Controversia en la PNP: Jefe Zanabria en el Ojo de la Tormenta

La Policía Nacional del Perú (PNP), institución garante del orden y la seguridad ciudadana, se encuentra en el centro de una profunda polémica que ha puesto en tela de juicio su independencia y apego a la legalidad. Al frente de esta institución se halla el General PNP Víctor Zanabria, Comandante General, cuya gestión reciente ha sido objeto de severas críticas y escrutinio público, especialmente en lo referente a su papel en la disputa por la titularidad de la Fiscalía de la Nación.

Esta controversia no es menor, pues implica el reconocimiento de autoridades fuera de los cauces legales establecidos y el uso de recursos públicos para fines cuestionables. La situación ha generado preocupación en diversos sectores, planteando serias interrogantes sobre el respeto al estado de derecho y la separación de poderes en el Perú.

El General Víctor Zanabria: Al Frente de la PNP

El General PNP Víctor Zanabria Angulo asumió la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú en un momento de particular tensión política y social en el país. Su trayectoria en la institución ha sido extensa, ascendiendo por diversas divisiones y regiones policiales. Sin embargo, su actual gestión se ha visto empañada por una serie de decisiones controvertidas que, según diversos analistas y fuentes judiciales, podrían acarrearle graves consecuencias legales y éticas.

Una de las principales preocupaciones en torno a la figura del General Zanabria es el hecho de que él mismo es objeto de una investigación preparatoria. La fiscalía anticorrupción lo investiga por presuntos delitos de abuso de autoridad y peculado doloso, derivados de su gestión en la IX Macro Región Policial de Arequipa entre 2019 y 2020. Las acusaciones incluyen irregularidades en la asignación de obras a contratistas sin cumplir los requisitos legales, la realización de remodelaciones en instalaciones policiales por parte de agentes fuera de su horario laboral, y la simulación de un contrato de patrullaje a pie por un monto significativo, sin que se haya evidenciado la prestación efectiva de dicho servicio. Este historial añade una capa de complejidad y suspicacia a sus decisiones actuales, especialmente aquellas que parecen beneficiar a figuras también envueltas en investigaciones judiciales.

La Directiva Policial que Desató la Tormenta

El epicentro de la actual polémica reside en una directiva emitida por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, bajo la jefatura del General Zanabria. El documento, identificado como Nº 863-2025-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-SEC y fechado el 16 de junio último, impartió instrucciones claras y directas a todas las dependencias policiales a nivel nacional. La orden principal: reconocer y prestar protección a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación de facto.

Este documento interno de la PNP no solo disponía el reconocimiento de Benavides, sino que también instruía a la Dirección de Servicios Especiales (DIRSEEST PNP) a brindar un servicio de seguridad y resguardo policial con carácter de “MUY URGENTE” a la Dra. Liz Patricia Benavides Vargas, justificando esta medida en la “normatividad legal vigente” y los “riesgos a que se enfrenta como consecuencia de las denuncias y otras actuaciones propias de su cargo como Fiscal de la Nación”. La directiva se basaba en la Resolución Nº 231-2025-JNJ del 12 de junio de 2025, y en una Disposición de Comando previa del 14 de junio, que ya había dispuesto la protección a Benavides. Es decir, desde antes de la directiva formal, la PNP ya estaba actuando en esa dirección.

El Contradictorio Comunicado de la PNP

Tras la divulgación de esta directiva interna por parte de diversos medios de comunicación, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado oficial que, lejos de aclarar la situación, añadió más confusión y contradicciones. En un intento por desmarcarse de la polémica, el comunicado afirmó que la PNP “no ha reconocido a persona alguna como Fiscal de la Nación, ya que ello no se encuentra dentro de su marco de competencia ni funciones”.

Sin embargo, en un giro paradójico, el mismo comunicado continuó diciendo que la PNP “recibió un requerimiento acompañado de la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia que restituye con efecto inmediato a la señora Patricia Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación”. Y, lo más revelador, precisó que “en atención a dicha solicitud, se le asignó el servicio de seguridad correspondiente”, es decir, como Fiscal de la Nación. Esta secuencia de afirmaciones resulta profundamente contradictoria: por un lado, la PNP niega competencia para reconocer a un Fiscal de la Nación, pero por otro, admite haber asignado seguridad a Patricia Benavides en esa calidad, actuando como si la hubiera reconocido.

La postura del comunicado sugiere, implícitamente, que la PNP podría estar desconociendo a la actual Fiscal de la Nación legítima, Delia Espinoza Valenzuela, o que reconoce la existencia de dos Fiscales de la Nación simultáneamente, una situación que no tiene cabida dentro del marco legal peruano y que, además, excede flagrantemente las atribuciones de la institución policial. La ambigüedad y el doble discurso del comunicado agravaron aún más la percepción de una actuación irregular por parte de la cúpula policial.

La Versión de Patricia Benavides y su Impacto

El punto de partida de la directiva policial fue un oficio remitido por Patricia Benavides Vargas a la Comandancia General de la PNP el 15 de junio de 2025. En dicho oficio, Benavides ponía en conocimiento que, mediante la Resolución 231-2025-JNJ, había sido restituida en el cargo de Fiscal de la Nación. Sorprendentemente, para la policía, la palabra de Patricia Benavides, acompañada de un documento cuya autenticidad y validez legal no parecen haber sido verificadas a cabalidad, fue suficiente para activar una respuesta institucional de esta magnitud.

El comunicado de la PNP no especifica qué institución les informó de la resolución favorable a Benavides, ni si se verificó la autenticidad física y legal del documento. En el Perú, la asunción de cualquier cargo público no depende de una simple opinión o un oficio, sino de procedimientos legales, resoluciones oficiales, juramentos y una base legal sólida que no parecen haberse cumplido en este caso. La policía pasó por alto que la mencionada Resolución 231-2025-JNJ ha sido fuertemente cuestionada por la Junta de Fiscales Supremos y por la actual Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) misma no había entregado la información requerida por las autoridades para dar cumplimiento a ese acuerdo, como el acta o la resolución que anula la destitución de Benavides con la firma de todos los consejeros.

El Cuestionamiento Legal y la Posición de la Junta de Fiscales Supremos

La legalidad de la restitución de Patricia Benavides es el nudo central de este conflicto. La Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano jerárquico del Ministerio Público, ha sido enfática en respaldar a Delia Espinoza como la Fiscal de la Nación legítima. Argumentan que, luego de la destitución de Benavides en mayo de 2024, se procedió a elegir y nombrar a una nueva Fiscal de la Nación, por lo que el mandato de la anterior fiscal ya feneció de acuerdo con la legalidad vigente. Todo esto fue ignorado por el actual comandante general de la Policía Nacional al emitir la directiva Nº 863-2025-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-SEC, que en la práctica buscaba reconocer a Benavides como la única Fiscal de la Nación.

La actuación de la PNP en este contexto levanta serias dudas sobre su independencia institucional. Al parecer, la decisión de reconocer a una autoridad de facto y brindar protección con recursos públicos a una persona cuya legitimidad es objeto de una disputa legal y constitucional, podría implicar que el general Zanabria esté incurriendo en nuevos delitos. El uso de recursos del Estado para estos fines, sin una base legal sólida y un procedimiento de juramentación o asunción de cargo debidamente establecidos, podría configurar un uso indebido de fondos públicos y abuso de autoridad, sumándose a las investigaciones que ya pesan sobre él.

Tabla Comparativa: Posturas sobre la Fiscalía de la Nación

Implicaciones de un Posible Delito Flagrante

La tensión ha escalado a tal punto que, según fuentes policiales, se ha evaluado la posibilidad de detener a la Fiscal de la Nación legítima, Delia Espinoza, por un supuesto “delito flagrante”. Sin embargo, esta acción se enfrenta a enormes obstáculos legales y operativos. Para que una detención de esta naturaleza proceda contra una fiscal suprema titular, sería necesario el respaldo de un fiscal competente que ordene la medida, y un juez supremo de investigación preparatoria que la legalice. Hasta el momento, no se ha encontrado un fiscal que respalde tal acción, en parte porque la fiscal de facto, Patricia Benavides, siendo parte interesada, no litiga directamente ante las instancias judiciales, delegando estas actividades en otros fiscales supremos o adjuntos.

Adicionalmente, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, quien tendría que legalizar una eventual detención, también tiene un historial de "eterna investigación" en la fiscalía, lo que podría generar conflictos de interés y presiones. Si bien Checkley ha negado rumores de negociaciones previas con la entonces Fiscal de la Nación Patricia Benavides para archivar un caso de su hermana, la reactivación de estas especulaciones o nuevos cuestionamientos podrían obligarlo a apartarse del caso, retrasando aún más cualquier acción.

Una detención de flagrancia contra Delia Espinoza, de no contar con el respaldo legal sólido, no podría durar más de 24 o 48 horas, lo que resultaría en su pronta liberación y expondría a los policías actuantes a cometer diversos delitos por detención arbitraria. Además, la Junta de Fiscales Supremos no reconoce a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, lo que dejaría su cargo en un limbo de legalidad. En el mejor de los escenarios para Benavides, ella tiene hasta el 1 de julio de 2025 para reclamar la Fiscalía de la Nación; después de esa fecha, el Ministerio Público deberá elegir a un nuevo Fiscal de la Nación, cerrando cualquier ventana para su retorno.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis en el Ministerio Público y la PNP

¿Quién es el actual jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP)?

El actual jefe de la Policía Nacional del Perú es el General PNP Víctor Zanabria Angulo, quien ocupa el cargo de Comandante General de la institución.

¿Por qué la actuación del General Zanabria es polémica?

Su actuación es polémica por haber emitido una directiva que ordenaba reconocer y dar protección a Patricia Benavides como “Fiscal de la Nación de facto”, a pesar de que la legitimidad de Benavides en dicho cargo es cuestionada y la Junta de Fiscales Supremos reconoce a Delia Espinoza como la Fiscal de la Nación legítima. Además, el General Zanabria está siendo investigado por presuntos delitos de abuso de autoridad y peculado doloso en una gestión anterior.

¿Quién es la Fiscal de la Nación legítima en Perú?

La Fiscal de la Nación legítima y reconocida por la Junta de Fiscales Supremos es Delia Espinoza Valenzuela, quien fue elegida y nombrada tras la destitución de Patricia Benavides.

¿Cuál es el rol de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en este caso?

La Junta Nacional de Justicia es el organismo que emitió la Resolución 231-2025-JNJ, la cual Patricia Benavides usó para argumentar su restitución. Sin embargo, la validez y el cumplimiento de esta resolución han sido cuestionados y la JNJ aún no ha entregado la documentación completa que sustente la anulación de la destitución de Benavides.

¿Qué implicaciones tiene esta situación para la seguridad jurídica del país?

Esta situación genera una grave incertidumbre en la seguridad jurídica del país, ya que una institución clave como la PNP parece reconocer a una autoridad fuera de los cauces legales establecidos, lo que podría sentar un precedente peligroso para el respeto al estado de derecho y la institucionalidad democrática.

¿Qué significa que Patricia Benavides sea “Fiscal de la Nación de facto”?

Significa que, aunque no cuenta con la legitimidad legal ni el reconocimiento de todas las instancias correspondientes (como la Junta de Fiscales Supremos) para ocupar el cargo de manera oficial, ejerce o se le permite ejercer algunas funciones o prerrogativas como si lo fuera, en este caso, recibiendo protección policial como tal.

La crisis en la Policía Nacional del Perú, encabezada por el General Víctor Zanabria, pone de manifiesto una profunda fractura en la institucionalidad peruana. La decisión de reconocer a una autoridad de facto, en medio de una compleja disputa legal y con un historial de investigaciones por corrupción sobre el propio Comandante General, socava la confianza pública en la PNP y en el sistema de justicia. La resolución de esta controversia es crucial para la estabilidad del país y para reafirmar el principio de que ninguna institución, por poderosa que sea, puede operar al margen de la ley y los procedimientos establecidos.

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