Intervención en San Marcos: ¿Un Desalojo Violento?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), un baluarte del saber y la autonomía universitaria, se convirtió el pasado sábado 21 de diciembre en el epicentro de una operación policial que ha generado un profundo debate y preocupación en todo el país. Lo que comenzó como un desalojo de manifestantes, escaló rápidamente a una intervención que dejó un saldo de casi dos centenares de detenidos y serias denuncias de uso desproporcionado de la fuerza y vulneración de derechos humanos. Este artículo busca desentrañar los motivos detrás de esta acción, la forma en que se llevó a cabo y las repercusiones que aún resuenan en la sociedad peruana.

El Amanecer de la Intervención: Un Ingreso Inesperado

Eran las 9:30 de la mañana del sábado 21 de diciembre cuando la calma matutina de la Ciudad Universitaria de San Marcos se vio abruptamente interrumpida. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) irrumpieron en el campus con una tanqueta, la TE-10415, y un despliegue de fuerza considerable. El objetivo, según las primeras versiones, era desalojar a los manifestantes que se habían congregado en el lugar, muchos de ellos llegados de diversas provincias del país para participar en las protestas sociales.

Los testimonios de los presentes pintan un cuadro desolador de la situación. Luis, un estudiante que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, relata cómo la policía comenzó a lanzar gas lacrimógeno, incluso desde un helicóptero. “Los policías empezaron a capturar a la gente como si fuéramos delincuentes. A mí sí me golpearon el pie al momento de tirarme al piso, todavía sigue verde”, cuenta. La mayoría de los afectados se encontraban cerca de las puertas, donde también se almacenaban las donaciones de alimentos. Allí, fueron reducidos, obligados a ponerse boca abajo y con las manos en la espalda. “Manos arriba, arrodíllense”, fue la orden que escucharon, mientras sus compañeros lloraban y eran golpeados, según el relato de Wilber, un manifestante de 51 años llegado desde Ilave.

La Batalla de las Versiones: ¿Quién Solicitó la Intervención?

Uno de los puntos más controvertidos de este suceso es la justificación detrás del ingreso policial. Inicialmente, las autoridades del Gobierno de Dina Boluarte arguyeron que la policía había incursionado en el claustro universitario a solicitud de la rectoría para desalojar a “usurpadores” e incluso para “capturar terroristas”. Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, quien afirmó que solo se había solicitado liberar las puertas del campus, mas no la intervención directa de la PNP en el interior de las instalaciones.

La contradicción entre las declaraciones generó aún más confusión y alimentó las sospechas sobre la legitimidad y la necesidad de una operación de tal magnitud. La falta de claridad en los motivos oficiales contrasta fuertemente con la brutalidad reportada por quienes vivieron la intervención en primera persona.

El Uso Desproporcionado de la Fuerza: Testimonios de Agresión

Más allá de las razones, la forma en que se llevó a cabo la intervención es lo que ha generado mayor indignación. Los relatos de los manifestantes y estudiantes son consistentes: la PNP actuó con una violencia que muchos califican de desproporcionada. “No dijeron nada, solo entraron a la residencia, lanzaron las puertas y comenzaron a disparar”, señaló Judith, una residente universitaria que también solicitó el anonimato.

Las agresiones fueron múltiples y variadas. Personas que desayunaban fueron reducidas sin oportunidad de defensa. Manifestantes de Ayacucho, según Luis, fueron golpeados “más fuerte”, con puñetazos, tanto hombres como mujeres. Un policía, al encontrar una botella de vinagre en la mochila de un manifestante, se la tiró en la cara. Fermín, de Arequipa, relató cómo fue reducido con una patada en la espalda y presenció cómo sus compañeros eran golpeados con varas en la cabeza y otras partes del cuerpo.

La incursión no se limitó a las áreas comunes; los efectivos policiales se dirigieron a la vivienda universitaria, donde residen los estudiantes. A pesar de que los residentes no eran “usurpadores”, los agentes capturaron a todos los alumnos que se encontraban en sus cuartos, rompiendo a patadas las puertas. “Nos han golpeado con su vara, nos han tirado al suelo, nos han amenazado horrible”, cuenta Judith. Melissa, otra residente, confirmó que, pese a identificarse como estudiantes, los policías hicieron pedazos las puertas de entrada y de los baños, dejando a una compañera con la pierna “bien rojita” y en llanto por el dolor.

El Calvario de los Detenidos: Abusos en Custodia

Los 192 detenidos, incluyendo una madre con su hija menor de edad, personas mayores con enfermedades graves y hasta periodistas identificados, fueron trasladados a las sedes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Lo que siguió fue un período de angustia y más agresión.

• Prohibición a Abogados: La policía impidió el ingreso de los abogados, demorando las diligencias y dificultando la defensa de los detenidos. La abogada Marisol Fernández denunció que su trabajo fue obstaculizado.
• Maltrato Físico y Psicológico: Un detenido relató cómo un policía le metió puñetes en el estómago por demorarse en quitarse un collar. Otro grupo fue llevado a un “calabozo oscuro” en el sótano de la Dirincri, un lugar con olor a orines y sin luz, donde permanecieron coaccionados por tres horas.
• Amenazas y Coacción: La policía los fotografiaba, filmaba y amenazaba con golpearlos. Les decían que los abogados, la Defensoría o los congresistas no podrían ayudarlos, tratándolos en todo momento como delincuentes.
• Humillaciones y Revisiones Íntimas: La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que se obligó a las detenidas a desnudarse y agacharse para buscar drogas en sus partes íntimas, un acto de profunda humillación.
• Coacción para Firmar Actas: Algunos detenidos denunciaron que la policía les exigió firmar actas de detención sin la presencia de sus abogados.
• Negación de Alimentos y Medicamentos: No recibieron comida hasta las 10 p.m. debido a la demora en las diligencias. Además, se negó la entrega de medicamentos urgentes a uno de los detenidos hasta que se informó de la “real gravedad de su estado de salud”, poniendo su vida al límite.

Incluso periodistas, como Paty Condori, que vestía chaleco de prensa e iba identificada, fueron detenidos violentamente, presenciando cómo la policía apuntaba con armas a la gente antes de su arresto.

El Clamor por los Derechos Humanos: La Reacción de las Instituciones

Ante la gravedad de los hechos, diversas instituciones alzaron su voz en defensa de los derechos humanos de los detenidos. La Defensoría del Pueblo, desde el primer momento, pidió que se resolviera de manera oportuna el hábeas corpus en favor de las personas detenidas, especialmente mujeres, adultos mayores y otras en situación de vulnerabilidad. Se mantuvieron atentos a las acciones legales y recorrieron las dependencias policiales (Dircote, Dirincri y Asuntos Sociales) para verificar la garantía de los derechos de los detenidos, entrevistándose con ellos, autoridades policiales y fiscales para indagar sobre su situación legal.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) interpusieron un hábeas corpus ante el Séptimo Juzgado Constitucional para la liberación de las casi 200 personas, buscando revertir lo que consideran detenciones arbitrarias y un abuso de autoridad.

El Ministerio Público, por su lado, confirmó la intervención de cerca de 200 personas por agentes de la Policía Nacional tras el desalojo, lo que dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre la Intervención en San Marcos

¿Por qué ingresó la policía a la Universidad San Marcos?

Oficialmente, el Gobierno indicó que fue para desalojar a “usurpadores” y “capturar terroristas”. Sin embargo, la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, desmintió esta versión, afirmando que solo había solicitado liberar las puertas del campus, no el ingreso de la PNP al interior de las instalaciones.

¿Cuántas personas fueron detenidas durante la intervención?

Según el Ministerio Público y los informes, aproximadamente 200 personas fueron intervenidas, con un número específico de 192 detenidos confirmados.

¿Hubo uso de la fuerza desproporcionado por parte de la policía?

Sí, numerosos testimonios de estudiantes y manifestantes, así como reportes de organizaciones de derechos humanos, denuncian un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo golpes, patadas, lanzamiento de gases lacrimógenos y la irrupción violenta en las residencias estudiantiles.

¿Se respetaron los derechos de los detenidos?

Las denuncias sugieren que no. Se reportaron casos de agresión física, coacción, negación de acceso a abogados, humillaciones (como revisiones íntimas forzadas), privación de alimentos y medicamentos, y detenciones en condiciones inhumanas (como calabozos oscuros).

¿Qué acciones tomaron las instituciones de derechos humanos?

La Defensoría del Pueblo solicitó la resolución oportuna de los hábeas corpus y monitoreó las dependencias policiales. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal interpusieron hábeas corpus para la liberación de los detenidos y denunciaron los abusos.

¿Qué tipo de personas fueron detenidas?

Entre los detenidos se encontraban estudiantes residentes, manifestantes llegados de provincias, una madre con su hija menor de edad, personas adultas mayores con enfermedades graves y periodistas identificados.

¿Se permitió la presencia de abogados durante las diligencias?

Inicialmente, se impidió el ingreso de abogados, lo que dificultó la defensa legal de los detenidos y la verificación de sus derechos.

Conclusión: Una Mancha en la Autonomía Universitaria

La intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha dejado una profunda cicatriz. Más allá de la discusión sobre la presencia de manifestantes, la forma en que se llevó a cabo la operación ha puesto en entredicho el respeto a la autonomía universitaria y, más grave aún, a los derechos fundamentales de las personas. Las denuncias de abusos, la falta de transparencia en los motivos y el trato denigrante a los detenidos exigen una investigación exhaustiva y transparente. La sociedad peruana, y en particular la comunidad universitaria, espera respuestas claras y justicia para garantizar que eventos como este no se repitan y que el respeto por la dignidad humana sea siempre la prioridad.

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