprender el verdadero alcance de la norma: el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza de la Policía, está vigente.

Para fundamentar su decisión, el TC recordó una de las funciones esenciales de la Policía Nacional del Perú: combatir la delincuencia y garantizar, mantener y restablecer el orden interno. En este sentido, el Tribunal afirmó que "el uso de la fuerza por parte del personal policial en este contexto constituye una expresión del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, a fin de cumplir funciones constitucionales". Esto subraya la legitimidad de la fuerza como herramienta estatal para proteger a la sociedad.

Respecto a la prohibición de la detención preliminar y la prisión preventiva, el TC se centró en uno de los requisitos fundamentales para dictar esta última: la existencia de "graves elementos de convicción" sobre la comisión de un delito. El Tribunal argumentó que "un actuar legítimo del personal policial, en la medida en que actúe en cumplimiento de sus funciones y utilice su arma de manera reglamentaria, no puede acarrear la existencia de elementos de convicción sobre la existencia de un delito". En otras palabras, si la acción policial se ajusta a la ley y los reglamentos, no hay base para presumir la comisión de un crimen que justifique una medida tan drástica como la privación de libertad durante la investigación. Esto no exime de investigación, sino que establece que la mere ocurrencia de un daño no es, por sí sola, prueba de ilegalidad si la acción fue reglamentaria.

El Principio de Proporcionalidad: La Piedra Angular del Uso de la Fuerza

La interpretación del TC, que recalca la vigencia del principio de proporcionalidad, es el aspecto más relevante de esta sentencia. Este principio es la columna vertebral de cualquier marco legal que regule el uso legítimo de la fuerza por parte de los agentes del orden. No se trata solo de una cuestión ética, sino de una exigencia legal y un estándar internacional en materia de derechos humanos. La proporcionalidad implica que la fuerza empleada debe ser adecuada, necesaria y racional en relación con el objetivo que se persigue y el nivel de amenaza o resistencia que se enfrenta. Se desglosa en varios componentes:

• Necesidad: La fuerza solo debe usarse cuando sea estrictamente necesaria y no existan otros medios menos lesivos para lograr el objetivo legítimo. Si un diálogo o una advertencia son suficientes, no se debe recurrir a la fuerza física.
• Legalidad: Toda acción policial, incluido el uso de la fuerza, debe estar estrictamente amparada por la ley y los reglamentos internos. No hay cabida para la arbitrariedad.
• Legitimidad: El propósito del uso de la fuerza debe ser siempre legítimo, como la defensa propia o de terceros, la protección de bienes, la detención de un delincuente o el restablecimiento del orden público.
• Gradualidad: Los agentes deben aplicar un esquema de progresión de la fuerza, comenzando por los niveles más bajos y escalando solo si la situación lo amerita. Esto implica desde la presencia policial, la verbalización, el control físico, el uso de medios no letales hasta, como último recurso y bajo circunstancias excepcionales, el uso de fuerza letal.
• Racionalidad: La fuerza empleada debe ser razonable en relación con la gravedad de la amenaza o la resistencia. Un agente no puede usar fuerza letal contra alguien que solo opone resistencia pasiva, por ejemplo.

El hecho de que el TC haya insistido en que este principio sigue "vigente" es una salvaguarda crucial. Significa que, si bien la Ley 31012 protege a los policías de medidas cautelares extremas en un primer momento, esta protección no es absoluta ni se traduce en impunidad. Cualquier uso de la fuerza que exceda los límites de la proporcionalidad, la necesidad y la legalidad será objeto de investigación y, en su caso, de sanción. La sentencia no busca liberar a los agentes de su responsabilidad, sino asegurar que la investigación se realice sin prejuicios ni medidas desproporcionadas si su actuación inicial fue reglamentaria.

Implicaciones de la Sentencia del TC

La sentencia del Tribunal Constitucional tiene varias implicaciones importantes:

• Para la Policía: Proporciona un marco de mayor seguridad jurídica para los agentes que actúan legítimamente en situaciones de riesgo. Les da la confianza de que no serán automáticamente detenidos o encarcelados por cumplir con su deber, siempre y cuando se adhieran a los protocolos y principios establecidos, especialmente el de proporcionalidad. Esto podría fomentar una actuación más decidida en la lucha contra el crimen.
• Para los Ciudadanos: Reafirma que sus derechos fundamentales, como la vida y la integridad, siguen protegidos y que el uso de la fuerza policial no es arbitrario. La insistencia en la proporcionalidad asegura que la acción policial esté sujeta a límites claros y que cualquier abuso será susceptible de investigación y sanción. No es una licencia para el uso indiscriminado de la fuerza.
• Para el Sistema de Justicia: Clarifica los criterios para la aplicación de medidas cautelares en casos que involucran a policías. Los fiscales y jueces deberán evaluar si existen "graves elementos de convicción" de un delito, lo que implica determinar si el uso de la fuerza fue o no reglamentario y proporcional. La investigación sigue siendo obligatoria y exhaustiva.

Esta sentencia busca un equilibrio entre el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos a través de sus fuerzas del orden y la obligación de garantizar que estas fuerzas actúen dentro de un estricto marco de respeto a los derechos humanos. No se trata de crear un ámbito de impunidad, sino de reconocer la complejidad y el riesgo inherente a la labor policial, incentivando su eficacia sin sacrificar la rendición de cuentas.

Preguntas Frecuentes sobre el Uso de la Fuerza Policial y la Sentencia del TC

¿Qué es el uso reglamentario de la fuerza por parte de la policía?

El uso reglamentario de la fuerza se refiere a la aplicación de la fuerza por parte de los agentes policiales de acuerdo con las leyes, normativas internas y protocolos de actuación establecidos. Esto implica que la fuerza debe ser necesaria, proporcional al nivel de la amenaza o resistencia, gradual, y utilizada solo cuando otros medios menos restrictivos hayan fallado o no sean efectivos. Incluye el uso de armas de fuego como último recurso y bajo criterios estrictos.

¿La Ley 31012 permite a los policías usar la fuerza excesiva sin consecuencias?

No. Aunque la Ley 31012 prohíbe la detención preliminar o prisión preventiva para policías que causen lesiones o muertes en el uso reglamentario de la fuerza, el Tribunal Constitucional ha interpretado que el principio de proporcionalidad sigue plenamente vigente. Esto significa que cualquier uso de la fuerza que sea desproporcionado, innecesario o ilegal será investigado y puede acarrear responsabilidades penales. La ley protege el actuar legítimo, no el abuso.

¿Qué significa que el principio de proporcionalidad esté "vigente"?

Significa que la acción policial debe cumplir con los criterios de necesidad (absolutamente indispensable), legalidad (amparada en la ley), legitimidad (con un fin válido) y racionalidad (adecuada a la amenaza). Los agentes deben aplicar la fuerza de manera gradual, usando el nivel mínimo indispensable para controlar la situación. Si un policía excede estos límites, su acción deja de ser "reglamentaria" y, por lo tanto, no estaría amparada por la protección de la Ley 31012 en cuanto a las medidas cautelares.

¿Qué derechos tienen los ciudadanos frente al uso de la fuerza policial?

Los ciudadanos tienen derecho a la vida, a la integridad física, a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a la libertad. El uso de la fuerza policial debe respetar estos derechos fundamentales. En caso de considerar que un agente ha hecho un uso excesivo o ilegítimo de la fuerza, los ciudadanos tienen derecho a denunciar y a que se investigue el incidente de manera imparcial y exhaustiva.

¿Cómo se determina si el uso de la fuerza fue "reglamentario" o no?

Esta determinación recae en la investigación fiscal y judicial. Se evalúan factores como la capacitación del agente, las circunstancias del incidente (nivel de amenaza, resistencia), los protocolos de actuación vigentes, si se siguieron los niveles de gradualidad de la fuerza, y si la acción fue proporcional a la situación. La ausencia de "graves elementos de convicción" de un delito, tal como lo establece el TC, implica que la investigación inicial debe determinar si la acción se ajustó a los parámetros reglamentarios.

¿Esta sentencia dificulta la investigación de abusos policiales?

La sentencia del TC no impide la investigación de posibles abusos policiales. Lo que hace es modular la aplicación de las medidas cautelares de detención preliminar y prisión preventiva, exigiendo que existan "graves elementos de convicción" de un delito para su imposición. Esto implica que la investigación debe avanzar y determinar si la acción fue o no reglamentaria. Si se comprueba un uso excesivo o ilegítimo de la fuerza, el agente será procesado y podrá ser sancionado, sin importar la existencia de la Ley 31012.

Conclusión

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 31012 representa un esfuerzo por establecer un marco legal que, por un lado, brinde seguridad y confianza a los miembros de la Policía Nacional en el cumplimiento de su delicada y riesgosa labor, y por otro, garantice la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al declarar la constitucionalidad de la ley pero, al mismo tiempo, enfatizar la plena vigencia del principio de proporcionalidad, el TC ha trazado una línea clara: la protección al agente es para el uso legítimo de la fuerza, no para el abuso. Esta decisión refuerza la idea de que la fuerza estatal es un instrumento necesario, pero su aplicación debe ser siempre medida, justificada y sujeta a escrutinio, asegurando que el monopolio de la fuerza se ejerza con responsabilidad y en estricto apego a la Constitución y los derechos humanos.

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