Protestas Policiales y Ciudadanas: Un Análisis

El escenario sociopolítico actual en España y México ha sido testigo de un aumento significativo en las movilizaciones ciudadanas y sectoriales, poniendo de manifiesto tensiones latentes entre la población, los cuerpos de seguridad y las administraciones gubernamentales. Recientemente, dos eventos destacables han captado la atención pública: una masiva manifestación de agentes de policía y guardia civil en Madrid, exigiendo mejoras salariales y de jubilación, y un polémico incidente en Querétaro, México, donde una protesta pacífica por el agua fue disuelta con uso de la fuerza por parte de la policía estatal. Ambos sucesos, aunque dispares en su contexto geográfico y reivindicaciones, comparten un hilo conductor: la interacción crítica entre la autoridad y el derecho a la protesta, y la percepción de justicia o injusticia por parte de los afectados.

La Voz de la Policía: Justicia Salarial y Jubilación Digna en España

La capital española fue el epicentro de una importante movilización el pasado sábado, convocada por Justicia Salarial Policial (Jusapol), una plataforma nacida en 2017 que agrupa al sindicato Justicia Policial (Jupol) y a la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), ambas mayoritarias en sus respectivos cuerpos. A esta convocatoria se unió también la sección de funcionarios de prisiones de CSIF, ampliando el espectro de la protesta.

El propósito central de la manifestación fue claro y conciso: reclamar mejoras en el sueldo y la jubilación de los agentes. En el corazón de sus demandas se encuentra la exigencia de una "equiparación real" con otros cuerpos policiales autonómicos, como los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Esta equiparación va más allá del salario base, abarcando también las condiciones de jubilación, ya que los agentes critican pasar más tarde a retiro y, además, con pensiones más bajas en comparación con sus homólogos autonómicos.

La movilización, que inició su recorrido en la Puerta de Alcalá para culminar frente al Congreso de los Diputados, no estuvo exenta de críticas hacia el actual Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, lo que marcó un precedente fue el distanciamiento de los dos principales partidos de la derecha, PP y Vox, que por primera vez no ofrecieron su apoyo presencial a la protesta. Solo Ciudadanos, con el diputado Miguel Gutiérrez, hizo acto de presencia de manera testimonial.

Este alejamiento del PP generó reproches directos por parte de los manifestantes, plasmados en pancartas que rezaban: “Equiparación real ya. Feijóo no hagas un Zoido”. Esta alusión recordaba al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, la política aplicada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior, ante las reclamaciones salariales de los agentes. Dicha política culminó en un acuerdo en 2018 que Jusapol y sus organizaciones derivadas han rechazado desde entonces por considerarlo insuficiente. Las fuentes del PP justificaron su ausencia aduciendo que no querían que su presencia se malinterpretase en plena precampaña electoral del 28 de mayo.

En cuanto a la participación, las cifras ofrecieron un contraste significativo. Mientras las organizaciones convocantes la cifraron en 80.000 asistentes, la Delegación del Gobierno la rebajó a 7.500. A pesar de esta disparidad, ambas estimaciones superaron las de la protesta de marzo, aunque quedaron lejos de los datos de noviembre de 2021, que alcanzaron cifras mucho más elevadas.

El Debate de la Equiparación: Cifras y Realidades

La demanda de equiparación salarial no es nueva, y el acuerdo de 2018 sigue siendo un punto de fricción. Las organizaciones policiales insisten en que los sueldos de los agentes aún están lejos de los de los mossos. Sin embargo, fuentes del Gobierno defienden que la aplicación de dicho acuerdo, realizada en tres tramos, ha supuesto el “mayor incremento salarial” en la historia para los agentes, con una subida total del 33,3%. Como ejemplo, señalan que “un policía recién incorporado gana 743 euros brutos más al mes que uno que lo hizo antes del acuerdo”. Esta diferencia de percepción entre lo que se ha logrado y lo que se considera justo o “realmente” equiparado, subraya la complejidad de las negociaciones y la persistente insatisfacción de una parte significativa del colectivo.

A continuación, una tabla comparativa de las cifras de asistencia a las manifestaciones de Jusapol:

Una Protesta por el Agua, Una Respuesta Policial Cuestionada en Querétaro

Cruzando el Atlántico, en México, un incidente en el estado de Querétaro puso de manifiesto otra faceta de la interacción entre la ciudadanía y la fuerza pública. El pasado viernes, integrantes de la Red por la Defensa del Agua y la Vida, conformada por comunidades indígenas (como Santiago Mexquititlán y San Francisquito), activistas y organizaciones, se manifestaban pacíficamente en las inmediaciones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) de Querétaro.

La motivación de esta protesta era la reciente aprobación de una Ley de Aguas que, según los activistas, privatiza este recurso vital en la entidad. Su objetivo era entablar mesas de diálogo con el gobierno estatal, una acción que formaba parte de una jornada de movilizaciones anunciada con antelación.

La protesta, que congregó a alrededor de un centenar de personas, transcurría de forma pacífica hasta que los manifestantes decidieron bloquear un tramo de la carretera federal No. 57. Fue en ese momento cuando, cerca de la 1 de la tarde, aproximadamente cien elementos de la policía estatal arribaron al lugar con escudos antimotines y toletes, con la clara intención de disolver la manifestación. La presencia policial generó una inmediata tensión, y los manifestantes denunciaron represión.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a los policías arrastrando y golpeando a algunos manifestantes, realizando detenciones en plena carretera. El saldo de esta intervención fue la detención de tres activistas: Pawo Wróbel, Roberto Garrido y José Armando Isidro Eduardo. Tras varias horas, y gracias a la presión social, los detenidos fueron puestos en libertad.

Querétaro: Entre la Ley y la Criminalización de la Protesta

La versión oficial, emitida por la secretaria de gobierno de Querétaro, Guadalupe Murgía, sostuvo que se siguió un protocolo, sin uso excesivo de la fuerza, y que la intervención policial buscó liberar la vía para permitir que la manifestación continuara sin bloquear el tráfico. Sin embargo, esta versión contrasta drásticamente con el relato de las organizaciones y los propios activistas.

La asesora legal de los detenidos, Edith Andrade, denunció que las detenciones fueron irregulares y arbitrarias, con uso excesivo de la fuerza y sin resguardar la seguridad de los arrestados. Un ejemplo citado fue la detención de Francisco Garrido, a quien los videos muestran siendo arrastrado, arrojado a la cajuela de una patrulla y, posteriormente, la unidad avanzando sin cerrar la puerta, poniendo en riesgo su integridad. Además, se denunció que los detenidos estuvieron incomunicados durante las primeras horas, una violación clara a sus derechos procesales.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro había sido solicitada con antelación por las organizaciones, temiendo precisamente la represión. Aunque su titular, Javier Rascado Pérez, confirmó la presencia del organismo, activistas acusaron que los funcionarios no estuvieron presentes en el momento de las detenciones. No obstante, se confirmaron quejas formales por las detenciones de los tres activistas.

Estos hechos se enmarcan en un patrón más amplio de criminalización de la protesta social en Querétaro. La abogada Edith Andrade recordó incidentes previos, como la represión y detenciones irregulares en Santiago Mexquititlán por denuncias de robo de agua en 2021, o la apertura de carpetas de investigación contra mujeres que participaron en la marcha feminista del 8 de marzo. Aunque algunos de estos sucesos ocurrieron bajo la administración anterior, el actual gobernador, Mauricio Kuri González, ha sido acusado de prolongar esta política. Las declaraciones del gobernador previas a la aprobación de la ley, tendiendo a criminalizar las protestas, son vistas como una materialización de sus amenazas.

La narrativa oficial intentó deslegitimar la protesta, argumentando que algunos de los integrantes provenían de otros estados y tenían “filias partidistas”. Sin embargo, se aclaró que los detenidos no militaban en partidos y que la presencia de personas de otras entidades se debe a redes organizativas de solidaridad con comunidades indígenas, como el CNI y el Congreso Nacional Indígena.

El Papel de los Partidos Políticos y las Autoridades

En el caso español, el distanciamiento de PP y Vox de la manifestación de Jusapol es un giro notable. Históricamente, estos partidos habían apoyado activamente las reivindicaciones de los cuerpos de seguridad. La justificación de la precampaña electoral sugiere una cautela política, quizás para evitar la imagen de estar “politizando” una demanda profesional o para no ser vinculados con los reproches directos a su propio partido en el pasado. Este cambio de postura deja a Jusapol con un menor respaldo político visible, en un momento crucial para sus demandas.

En Querétaro, la situación es diferente. La respuesta policial contó con el visto bueno del gobernador del estado, y la secretaria de gobierno defendió la intervención. La abogada Andrade y activistas denuncian un uso selectivo del aparato estatal para reprimir disidencias, señalando la falta de voluntad política para esclarecer otros casos graves como personas desaparecidas o la violencia en el estadio Corregidora, donde no hubo la misma intervención policial. Esta disparidad en la aplicación de la fuerza o la inacción sugiere que los intereses políticos y económicos pueden influir en cómo se gestionan las protestas y la seguridad ciudadana.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

• ¿Quiénes son Jusapol, Jupol y Jucil?
  Jusapol es una plataforma nacida en 2017 que lucha por la equiparación salarial y de condiciones laborales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Jupol (Justicia Policial) es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, y Jucil (Justicia Guardia Civil) es la asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil. Ambos surgieron de Jusapol.

• ¿Qué significa la “equiparación real” que exige Jusapol?
  Significa que los sueldos y las condiciones de jubilación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil sean iguales a las de los cuerpos policiales autonómicos, como los Mossos d'Esquadra, que actualmente tienen mejores condiciones.

• ¿Por qué el PP y Vox no asistieron a la última manifestación de Jusapol?
  Fuentes del PP justificaron su ausencia para evitar que se malinterpretara su presencia al coincidir la manifestación con la precampaña electoral del 28 de mayo. Anteriormente, sí habían participado en otras movilizaciones de Jusapol.

• ¿Qué es la Ley de Aguas de Querétaro y por qué genera controversia?
  Es una ley aprobada en el estado de Querétaro, México, que los activistas y comunidades acusan de privatizar el recurso hídrico. Genera controversia porque temen que afecte el acceso al agua para la población y beneficie intereses privados.

• ¿Se respetaron los derechos de los manifestantes detenidos en Querétaro?
  Según los activistas y la abogada de los detenidos, no. Denunciaron detenciones irregulares, uso excesivo de la fuerza y que los detenidos estuvieron incomunicados, lo que constituiría una violación de sus derechos procesales y a la protesta.

• ¿Qué es la criminalización de la protesta social?
  Es una estrategia mediante la cual las autoridades o poderes fácticos buscan deslegitimar, perseguir o castigar a personas o grupos que ejercen su derecho a la protesta, a menudo mediante acusaciones infundadas, uso excesivo de la fuerza o procesos judiciales arbitrarios, con el fin de disuadir futuras movilizaciones.

Conclusiones: Un Panorama Complejo

Los recientes acontecimientos en Madrid y Querétaro ilustran la complejidad de la relación entre el Estado, sus cuerpos de seguridad y la ciudadanía. En España, las fuerzas policiales, garantes del orden, también se erigen como actores que demandan justicia para sí mismos, evidenciando que las reivindicaciones laborales y salariales son un motor potente de movilización, incluso dentro de estructuras tan jerárquicas. La respuesta de los partidos políticos a estas demandas refleja una calculada danza electoral, donde el apoyo o la distancia pueden tener implicaciones significativas.

En México, la situación en Querétaro pone el foco en la delgada línea entre el mantenimiento del orden y la represión de la disidencia. La defensa de recursos vitales como el agua es una causa que moviliza a comunidades enteras, y la respuesta de las autoridades ante estas protestas es un termómetro de la salud democrática. Las acusaciones de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y criminalización de la protesta son graves y requieren una investigación exhaustiva y transparente. Ambos casos, a su manera, son un recordatorio constante de la necesidad de un diálogo constructivo, el respeto a los derechos fundamentales y la búsqueda de soluciones justas que fortalezcan el tejido social y la confianza en las instituciones.

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